Luego de un año de fuerte crisis, se prevé una recuperación motorizada en parte por el rebote de en la economía estadounidense, no obstante, hay problemas estructurales que se mantienen.
Miércoles 12 de mayo de 2021
Recientemente se aprobó en el congreso estadounidense un “estímulo fiscal” de casi dos billones (mil millones) de dólares, este estímulo (que va en gran medida al apoyo a empresas y bancos), junto con el llamado efecto rebote que ocurre luego de un periodo de crisis, apunta a que se estime un crecimiento mayor al 6% de la economía de este país. Por el tamaño de su economía esta cifra es significativa.
Las cadenas productivas que se mantienen interconectadas con la industria mexicana en sectores como la maquila electrónica o la industria automotriz, las cuales se han reforzado en términos subordinados con la actualización del TLCAN, ahora TMEC, junto con las remesas que se espera aumenten este año, provocan que la economía en nuestro país proyecte un crecimiento mayor al 4.5%.
En este contexto, algunas variables macroeconómicas como el tipo de cambio (que se mantiene con una ligera variación alrededor de los 20 pesos) o el tipo de interés (con una tasa de referencia interbancaria que se proyecta mantener en 4%), se prevé que abonen a una recuperación de la actividad económica en un año marcado por la coyuntura electoral.
Recuperación superficial, problemas estructurales
Sin embargo, la recuperación antes señalada tiene importantes contradicciones. Comenzando con un previsible aumento de la inflación tanto en Estados Unidos como en México, producto del rebote económico, la cual repercute en la capacidad de compra del salario, en un contexto donde las empresas han recortado salario y personal. Además, otros factores como la sequía están también detrás del aumento de precios de alimentos básicos.
Pero más allá de esto, el problema es que, por un lado, Estados Unidos depende de las bajas tasas de interés en un contexto de sobre endeudamiento del Estado, de empresas que operan con apalancamiento estatal (empresas zombis) y el hecho de que mantiene un déficit comercial importante que Trump intentó contrarrestar con aranceles, pero no lo logró.
Por otra parte, en relación a México, cada crisis y recuperación posterior ha significado una profundización de la dependencia económica respecto a los Estados Unidos y las transnacionales; la llamada “integración” en clave de subordinación que se desarrolló en particular desde 1994, transformó la economía en función de los intereses de los grandes monopolios, en tanto significó una mayor precarización laboral para millones de trabajadores, como se ve -por ejemplo- en el caso de la clase obrera ocupada en la industria de exportación y la maquiladora. Junto a esto, en un país con más de la mitad de su población en pobreza, la recuperación momentánea no alcanza para mejorar las condiciones de vida de millones.
Una crisis afecta en primer lugar a los sectores populares y trabajadores, los sectores más vulnerables que pierden sus casas, millones pierden el empleo o sufren recortes en sus salarios y en sus condiciones de trabajo. Gran parte de estos sectores no se vuelven a recuperar luego de la crisis, agudizando los problemas sociales preexistentes. Se calcula por ejemplo que al menos 3 millones de empleos formales perdidos no se han recuperado en el país, mientras que entre finales de 2019 y 2020 al menos 5 millones de personas habrían caído en situación de pobreza extrema.
México y la subordinación económica al imperialismo
La recuperación esperada para este año como vimos tiene patas cortas, en un contexto donde los ingresos tributarios cayeron un 12% desde inicios de año, la caída más profunda desde 1993. Esta caída de ingresos para el gobierno federal se refleja en una disminución de la inversión pública en distintos rubros y lleva a que distintos analistas planteen que el gobierno estaría impulsando una reforma tributaria hacia la segunda mitad del año, luego de las elecciones.
Ahora bien, una reforma tributaria progresiva, para gravar y cobrar fuertes impuestos a las grandes empresas, no puede hacerse sin la voluntad política de intervenir y expropiar a aquellas empresas que amenacen con dejar el país en caso de aumentarles la carga tributaria. Al mismo tiempo que es fundamental la suspensión del pago de la deuda externa, la cual este año, por ejemplo, se llevará más de 720 mil millones de pesos del presupuesto, cantidad mayor de la que se destina al gasto en infraestructura y en salud juntos, una deuda que no deja de aumentar año con año. Eso, claramente, no lo querrá hacer el actual gobierno de López Obrador, el cual preserva los intereses de los empresarios y las transnacionales.
Una política económica que realmente responda a los intereses del pueblo trabajador requiere, como primeras medidas romper con la subordinación al imperialismo, recuperar nuestros recursos naturales y energéticos (y no solo limitar los movimientos de la inversión privada en el sector, como pretende el gobierno), y poner el control de los sectores estratégicos de la economía bajo control de los trabajadores, esto mientras se cuestionan los intereses de los grandes empresarios, empezando por imponer impuestos progresivos a sus fortunas.
Estás son medidas económicas que realmente pueden hacer frente a la situación de crisis que enfrenta el país, sin estas medidas que confrontan el poder los bancos y las grandes empresas cualquier ilusión con una recuperación económica será profundamente insuficiente ante la magnitud de la problemática social que enfrentamos. Un gobierno de los trabajadores y del pueblo es el que las puede llevar adelante, para avanzar en la expropiación de los capitalistas, nacionales y extranjeros, y la reorganización de la sociedad en función de los intereses de la clase obrera y las mayorías populares. Necesitamos construir una izquierda que se plantee seriamente esta perspectiva.
