Investigación. Quieren imponer una presencialidad sin criterios epidemiológicos y a medida de las patronales

El pasado 12 de febrero, en Olivos, se llevó a cabo la 102° Asamblea del Consejo Federal de Educación donde se estableció el regreso presencial a las aulas en todo el país. Aunque para los medios Alberto Fernandez, quien participó de dicha reunión, afirmó que “sin salud no hay presente, sin educación no hay futuro” y el Ministro Nicolás Trotta retomó la frase y habló de “criterios epidemiológicos” y “protocolos aprobados”, lo cierto es que en dicha reunión se firmaron dos resoluciones. En una de ellas, la 386 [1] se eliminan los criterios epidemiológicos y las categorías de riesgo establecidas en el “Protocolo Marco” que venían sosteniendo desde el año pasado. En su lugar, fijan como único criterio el artículo 2 del Decreto presidencial 67/2021. DNU que vence el 28/2, lo cual implica que también esto estará sujeto a nuevas definiciones del Ejecutivo.

Sin indicadores de riesgo de circulación del virus no hay GPS

El Consejo Federal de Educación había basado su “medición” de riesgo para la vuelta a clases presenciales en las Res. 364 y 370 del 2020, con los criterios establecidos por el “Observatorio Argentinos por la Educación”, que ya había flexibilizado los índices para las condiciones requeridas para estratificar el riesgo y definir el reinicio de actividades en las escuelas pero todavía fijaba algún criterio. Este establecía que cada jurisdicción debía tomar decisiones en forma multidisciplinaria teniendo en cuenta: 1) Niveles de transmisión (Zonas sin casos o con casos importados, zonas por casos esporádicos o brotes controlados, Zonas con transmisión local con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria o con transmisión comunitaria sostenida); 2) Razón de aumento de casos de las últimas dos semanas y las dos anteriores (Sin casos comunitarios o en descenso <0,80 - Estable entre 0,81 y 1,20- En aumento >1,21; y 3) Porcentaje de ocupación de camas de Unidad de terapia intensivas - UTI (Menos de 60% de ocupación, entre 60% y 80% de ocupación y mayor a 80%). La estratificación medía el nivel de riesgo bajo, medio o alto según algunos indicadores para establecer la presencialidad graduada y por etapas en consonancia con la situación.

El artículo 2 del DNU Presidencia que sustituye los índices del “Protocolo marco” utiliza parámetros aún más difusos: 1- El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria. No hay indicador alguno de cuánto es lo “suficiente y adecuado”; 2- El aglomerado urbano no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen “transmisión comunitaria sostenida” del virus SARS-CoV-2; 3- La razón de casos confirmados definida como el cociente entre el total de casos confirmados de las últimas dos semanas epidemiológicas cerradas y el total de casos confirmados correspondientes a las dos semanas previas deberá ser inferior a 0,80. Si el indicador se encuentra entre 0,80 y 1,2 se considera de evolución estable, si supera el 1,2 se considera evolución en aumento y si es menor a 0,80 se considera en descenso. En ningún momento se establece un indicador que muestre desde qué índices de contagios se parte, ni hay estratificación de riesgos, ni medidas acordes a cada grado de situación. Serán las autoridades jurisdiccionales conjuntamente con las nacionales las que tomarán las decisiones de apertura o de circunstancial retroceso en las actividades.

¿Cuáles son los indicadores sanitarios que establece la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)?

En el “Documento conjunto de posicionamiento para la vuelta a las escuelas” de la Sociedad Argentina de Pediatría se establecen otros criterios:

Cuando se comparan los parámetros del DNU con los indicadores de la SAP, observamos que en el primero se borran los niveles de riesgo, no hay alertas ni estrategias. El DNU plantea una sola medición que es la tasa en descenso, estabilidad o en baja de casos pero no la relación entre cantidad de contagios por habitantes (200 cada 100 mil habitantes establece la SAP), de esta forma obvian el nivel del cual se parte. No se mide el porcentaje de camas UTI que, aunque no estén saturadas, si se parte de un nivel alto de contagios rápidamente pueden saturarse con el aumento de la circulación en escuelas y transporte público (en un país donde el transporte público ya está saturado), y tampoco mide la capacidad y la detección de casos a través de test PCR, más aún en estos momentos donde se disponen a la apertura indiscriminada de escuelas, en una situación sanitaria todavía complicada. A la cual se agrega el dato preocupante de la detección de circulación comunitaria de la variante detectada en Inglaterra, B.1.1.7, que es entre un 50% o 70% más contagiosa, en un residente de La Matanza; y de 14 casos de la P2, que contiene una mutación responsable de reinfecciones y pérdida de efectividad de ciertas vacunas.

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También el CDC (Centers for disease control and prevention) de EEUU recomienda abrir escuelas con una guía de riesgo por circulación del virus.

¿Cuál es la situación epidemiológica actual en el AMBA y el resto del país?

