Después de que la Corte Suprema dejara en pie el aumento tarifario para las empresas, dirigentes de Pymes y del sector fabril salieron a manifestar preocupación por las repercusiones.
Viernes 19 de agosto de 2016
Conocida ayer la decisión de la Corte Suprema que mantuvo el ajuste tarifario para el sector comercial e industrial, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, consideró que esta decisión “deja a la intemperie a las pymes”. Al mismo tiempo, desde la Unión Industrial Argentina, que en su reunión del próximo martes analizará las repercusiones sobre el sector fabril, manifestaron que “el panorama no es optimista”.
“Nos ha sorprendido que se haya excluido a las Pymes de la protección del fallo de la Corte que involucra al sector residencial”, indicó ayer Cornide en declaraciones a DyN. El empresario señaló que “las pymes, especialmente las de sector industrial de uso intensivo, tienen fragilidad muy grande respecto del tarifazo y tan es así que las hacía inviables en muchos casos”.
“Vamos a reservarnos el derechos de tomar medidas cautelares donde veamos que sobrepasa la capacidad de pago”, adelantó Cornide quien recordó que él mismo le llevó al ministro de Energía, Juan José Aranguren, facturas de empresas que “las sacaba del mercado”. El empresario indicó que “le mostré una boleta de una empresa que el costo era el 20 por ciento y que pasaba al 60 por ciento”.
Quien también salió a pronunciarse fue la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), alertando que “se perderán miles de empresas y puestos de trabajo” en “sectores sensibles como las pymes, las empresas recuperadas y las cooperativas”. Mediante un comunicado, la entidad afirmó que “en el actual contexto de recesión, caída de la actividad, aumentos de precios e ingreso de importaciones, la vigencia de un cuadro tarifario con aumentos como los que dispuso el Poder Ejecutivo resulta insostenible para miles de unidades productivas, del comercio y los servicios”. Su comunicado recuerda que “este universo de empresas representa más del 90 por ciento de las unidades productivas y genera el 80 por ciento del empleo”, y sostiene que “dejar instalada la inseguridad jurídica sobre el valor de las tarifas para este sector equivale a decretar el cierre de miles de empresas, suspensiones y despidos de trabajadores, situación que sin duda agravará la crisis ya existente”.
