Este miércoles la Corte de Apelaciones de Valdivia decidió rebajar la medida cautelar de arresto domiciliario a firma quincenal y arraigo nacional al carabinero que asesinó al malabarista Francisco Martinez en Panguipulli.
Fernanda Iturrieta Trabajadora postal CorreosChile
Viernes 12 de febrero de 2021
El caso del asesinato del malabarista Francisco Martinez en Panguipulli ha causado indignación y revuelo nacional. En muchas localidades y comunas han existido respuestas por parte de la juventud en repudio al gatillo fácil y la impunidad con la que actúa la institución de Carabineros al momento de llevar a cabo sus procedimientos de control.
A pesar de todo el repudio generado ante el abuso de poder por parte del carabinero Juan González Iturriaga y el aval de toda una Institución que ya ha sido reiteradamente cuestionada por su actuar en contra de los derechos humanos de la misma población que dice defender, la Corte de Apelaciones de Valdivia decidió este miércoles acoger el alegato de la defensa del carabinero y disminuir la medida cautelar de arresto domiciliario a firma quincenal y arraigo nacional.
Esta impunidad la avala el gobierno de Piñera y todas las leyes represivas que ha impulsado su Gobierno como lo hizo, también el gobierno de Bachelet. No olvidemos que el control de identidad preventivo se impuso el año 2016, como una forma de aleccionar a la juventud que salía a movilizarse y de controlar aún más a la sociedad civil. Además, se suma la propuesta de proyecto de ley de Seguridad que pretende legalizar la impunidad, avalando que exista este mismo actuar del gatillo fácil por parte de carabineros si alguien se niega a un control de identidad.
Esto, sin mencionar todas las leyes represivas que pasó Piñera durante la revuelta, con la complicidad del Frente Amplio y la ex Concertación, como la ley antibarricadas o la ley de infraestructura crítica que pretende fortalecer el autoritarismo y dar pase libre a FF.AA. de actuar en caso de que cualquier sector estratégico de la producción se vea comprometido en posibles movilizaciones.
Es necesario que exista un verdadero juicio y castigo para los responsables de las múltiples violaciones a los derechos humanos estas ultimas semanas, y en específico con el caso del carabinero Juan González Iturriaga que hoy goza de total impunidad a pesar de que existan pruebas suficientes de que es un asesino.
Además, debemos impulsar una gran campaña por la derogación de todas las leyes represivas, lo que no sucederá con una negociación ni en unidad con los partidos de "oposición" de la vieja Concertación que impulsaron estas leyes, sino que un gran fuerza social organizada y en las calles, que imponga esta demanda.
Es decir, debemos impulsar una movilización que sea unificada a nivel nacional, donde miles salgamos a las calles, que sea convocada por las grandes organizaciones sindcales y estudiantiles que hasta ahora han estado en silencio, como la CUT, la Confech o el CdP; así como por las agrupaciones de izquierda y del activismo.
