El Gobierno de Mariano Rajoy desde hace meses que plantea una supuesta regeneración democrática. A finales de noviembre presentó varias medidas para acabar con la corrupción, que golpea de lleno a su partido entre otras instituciones; meses atrás hablaba de “mejorar” las elecciones de los alcaldes, y ahora trata de “mejorar” esta justicia para ricos.
Guillermo Ferrari Barcelona | @LLegui1968
Miércoles 10 de diciembre de 2014
Foto: Minitro de Justicia Rafael Catalá - EFE- Marina Valero
Las últimas medidas de ésta “regeneración democrática” vieron la luz con el nombre de Proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Con éste Proyecto, el Gobierno se propone acortar los procesos judiciales, regulando las instrucciones. Se regulaba un plazo de seis meses de instrucción ampliable a 18 y prorrogable en casos extraordinarios. El Gobierno plantea así una reforma para que haya una justicia rápida y que no tarde más de cinco años en la instrucción como sucedió con el caso Gürtel. Caso en el cual hay algunas decenas de imputados aún sin sentencia. Sin embargo, esta rapidez la pretenden hacer sin aumentar las plantillas, ni incrementar el presupuesto judicial.
De todas formas, ésta justicia para ricos, eficiente a la hora de dictaminar un desahucio e ineficaz cuando se trata de juzgar a algunos de los poderosos y ricos, no se puede reformar. Siempre castiga al ladrón de gallinas y protege al que roba millones de euros. No es un problema de la rapidez, sino de al servicio de quienes está.
Palos para el pueblo
Uno de los elementos claves que explicó el Ministro de “Justicia”, Rafael Catalá, consiste en la ampliación de las escuchas excepcionales sin autorización del juez. Como decía Catalá, estas se pueden hacer por “otros delitos que, en virtud de las circunstancias del caso puedan ser considerados de especial gravedad, y existan razones fundadas que hagan imprescindible la intervención de comunicaciones”. La indefinición de éste apartado hace que se puedan realizar escuchas “legales” por absolutamente cualquier motivo de la autoridad competente, ya sea el Gobierno o algún responsable de las fuerzas de seguridad. En síntesis, pueden escuchar a cualquier persona, por cualquier motivo.
Con ésta reforma, el régimen se prepara para controlar las actividades políticas de aquellos grupos que “puedan ser considerados de especial gravedad”. No nos engañemos, esto seguramente ya lo hacen. Lo que es grave es que ahora gozarán del amparo legal y por lo tanto podrán generalizar el espionaje entre los movimientos sociales.
¿Porque necesitan hacer eso ahora? Esencialmente porque necesitan ampliar el control al estar desbordados en algunas situaciones. En Catalunya se le está yendo de las manos el conflicto y deben estar al tanto de lo que se “trama”. En el resto del Estado necesitan controlar el surgimiento de un inesperado actor político como Podemos y conseguir información para cargarle denuncias. Y, también, y no por ello menos importante, quieren escuchar nuevos grupos que puedan ir surgiendo al calor de la movilización social. El reaccionario Régimen del 78 se prepara para mayores movilizaciones en los próximos años porque la “regeneración democrática” solo se hará dando palos a los trabajadores y el pueblo.
