Tras la renuncia del líder socialdemócrata a la dirección de su partido, este viernes renunció en pleno el Gobierno liberal de Mark Rutte, tras conocerse la discriminación hacia familias extranjeras a las que se les había retirado la ayuda social por hijo y obligado a endeudarse para devolver el dinero al estado.
Viernes 15 de enero de 2021 10:38
Primer ministro holandés, Mark Rutte. Efe.
El Gobierno neerlandés presentó este viernes su dimisión en bloque por la polémica provocada por las ilegalidades administrativas en la asignación de las ayudas a familias con hijos, que afectó principalmente a familias migrantes y llevó a muchos a endeudarse para devolver a la agencia tributaria lo recibido durante años.
A tan solo dos meses de las elecciones legislativas, el gabinete dirigido por el liberal Mark Rutte asumió la responsabilidad política por lo ocurrido, considerado por la prensa el mayor escándalo político y administrativo de las legislaturas de Rutte, al frente de sucesivos gobiernos desde 2010.
El Ejecutivo permanecerá como gobierno interino hasta los comicios del 17 de marzo, lo que le permitirá seguir gestionando la pandemia y aplicando las restricciones necesarias como parte del actual confinamiento, que mantiene cerrada toda la actividad no esencial hasta al menos el 9 de febrero.
El hecho tiene lugar tras conocerse este jueves la renuncia a la conducción partidaria del líder del partido socialdemócrata de Países Bajos (PvdA) y exministro de Asuntos Sociales, Lodewijk Asscher, por este mismo escándalo de discriminación en la asignación de ayudas a familias para el cuidado de sus hijos.
El socialdemócrata Asscher era ministro de Asuntos Sociales cuando ocurrió este fraude contra las familias migrantes. Fue responsable durante su gestión como ministro a partir de 2014 de recortar la asignación de ayuda por hijo a familias extranjeras. Hoy se sabe que fue un accionar planificado que afectó a decenas de miles de familias, en una política abiertamente xenófoba y emparentada con los lineamientos liberales de la coalición de la que formaba parte.
Los primeros casos se remontan a 2014, cuando la Agencia Tributaria empezó a enviar cartas a más de 26.000 familias acusándolas sin fundamento de fraude para obtener ayudas con las que pagar las guarderías de sus hijos, y les exigieron devolver decenas de miles de euros recibidos en prestaciones en plazos que no superaban las semanas, lo que llevó a muchos perder su casa, trabajo y a endeudarse para reunir el dinero.
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