Brasil. Qué se puede esperar de los actos convocados por Bolsonaro

Sus amenazas a las libertades democráticas y los derechos de la clase trabajadora y los pobres son reprobables. Su retórica golpista, a pesar de las apariencias, apunta principalmente a degradar las condiciones de vida de decenas de millones de trabajadores.

Los lugares clave serán la capital, Brasilia, y San Pablo, ciudades desde las que se medirá el éxito o fracaso de la convocatoria, a la luz de los eventos nacionales. La jornada forma parte de un largo ciclo de enfrentamientos entre fracciones de la burguesía y sus representaciones en las instituciones estatales. Un conflicto entre la derecha (respaldada por los gobernadores, la Supremo Tribunal y el Congreso) y la extrema derecha que, compartiendo los mismos intereses en aplicar duros ajustes contra los trabajadores y la población arruinada por la crisis que crearon los capitalistas, buscan imponer su propia forma de organizar los asuntos del régimen bonapartista en Brasil.

Las fisuras interburguesas e internacionales obstaculizan el "golpe"

En un primer momento, es necesario distinguir un movimiento que busca ser una demostración de fuerzas de extrema derecha, de un movimiento tiene en la mira “aplicar un golpe”. Estas son cuestiones diferentes. Las amenazas proto-fascistas de Bolsonaro, que alimentan la posibilidad de un golpe, son bien conocidas. Sin embargo, en no poca medida, la demostración de fuerza que pretende dar el Presidente revela un carácter reactivo. Bolsonaro se defiende reaccionando a las limitaciones dentro de las cuales, sus opositores dentro del régimen burgués, buscan circunscribirlo. Su situación institucional, económica, dentro de la clase dominante y ante los ojos del imperialismo, está lejos de ser simple. Es lo suficientemente contradictorio como para socavar cualquier tipo de aventura golpista, incluso con la posibilidad real de extrapolaciones por parte de su base reaccionaria (que incluye a la policía militar).

Es reactivo hacia el Poder Judicial. En agosto, el Supremo Tribunal Federal (STF) había aceptado, a través de uno de sus miembros Alexandre de Moraes, un informe delictivo enviado por el Tribunal Superior Electoral (presidido por el ministro Luís Roberto Barroso), que incluía a Bolsonaro en la investigación de “noticias falsas”. Posteriormente, Roberto Jefferson, estrecho aliado de Bolsonaro, fue detenido a instancias del propio Moraes; el mismo ministro que emitió una orden de arresto contra el bloguero bolsonarista Wellington Macedo. A raíz de la convocatoria del 7 de septiembre, que Bolsonaro considera un "ultimátum al STF", vimos a otros reconocidos bolsonaristas, Sérgio Reis y Otoni de Paula, ser objeto de órdenes de registro e incautación por parte de la Policía Federal, y ahora, en vísperas de este martes, la detención del otro bolsonarista Wellington Macedo de Souza. En nombre de sus propios intereses, el autoritarismo judicial intenta frenar a la nefasta extrema derecha que ha ayudado a alimentar desde la legitimación del golpe institucional de 2016 y las maniobras en las elecciones de 2018, derrocando a aliados gubernamentales menos conocidos pero importantes, que “rodean” a Bolsonaro.

Bolsonaro también reacciona a las dificultades que encuentra con el imperialismo estadounidense y la burguesía nacional. La antipatía política de Biden y el Partido Demócrata hacia Bolsonaro, el pilar del trumpismo como corriente política en América Latina, es pública. El acuerdo de Estados Unidos con las contrarreformas económicas del gobierno brasileño no se extiende al campo de la política, ya que el propio establishment imperial está dividido en Estados Unidos, y Trump sigue siendo el protagonista principal de la oposición. John Kerry está presionando constantemente al Gobierno de Brasil para que se adapte a sus planes ambientales. En julio, el jefe de la CIA, William Burns, realizó una primera visita "informal" para abordar las divergencias de Washington con la línea de Bolsonaro, además de presionarlo para que no se rindiera a la diplomacia china en el tema 5G. La “desinteligencia” llegó a tal punto que nada menos que Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Joe Biden, llegó a Brasil para disciplinar a Bolsonaro para no buscar repetir en Brasil el cuestionamiento de Trump al proceso y resultado electoral, alegando que Estados Unidos “tiene una gran confianza en la capacidad de las instituciones brasileñas para realizar elecciones libres y justas, con salvaguardas para prevenir el fraude”. Si bien el fracaso de Biden y Estados Unidos en Afganistán ha aliviado la peor parte de la amenaza, las disputas continúan y nada parece indicar que Washington apoyaría tal aventura.

