Michoacán. Reportan al menos 20 muertos en ataque en Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán contabilizó, por el momento, al menos 20 muertes luego de un ataque perpetrado en un palenque en el municipio de Zinapécuaro. El suceso se dio el pasado domingo aproximadamente a las 22:30 de la noche, cuando se reportaron disparos en la zona. Según las autoridades, se encontraron 100 casquillos percutidos calibre 7.62, 5 vehículos y se hallaron cinco personas con vida, las cuales fueron enviadas a diferentes nosocomios.

A pesar de que en Michoacán la militarización se ha dado con intensidad, pues hay presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN), elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), policías estatales y ministeriales, los asesinatos no han disminuido, sino que por el contrario han aumentado.

El actual presidente López Obrador durante años prometió que al llegar al poder regresaría a los militares a sus cuarteles, pues como han documentado organizaciones de defensa de derechos humanos y la propia Comisión Nacional, las violaciones más graves corresponden a elementos de las fuerzas armadas. Sin embargo, en un giro de 180 grados, el gobierno federal no cumplió con la promesa, sino que profundizo la militarización del país vía la GN.

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¿Por qué tanta violencia?

En un país donde la desigualdad social se ha disparado de forma espectacular, pues en un solo territorio conviven algunos de los hombres más ricos del mundo junto a millones de seres humanos que no pueden cubrir sus necesidades alimentarias, nos encontramos ante un caldo de cultivo para la desintegración de vínculos sociales y las condiciones necesarias para que la juventud no vea otra alternativa que la que ofrece el crimen organizado.

No podemos entender los episodios de violencia criminal que azotan a México si no comprendemos que el negocio del narcotráfico se mueve con dinámicas similares a las del resto de empresas de la sociedad capitalista. La droga se comercializa con el objetivo de obtener ganancia y poder, tal como el resto de las mercancías, por lo que los cárteles han desarrollado organizaciones sofisticadas y jerarquizadas que se asemejan cada vez más a grandes monopolios, con redes financieras, contactos políticos, distribución trasnacional, etc.

Aunque las drogas ilegales pueden ser consideradas como mercancías, su elevado valor de cambio responde a las políticas prohibicionistas impuestas por Estados Unidos, así como a la capacidad de los narcos para establecer un monopolio en la producción y el intercambio.

El principal destino de las drogas es el mercado estadounidense, el cual tiene redes de complicidad interna que permiten la distribución en el gigante del norte y alimentan a los cárteles con divisas y armas. Por lo mismo, no es de extrañar que estas organizaciones criminales se hayan convertido en poderes políticos de facto que actúan en paralelo con el Estado, cobrando impuestos, brindando “apoyos sociales” (entregando despensas, remodelando edificios públicos, etc.) y monopolizando en los hechos el uso de la fuerza bruta en sus territorios o “plazas”, al mismo tiempo que se encuentran coludidas con los distintos niveles del gobierno e instituciones estatales.

Como apunta Pablo Oprinari:

Distintos periodistas e investigadores han sostenido que la mencionada estrategia de “abrazos, no balazos”, más que un convencimiento en que puedan minarse las bases de los cárteles con política social, ampara más bien una política que busca evitar el enfrentamiento directo con los cárteles del narcotráfico, y una especie de “pacto no firmado”, para evitar un escenario como el que se vivió en los sexenios previos. Jorge Zepeda Paterson, por ejemplo, dice que “el presidente habría llegado a la conclusión de que frente a la imposibilidad real de encarar el problema resultaba mejor ganar tiempo. Una estrategia públicamente inconfesable, políticamente incorrecta, pero, a su juicio, realista”.

No obstante, como ha comprobado el paso de más de tres años de la estrategia gubernamental, la violencia no ha disminuido, sino que se disparó a número superiores respecto a las administraciones de Felipe Calderón y Peña Nieto.

Una solución a la situación actual, cruzada por el accionar de los cárteles y la estrategia de seguridad del estado mexicano, pasa necesariamente por la ruptura con el imperialismo y sus dictados. Desmilitarizar el país, legalizar las drogas y expropiar a los capitales del narcotráfico, serían medidas fundamentales en ese sentido.

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