Argentina es un país que produce alimentos. Sin embargo, las infancias pasan hambre. Pocas empresas manejan la producción y comercialización de bienes de primera necesidad y es una estructura concentrada en pocas grandes empresas. ¿Quiénes son los responsables?
Miércoles 14 de agosto
“La República Argentina es conocida mundialmente no sólo por el tango y el fútbol, sino también por la calidad de sus alimentos”, se jacta un informe del Ministerio de Economía. El documento agrega que “el país dedica más del 60% de sus 280 millones de hectáreas a la producción agropecuaria”. Sin embargo, un millón de niñas y niños se va a dormir sin cenar por falta de dinero, según datos de Unicef. Parece el reino del revés.
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Los responsables del hambre y la pobreza de este país son los que gobiernan, los grandes empresarios, las grandes alimenticias y supermercados. El gobierno de Milei profundizó el ajuste y aumentó la pobreza mientras retiene miles de kilos de comida en vez de entregar a los comedores populares que hay en todo el país.
Pocas empresas que especulan con el hambre
Los pulpos de la alimentación concentran el negocio y pese a que Argentina tiene producción de sobra en relación a la población, especulan con los precios que resultan prohibitivos para millones de personas. En un contexto de alta inflación, la conducta del gran capital concentrado es remarcar los precios para defender y mejorar su rentabilidad.
El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó en los últimos doce meses 285,1% por encima del nivel general (271,5%), según el Indec. La situación es crítica con los alimentos, el bien más básico para garantizar las condiciones de vida.
Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) mostró que tres cuartas partes de la facturación de los productos de las góndolas es explicada por veinte empresas. Algunas de estas firmas son Sancor, Danone, Molinos Río De La Plata, Molinos Cañuelas, Unilever, Mastellone, Coca Cola, Aceitera General Deheza, Procter & Gamble, Papelera Del Plata, Cervecería Quilmes, Pepsico y Arcor. Vale aclarar que muchas de estas empresas tuvieron ganancias millonarias en los primeros meses del año como destacó un informe de Cifra.
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En aceites, Molinos Ríos de la Plata, Molinos Cañuelas y Aceitera General Deheza (AGD), explicaban el 90% de la facturación. En el rubro de la producción láctea, tres empresas concentran el 75% de la facturación total (La Serenísima, Sancor, Danone), en la rama de Bebidas sin Alcohol la misma cantidad de empresas controla el 85% de las ventas totales (Coca-Cola, Villa del Sur y Pepsico).
Otro tanto ocurre con la concentración en las grandes cadenas de supermercados, que son el eslabón final por el cual llegan los productos al consumidor.
Ningún gobierno ni peronistas, ni macristas ni Milei quiere afectar la estructura concentrada en pocas empresas que manejan la producción y comercialización de bienes de primera necesidad.
Basta de lucrar con los alimentos
El gobierno de Milei aumentó la pobreza y la desocupación, en los próximos meses los datos empeorarán porque la economía se hunde. La solución a este problema solo puede imponerse desde abajo, desarrollando la lucha de clases. Enfrentando el poder oligopólico de las grandes empresas que lucran con el hambre con la organización de los trabajadores y trabajadoras del sector.
Ante el puñado de empresas que controlan la producción y comercialización de alimentos es necesario terminar con el secreto comercial y abrir los registros contables para revelar el verdadero costo de los productos y poner toda la información al servicio de comités de trabajadores y sectores populares. La clase trabajadora, en particular los empleados de las empresas que elaboran productos esenciales y de las grandes cadenas de supermercados, tiene el potencial para detectar las maniobras especulativas en toda la cadena de producción y comercialización para garantizar el abastecimiento a precios accesibles para toda la población. Las empresas que sigan especulando con los precios y el abastecimiento deberían ser nacionalizadas y puestas bajo la gestión de sus trabajadores en colaboración con profesionales de las universidades públicas, como parte de una planificación racional para acabar con el hambre y garantizar una alimentación de calidad.
Pocas empresas controlan el comercio exterior, mayormente multinacionales, pero también algunas nacionales. Se trata de Cofco-Nidera-Noble (China), Cargill (EEUU), ADM-Toepfer (EEUU), AGD (Argentina), Viterra (Glencore, Suiza), LDC (Francia), ACA (Argentina), Molinos (Argentina). Estas compañías, prácticamente, poseen un oligopolio privado del comercio de granos, exportan productos esenciales y especulan reteniendo productos.
Como demostró el caso Vicentin, son habituales las prácticas de subfacturación de exportaciones para evadir el ingreso de dólares al país o que directamente triangulen las operaciones, no solo para no entrar los dólares al país, sino también eludir el pago de impuestos.
El monopolio estatal del comercio exterior, bajo gestión de los trabajadores, permitiría arrancarles ese poder oligopólico con el que conspiran contra las mayorías: todas las exportaciones (y también las importaciones) se podrían realizar en función de las necesidades de la población; las condiciones naturales y la infraestructura existente permitirían reorientar la producción agropecuaria para que la prioridad no sea producir commodities para el mercado mundial, sino alimentos saludables que estén accesibles para todos. Es una medida esencial, no solo para terminar con las especulaciones, sino fundamentalmente para combatir los niveles de pobreza e indigencia inauditos que padece el país.
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