Se vuelve complejo encontrar datos públicos de cada distrito, algo que ya en su momento había planteado incluso el observatorio “Argentinos por la educación” en el anexo al Protocolo Marco en octubre y previo al rebrote de los meses siguientes. En PBA, por ejemplo, los datos no están accesibles para cualquier docente, lo que dificulta seguir la situación epidemiológica por jurisdicción o distrito. Los datos deben ser públicos como algo elemental para la presencialidad y los mapas de riesgo.

Sala de situación del Ministerio de Salud de la Nación

El Gobierno de Alberto Fernández se dispone a imponer una presencialidad “sin GPS” y a como dé lugar en las escuelas a pesar de las condiciones epidemiológicas actuales, la falta de obras en las escuelas, los limitados planes de vacunación para la población y la falta de insumos de higiene y bioseguridad y de medidas de testeo, rastreo y aislamiento de casos necesarias para suprimir los contagios . Pasaron de una cuarentena estricta pero sin plan epidemiológico adecuado, sin centralizar el sistema de salud público y privado bajo la órbita del Estado que pusiera todos los recursos sanitarios al servicio de enfrentar la pandemia, sin recursos para millones que se quedaron sin ingresos, que no tenían ni los servicios básicos en sus barrios, padeciendo el hacinamiento y la consecuencia del deterioro de salud física y emocional, sin dispositivos ni acceso a internet, con decretos que habilitaron a las Fuerzas de Seguridad a reprimir y hasta desaparecer y asesinar a Facundo Castro; del “Quédate en casa”, a una apertura irresponsable y a favor de las patronales.
Las conducciones sindicales de CTERA y sus gremios de base actúan como correa de transmisión de la política del gobierno y pasaron de defender el “Protocolo marco” de julio 2020 (ahora desguazado por Trotta y todos los ministros de educación), afirmar que sin vacunas no podía haber presencialidad e incluso a cuestionar el “semáforo epidemiológico” (anexado en octubre 2020 y ahora eliminado) y proponiendo, en el caso de UTE criterios parecidos a los de la Sociedad Argentina de Pediatría; a ocultar con el silencio cómplice y permitir la eliminación de los indicadores epidemiológicos específicos. Dejan correr la imposición de la presencialidad a costa de nuestra salud y la de millones de alumnos y familias.

¿Qué hay detrás de la vuelta a la presencialidad a toda costa?

Detrás del regreso a clases sin condiciones epidemiológicas y sin condiciones edilicias, de insumos, de infraestructura y transporte y sin personal suficiente, lo que se encuentra verdaderamente no es el afán por cuidar los derechos de los niños y niñas, sino cuidar las ganancias de las empresas.

Basta ver las contradicciones que existen en las modificaciones a las medidas mínimas de cuidado y el aval a las jugadas empresarias, que acompañan esta vuelta a clases presenciales junto a la política de aperturas indiscriminadas.

Antes de que fuese publicado el decreto 67/2021 que incluye la vuelta a las clases presenciales en todo el territorio nacional, fue publicada la resolución 1103/2020 que “suspendía por el tiempo en el que durara el receso escolar” las licencias por cuidado de menor a cargo tanto en el ámbito privado como en el estatal . Eso significa una enorme sobrecarga para millones sobre todo de mujeres trabajadoras, siendo que siquiera están habilitadas las guarderías y colonias al 100%.
Esa medida “suspendida” fue sustituida por una licencia con mayores restricciones [2]. Es claro que el sentido de las medidas apuntan primero a resolver las preocupaciones de los empresarios.

Esto no es todo: medidas como estas van en sintonía con dejar correr por parte del gobierno las presiones y sanciones que están ejerciendo las patronales sobre los trabajadores pertenecientes a grupos de riesgo para retomar tareas (tanto los mayores de 60 años como aquellos con morbilidades), bajo la“libre interpretación” del decreto de extensión de la DISPO.

Así ocurrió en el Subtedonde los trabajadores respondieron con un paro al ataque de Metrovías y Larreta. En Mondelezdonde también sufrieron los aprietes los grupos de riesgo, y en Coto donde murió un trabajador que fue obligado a reincorporarse.

Estamos hablando de grandes multinacionales y grupos económicos. Imaginemos esa situación de “apriete” en los lugares donde la mayoría de los trabajadores no están siquiera registrados. A esto se suma que el gobierno cedió en poner un tope a la doble indemnización que es irrisorio para quienes tienen antigüedad y un salario mayor al mínimo.

Las licencias son ahora uno de los puntos más cuestionados por los empresarios, a pesar de que mantuvieron sus ganancias todo este tiempo e incluso fueron beneficiados reduciendo costos por el ATP y ahora con el REPRO, donde es el Estado quién se hace cargo de cubrir una parte de los salarios.

La pandemia hasta ahora está siendo aprovechada por las grandes patronales, los bancos, las mineras, las farmacéuticas para acrecentar sus ganancias, buscando precarizar y flexibilizar más aún las condiciones laborales. Sacando provecho de la inflación, y del aumento del desempleo para bajar los salarios o empeorar las condiciones laborales para abaratar costos.

