TRIBUNA ABIERTA // OPINIÓN. ¿Qué se define en una paritaria docente?

Resulta llamativo, y hasta en cierto punto vulgarmente recurrente. Todos los años el tema de las posiciones encontradas que se enfrentan con la misma saña con la que se encuentran los enemigos en el campo de batalla, cuando representantes del Gobierno y los docentes confrontan puntos de vista diferentes en la fijación de un piso salarial. Más vulgar aún resulta la insensatez y liviandad con la que las voces de diferentes sectores de la sociedad, en especial la prensa que simpatiza con el oficialismo de turno, se refieren hacia quienes ejercemos esta digna profesión.

Ahora bien, cuando se trata de fijar un piso salarial para los docentes, ¿de qué estamos hablando puntualmente? ¿Es que nos referimos al ausentismo docente en las escuelas? ¿Estamos hablando de una vulneración de los derechos del niño? ¿O acaso hablamos de calidad educativa? ¿Tal vez hablamos de dirigentes gremiales ñoquis? ¿o hablamos más bien de promesas incumplidas por parte del gobierno años anteriores? y si hablamos de gobiernos nacionales o provinciales: ¿nos referimos a la gestión actual o las anteriores gestiones?.

Obviamente para quienes tienen experiencia en la morbosa práctica de colonizar el pensamiento de los menos cautos, resulta extremadamente fácil embarrar la cancha sembrando dudas o poniendo en el foco de la discusión cuestiones que para nada se identifican con lo esencial del conflicto docente, con la única intención de provocar el enojo social contra los trabajadores de la educación que estamos reclamando lo que todo trabajador en relación de dependencia tiene derecho a reclamar cuando pretende que su empleador llame a apertura de paritarias.

Reclamamos puntualmente la fijación de un piso salarial que se equipare a los niveles inflacionarios que la políticas del actual gobierno han provocado en sus pretensiones de achicar el gasto público, políticas que sin duda alguna impactaron de manera negativa en el salario de los trabajadores llevando a una pérdida del poder adquisitivo que supera el 45 % en comparación con marzo del 2016.

Reclamamos una recomposición salarial del poder adquisitivo que ya perdió nuestro salario docente durante el ciclo 2016, pues si la memoria no me falla, en marzo de 2016 se acordó una recomposición salarial que preveía la reapertura de paritarias en el segundo semestre si la misma era superada por la inflación.

Llegó septiembre, octubre y los aumentos en servicios de luz, agua, electricidad y combustibles -que a su vez impactaron en la canasta alimentaria- habían alcanzado el 45 % de incremento. Los gremios docentes recordaron al Gobierno que se debían reabrir paritarias, según lo acordado en marzo del mismo año, pero esto nunca pasó.

Entonces ¿cómo se pretende que los educadores acepten un ofrecimiento del 10 % con la esperanza de abrir paritarias nuevamente en el camino si ya hemos sido engañados?

Se escucha con frecuencia en los entornos del gobierno nacional y provincial la trillada frase que versa “reconocemos que los docentes deberían ganar más, pero no podemos pagarles más…”. Y por otra parte se recurre a aprietes y amenazas de que se descontarán días de huelga, con la falaz excusa de que se está velando por los derechos del niño, pretendiendo el mayor de los respetos a la Convención sobre los Derechos del Niño, a la Constitución Nacional, Provincial, y a todo el marco legal en que se respaldan dichos derechos. Pero al mismo tiempo se desconocen los derechos de los trabajadores de la Educación que estamos siendo violentados y prácticamente obligados a aceptar un aumento irrisorio que se traduce en la suma de 400 pesos en 30 horas cátedras. Si, 400 pesos que no alcanzan siquiera para cubrir el incremento en una boleta de luz con referencia a febrero de 2016.
Ahora bien el Gobierno parece haberse parado en la firme postura de no negociar y por decreto fijó el aumento antes mencionado. Esta decisión unívoca y autoritaria lleva implícita la carga de una elección que se repite en todos los gobiernos de turno: la de relegar la Educación Pública (y junto a ella, la salud y la seguridad) al último eslabón de la escala salarial estatal, lo que refleja el lugar que ésta ocupa en las prioridades de quienes nos gobiernan.

Que la persona que tiene que educar a los futuros ciudadanos perciba un haber que está por debajo de la línea de pobreza tiene una implicancia simbólica que pone en evidencia la mezquindad y la precariedad del país al que aspiran nuestros gobernantes. La precariedad laboral, las condiciones de pobreza y carencia extrema con las que debemos llevar adelante la tarea educativa dan cuenta de que lo que en realidad se pretende para la Republica Argentina es una Educación gratuita pobre en contenidos, pobre en valores, pobre en patriotismo, pobre en recursos humanos y sobre todo pobre en recursos materiales porque se ha entendido que la Educación Pública es una educación para pobres, la cual no tiene razón de ser en una sociedad notablemente desigual que limita las posibilidades de alcanzar metas en la vida al ámbito de lo privado.

En estas circunstancias el principal responsable en la vulneración de los derechos del niño es el Estado que no fue capaz de llevar adelante una propuesta salarial superadora de las desigualdades, y es al Estado a quien además debe imputársele la terrible responsabilidad en la vulneración de los derechos de los trabajadores de la educación.

Una educación de calidad tiene como punto de partida un salario docente digno, acorde a la función y la responsabilidad asignada, que permita al trabajador de la educación dedicarse de tiempo completo a su labor, capacitación gratuita, permanente y sobre todo seria en lo disciplinar específico y en lo pedagógico, real acompañamiento de un equipo técnico interdisciplinario integrado por profesionales que concursen para dichos cargos.

Pero bajemos un poco las expectativas: una mejora en la calidad de la Educación Pública en la Argentina tiene como punto de partida un pizarrón en condiciones, una tiza (algo obsoleto) provista por el Estado, baños limpios, agua corriente, y un niño con el estómago lleno, contenido afectivamente desde el hogar y, para el caso en que la contención doméstica esté ausente, un niño que sea acompañado y contenido por profesionales de la Salud provistos por el mismo Estado (en lo posible bien pagados) y cuidado por miembros de seguridad profesionales (y si se puede bien pagados).

Para concluir: el conflicto de una paritaria docente tiene una cuestión de fondo que va más allá del salario digno. Pone en evidencia la deuda que el Estado Argentino tiene con la sociedad, la calidad educativa es un término que aporta voto popular a los partidos políticos, mas no es una prioridad en las políticas de Estado. Estoy convencido de que debo hacer paro porque no hay una real instancia de diálogo desde el momento mismo en que se puso un techo a la paritaria docente. Elijo hacer paro porque estoy convencido de que alguien que percibe un haber que está por arriba de los 147.000 pesos no tiene autoridad moral para obligarme a aceptar un aumento que se traduce en la suma de 400 pesos, elijo hacer paro porque es mi derecho como trabajador que se encuentra en situación precaria. Elijo hacer paro y con ello no elijo perjudicar a mis alumnos pues a ellos me he consagrado desde el momento mismo en el que elegí tomar un cargo que me exige levantarme a las 3 de la mañana para viajar 5 horas hasta la comunidad rural en la que presto servicios y luego de dar clases viajar nuevamente 5 horas de regreso al hogar dos días a la semana, y a ellos me doy en cada clase que preparo y en cada examen que corrijo.