La clase dominante brasileña, en cambio, se encuentra bastante dividida y la fricción dentro de sus sectores dificulta enormemente una “salida unificada” de la vergüenza política con los planes del gobierno. La Federación Brasileña de Bancos (Febraban) había anunciado en una carta su oposición a los atentados "bolsonaristas", una antipatía dentro del capital financiero que ya había aflorado en la "carta de los 500" banqueros encabezada por el Itaú (en ese momento, bancos como Bradesco, Safra, entre otros, se habían opuesto al Itaú). En el sector industrial, el jefe de la Federación de Industriales del Estado de San Pablo (FIESP), encabezado por Paulo Skaf, redactó una carta contra la política de Bolsonaro contra los demás poderes del Estado, cuya publicación fue pospuesta por el papel desempeñado por Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, mientras que la FIEMG (patronal de Minas Gerais) se posicionó junto al gobierno (la patronal industrial de Río de Janeiro, más cercana a Bolsonaro, no quiso tomar postura), pero pronto vio una carta con más de 200 firmas de miembros enfrentando a la declaración oficial de la Federación.

Estas divisiones llegan incluso al sector agrario, eminentemente aliado de Bolsonaro, como vimos en la carta de siete entidades del sector agroindustrial, con gran impacto exportador, además de declaraciones públicas de uno de sus grandes nombres, Blairo Maggi, desaprobando los choques buscados por Bolsonaro (aunque apoyan a la abrumadora mayoría de sus políticas contra los trabajadores rurales, indígenas, sin tierra y el medio ambiente).

Finalmente, la economía brasileña se encuentra en una situación difícil. El PIB retrocedió un 0,1% desde el segundo trimestre. El desempleo ya afecta al 14,4% de la población, más de 14 millones de personas, parte de un universo aún mayor que se enfrenta a precios altísimos del gas envasado para cocinar, el combustible y la inflación en los productos básicos de consumo. Las medidas ultraliberales y entreguistas de Paulo Guedes profundizan el rumbo de la decadencia de una economía atrasada y dependiente, que perdió su lugar entre las diez primeras del mundo. Las encuestas de opinión registran una creciente desaprobación del gobierno. No es casualidad que Bolsonaro tenga que apoyarse, para su convocatoria de este martes, principalmente en la base reaccionaria de la policía militar, sectores evangélicos y agroindustriales. La inclusión en la Casa Civil (jefatura de gabinete) de Ciro Nogueira, jefe del partido Progressistas (al que también pertenece el presidente de la cámara baja del Congreso, Artur Lira) y articulador del conglomerado del Centrão en la base del gobierno, es un mecanismo de defensa en el ámbito parlamentario, aunque poco fiable; También implica importantes concesiones de Bolsonaro, ya que los partidos del Centrão parlamentario viene oponiéndose al "extremismo" de la convocatoria para el martes 7.

Como decíamos, hay que distinguir un intento de demostrar fuerza en las calles, desde una posición defensiva, de aventuras golpistas. No hay correlación de fuerzas para que Bolsonaro aplique un “golpe”.. Podemos decir que esto iría en contra de sus propios planes de intentar reunir, mostrándose en la posición de víctima a través de la “injusticia sufrida”, un mayor volumen de apoyo de cara a las elecciones presidenciales. No está descartado que la base bolsonarista de extrema derecha tome medidas radicales fuera del equilibrio de fuerzas; esta es una posibilidad dada por el frenesí de la convocatoria derechista. Pero no responden a una planificación basada en factores reales de poder.

Los actos a favor y en contra de Bolsonaro serán una imagen distorsionada de los estados de ánimo políticos en el país

Dicho esto, la probabilidad de que los actos pro-Bolsonaro sean significativos es alta. La probable fuerza de las manifestaciones de apoyo al presidente se deriva de la concentración dedicada por Planalto en la convocatoria de los actos que, en São Paulo y Brasilia, contará con la presencia de Bolsonaro. El apoyo de los sectores rurales, el activismo de pastores evangélicos amigos del gobierno y la movilización de la policía militar generan más expectativas, aunque es necesario verificar en realidad en cuán masivamente se traducirá. Las acciones contundentes por parte del gobierno, aunque apenas sean suficientes para sacar a Bolsonaro de la complejidad de los problemas que enfrenta, pueden cambiar el grado de debilidad en el que se encuentra en la situación actual. Una supervivencia ayudaría al gobierno a negociar en otra posición con las demás instituciones del régimen político.

Por otro lado, las manifestaciones antigubernamentales de los últimos meses atestiguan el descontento popular que también puede manifestarse el día 7, contra Bolsonaro, su vicepresidente Mourão y sus ataques. Pero, cuando era más necesario llamar con toda la energía los actos de la izquierda, las direcciones del movimiento de masas simplemente “se toman unas vacaciones” y hacen llamados muy débiles. Frente a las amenazas bolsonaristas y al drama económico y social, el papel del PT (así como de las direcciones de las principales centrales sindicales la CUT y la CTB) es “pacificar el país” por el bien y la gracia de los legisladores. e instituciones judiciales. A Lula le interesa articular con la derecha burguesa (Sarney, Kassab, el expresidente Fernando Henrique Cardozo, y los caciques del Nordeste) su candidatura presidencial, y que la lucha de clases no se lo impida. No quieren pelear y hacen todo lo posible para detener la pelea.