Las escuelas abiertas forman también parte de las necesidades de las empresas, porque más allá de la función educativa y formadora de la escuela (que hoy podría también cumplirse en gran medida en forma virtual con las condiciones de conectividad y dispositivos necesarios de no existir aún condiciones epidemiológicas), es ante todo el lugar privilegiado donde las familias trabajadoras dejan a sus hijos durante la jornada laboral o gran parte de ella. Las empresas no pagan jardines maternales ni juegotecas, son las escuelas públicas en su mayoría las que se hacen cargo de los cuidados.

Es por esto, que la política de clases presenciales está repleta de contradicciones con cuidar la evolución de la situación epidemiológica. No deja de sonar ridículo por ejemplo la prohibición de reuniones de más de 10 personas en lugares cerrados y sin embargo habilitar clases para 15 personas en lugares igualmente cerrados y que implicarán a nivel nacional la circulación de 1,5 millones de docentes y varios millones de niños, adolescentes, jóvenes y sus familias.

Si hay algo que desnuda la actitud del gobierno de Alberto Fernández como de los gobiernos provinciales, desde Larreta y Morales hasta Kicillof, las políticas del ministerio de Trabajo y Educación, en Argentina pero también en el mundo, es la actualidad y vigencia de la definición de Marx sobre el Estado como un “órgano de administración de los negocios comunes de la burguesía”.

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Condiciones seguras para volver a la presencialidad

Hoy la vuelta a las clases presenciales sin condiciones tanto epidemiológicas como en lo que hace a la posibilidad de cumplimiento de los protocolos y los recursos que requieren empezando por condiciones de infraestructura, están siendo cuestionados por los trabajadores de la educación.

Además en distritos del populoso conurbano, una gran cantidad de escuelas no abrirán sus puertas porque no tienen siquiera garantías tan básicas como agua potable, baños en condiciones o ventilación. En La Plata, por ejemplo, tan solo 11 escuelas de 300 podrán abrir .

Trabajadores de la educación y familias trabajadoras somos los principales interesados en que se pueda desarrollar una educación presencial, de calidad y en condiciones seguras.

Nuestras vidas valen más que sus ganancias

Tenemos que fortalecer esa alianza para pelear por una vuelta a la presencialidad que comience partiendo de las condiciones epidemiológicas por distrito garantizadas, que los datos sanitarios sean públicos y de fácil acceso.

Por indicadores epidemiológicos específicos y guías de riesgo en base al elaborado por la SAP, por testeos periódicos y un plan de vacunación que hoy por hoy no puede ser serio sin tocar las ganancias de las grandes farmacéuticas. Se necesita imponer la liberación de las patentes para que puedan producirse de a millones contra la irracionalidad capitalista.

Licencias garantizadas para madres, padres o tutores y quienes tienen a cargo grupos de riesgo incluidos los trabajadores de la educación, mientras se mantenga la situación de virtualidad. Licencias para todos los trabajadores que forman parte de los grupos de riesgo.

Las escuelas se abren con recursos, no con discursos

Por escuelas seguras, plan de infraestructura con plazos concretos, bajo control de los trabajadores de la educación. Efectivo cumplimento de los doce puntos de CTERA.

Netbooks y conectividad gratuita para que todas las familias puedan acceder a la educación virtual en los casos en los que no haya condiciones epidemiológicas para la presencialidad y en tanto se instrumenta el plan de infraestructura. Un IFE de $ 40 mil para quienes no tienen trabajo y un plan de obras públicas para generar puestos de trabajo con salario acorde a la canasta familiar para todos los trabajadores.

Basta de sobrecarga laboral y precarización. Aumento del personal docente y auxiliar bajo estatuto docente y mediante actos públicos en condiciones garantizadas.
Un plan integral de transporte público seguro para toda la población.
Para poder disponer de los recursos necesarios, hay que atacar la ganancia de los especuladores empezando por el desconocimiento soberano de la deuda.

Comisiones de Seguridad e Higiene en todas las escuelas

No podemos dejar el control de las condiciones para escuelas seguras en manos de los inspectores y directivos, que estarán sometidos a la presión directa de los ministerios de educación de cada provincia. Tanto en aquellas escuelas en las que hoy están dadas las condiciones de infraestructura y cantidad de personal auxiliar para cumplir los protocolos, como en aquellas en las que no, es necesario organizar comisiones formadas por docentes, auxiliares, trabajadores de la salud de los centros de atención primaria u hospitales de la zona y representantes de las familias y estudiantes, para controlar el cumplimiento por parte del gobierno, elaborar los protocolos específicos y dar seguimiento a la situación epidemiológica. La coordinación distrital y provincial de tales comisiones es la forma de ejercer un verdadero control para una presencialidad cuidada.

Los sindicatos que hoy están oficiando de “Ministros sin cartera” tienen que convocar a un plan de lucha

Las conducciones gremiales, empezando por CTERA, tienen que convocar a plenarios provinciales de delegados y asambleas distritales de afiliados y no afiliados para definir un plan de lucha para pelear junto a las familias trabajadoras, que empiece por exigir un regreso seguro, con un semáforo epidemiológico que permita establecer criterios en función de las necesidades del pueblo trabajador y no de las necesidades empresarias y un plan concreto de infraestructura bajo control de quienes todos los días sostienen la educación de millones de niños y niñas.