Nicolás del Caño presentó hace más de un año el proyecto de ley por el pase a planta permanente de todos los estatales, incluidos trabajadores de la salud y educación. Aún posee estado parlamentario y no fue tratado ni en el recinto ni en comisiones.
Melisa Vittoni Lic. en Psicología. Agrupación Marrón
Jueves 10 de octubre de 2019 13:14
El pasado miércoles 3 de octubre, los residentes que dependen de Nación coparon las calles tras 4 meses sin cobrar su sueldo. Son profesionales de distintas disciplinas (medicina, psicología, enfermería, trabajo social) que están en formación, bajo un régimen de "capacitación en servicio". Trabajan a veces más de 70 horas semanales incluyendo guardias. Lo que implica un sueldo de menos de $ 100 la hora, si lo reciben al valor actual.
La falta de pago de salario no es nueva. Sucede año tras año, pero con el nivel de devaluación e inflación que hay tras un año de ajuste del FMI, la situación no se aguanta.. Tampoco es exclusivo de los y las residentes. La salud pública se sostiene gracias a la precariedad de miles de trabajadores y trabajadoras, en su mayoría mujeres, sostenes de hogar.
Bajo un régimen similar trabajan los concurrentes, pero a ellos no les pagan por definición. Son ad honorem y tienen contrato de alrededor de 20 horas semanales por 5 años. Año a año tan sólo para cubrir vacantes de Psicología en la Capital Federal entran alrededor de 200 concurrentes.
Tareas de limpieza, cocina y seguridad, son todos aspectos que hacen al funcionamiento diario de los hospitales y centros de salud que el Estado garantiza de forma tercerizada.
Un caso parecido es el de les prestadores precarizades (acompañantes terapéuticos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales entre otras), que son complementos de muchas terapias en personas con discapacidad a los que precariza tanto el Estado como las obras sociales. Elles con la movilización acaban de frenar una resolución que recortaba sus posibilidades de trabajo.
“Les precarizades” son trabajadores y trabajadoras que realizan la misma tarea que quienes pertenecen a la planta del Estado pero están contratados fuera de convenio: no tienen obra social, vacaciones, aguinaldo, asignaciones familiares, aportes jubilatorios, ni continuidad laboral asegurada, sus salarios en la mayoría de los casos están por debajo de la línea de pobreza y cobran sueldos hasta con varios meses de atraso.
Esta realidad se reproduce en todos los hospitales y dependencias del Estado y está absolutamente naturalizada.
Para muestra basta un botón. El Hospital Garrahan cuenta con alrededor de 5 mil trabajadores que hacen funcionar el gigante pediátrico todos los días. Cuatro empresas tercerizan alrededor de 1000 trabajadores, encubriendo su dependencia directa con el Estado: las empresas de cocina “Luis y Gomez” y “Sano y Bueno”, facturan mensualmente $ 12.693.488 y $ 8.864.154, respectivamente. “Floor Clean” en el área de limpieza le cobra al hospital $ 26.747.846 mensualmente. “Solucionar” brinda servicios de seguridad y factura $ 7.750.376 mensuales. Sus empleados perciben en promedio sueldos de $ 20.000 que no alcanzan para nada.
Los únicos que ganan con la precarización son las patronales al dejar a un sector de trabajadores y trabajadoras en un estado de inestabilidad laboral, sin tutela jurídica y gremial, y sin los derechos que todo trabajador debería tener en el ámbito estatal y de salud. Como por ejemplo, el cumplimiento de la jornada no mayor a 6 horas diarias, por ser considerado trabajo insalubre.
¡Basta de precarización!
El ajuste se agravó desde el desembarco del FMI nuevamente en nuestro país. En los hospitales y centros de salud faltan cada vez más medicamentos e insumos. El Presupuesto votado para el 2019 con la ayuda del peronismo implicaba un gran recorte en el área. La realidad de los trabajadores y las trabajadoras de la salud pública es un ejemplo más de este vaciamiento.
Se impone implementar medidas de emergencia y salidas de fondo. Con estos fundamentos es que Nicolás del Caño, diputado nacional y actual candidato a presidente por el PTS en el Frente de Izquierda Unidad, presentó en 2018 un proyecto de ley que promueve el fin de toda forma de precarización laboral en el ámbito público. Allí establece el pase a planta permanente de manera automática de todos los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional con más de tres meses de antigüedad, sea cual fuere su modalidad actual de contratación, manteniendo todos los derechos adquiridos, como el nivel salarial y el encuadramiento escalafonario. El proyecto establece además la conformación de “Comisiones de Trabajadores para la Fiscalización y Seguimiento” a los fines de la aplicación de la ley.
Pero así como sucede con las necesidades del pueblo trabajador y las mujeres, tanto el macrismo como el peronismo, que posee mayoría en ambas cámaras se negaron a discutirlo y son los que hoy van en las listas de Alberto Fernández. Pero si, levantaron las manos rápido para el trato exprés con leyes tan antipopulares como el pago a los fondos buitres, los presupuestos del ajuste y la reforma previsional.
Este proyecto es una herramienta más que el Frente de Izquierda Unidad pone a disposición, para acompañar la movilización de los trabajadores, única forma de conquistar nuestros nuestros derechos. Sabemos que es el único lenguaje que entienden los funcionarios de sueldos abultados.
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Emergencia Laboral Para El Personal de La Administracion Pública Nacional by La Izquierda Diario on Scribd
El mismo aún posee estado parlamentario y no fue tratado ni el comisiones ni el recinto.
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