Figuras como Marcelo Freixo (ex PSOL, actual PSB) aceptan el “discurso del miedo” y no piden que nadie salga a la calle. Como si derrotar a Bolsonaro cayera del cielo, mientras Freixo y compañía siguen su rutina parlamentaria reformista. Una vergüenza.

El PSOL y el PSTU “decidieron” que los salvadores del país deben ser el Congreso, el STF y los gobernadores; la CSP-Conlutas, dirigida por el PSTU, firmó una carta de las centrales sindicales pidiendo exactamente eso: que Fux, Lira y Doria se unan para tomar las riendas del país. Ya lo están tomando, aplicando ataques antiobreros y ultraliberales, o atacando a los indígenas con el reaccionario “Marco Temporal”. No es de extrañar, ya que el PSOL y el PSTU incluso defendieron públicamente la presencia de “opositores” al PSDB en los actos anti-Bolsonaro. Desde la izquierda, ni tanto. Los estalinistas de UP, que claman por la huelga general, siguieron hombro con hombro con Joyce Hasselman y Kim Kataguiri la política de "superimpeachment", y de la misma manera que el PSOL y el PSTU ni siquiera estaban sus sombras al lado de las luchas obreras que vimos en MRV, en Carris en Porto Alegre, en RedeTV en São Paulo, o en Sae Towers en Betim, o incluso con los indígenas en Brasilia (conflictos en los que el MRT y Esquerda Diário echaron sus fuerzas, ganando el reconocimiento de estos combatientes).

La probabilidad de pequeños actos por parte de la izquierda es principalmente una función de la política de estas direcciones y organizaciones, y no porque la oposición popular al gobierno haya disminuido o sea menor de lo que era antes. Veremos de manera distorsionada estos espectros de apoyo y oposición a Bolsonaro, sobre todo por la postura derrotista y traidora de las direcciones de masas que se autodenominan “opositores”.

Escenarios

Si Bolsonaro logra mostrar fuerza, le vendrá como un respiro político en la coyuntura, se sentirá más habilitado de presionar al STF para que retroceda en ciertas medidas que perjudican a sus aliados, y al Congreso para que vote sus políticas. Las extrapolaciones excesivas de la base bolsonarista tienden a entorpecer este objetivo, ya que serán vistas como provocaciones demasiado grandes para admitir, especialmente por el bonapartismo judicial, contra el cual 7 sería un "ultimátum".

Otro escenario es que el radicalismo reaccionario de los actos progubernamentales no se traduce en manifestaciones masivas, algo que socavaría las fuerzas gubernamentales y desmoralizaría su propia defensa. Un resultado de esta naturaleza revitalizaría la iniciativa del STF, el Congreso y los gobernadores, y podría dañar seriamente la posición del gobierno con el Centrão, que huye de lo que huele a debilidad. Sería el peor escenario para Bolsonaro.

Un tercer escenario sería la realización de actos lo suficientemente grandes para demostrar fuerza, pero insuficientemente fuertes para devolver la iniciativa a manos del gobierno. Es decir, una tendencia donde los actos empiezan una dinámica destituyente, pero al mismo tiempo no son lo suficientemente fuertes para revertir el debilitamiento estructural del gobierno, que se debe a factores económicos y sociales que los “golpes de efecto” no pueden revertir. Como es muy poco probable que las acciones sean débiles, es en este escenario en el que confían las instituciones bonapartistas anti-Bolsonaro para pensar los próximos pasos en la relación con el Ejecutivo.

Como dijimos en el último editorial de Esquerda Diario, la política de la izquierda revolucionaria es ayudar al surgimiento de la clase obrera como sujeto político independiente de cualquier variante burguesa; para que los trabajadores intervengan con su propio programa. Esto es completamente contrario a confiar en que quienes ya están “navegando el barco” sean los que “tomen el timón”: el STF, quienes dirigen el Congreso y los gobernadores, responsables de la crisis junto con Bolsonaro. El frente único defensivo de las organizaciones de la clase obrera, contra los capitalistas en su conjunto, es la base de un programa de acción para imponer a los capitalistas el pago de la crisis. Para derrotar a Bolsonaro, Mourão y los militares, y derribar sus ajustes económicos, privatizaciones, de hambre y desempleo, la única política independiente es defender la imposición, a través de la lucha, de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que acentúa los enfrentamientos de clases y ponga todos los problemas socioeconómicos estructurales sobre la mesa, permitiendo a los trabajadores impulsar su autoorganización para enfrentar a los capitalistas, lo que podría allanar el camino para la lucha por un gobierno obrero para romper con el capitalismo.