Las represiones en Hidalgo han sido reiterada para quienes se han manifestado, es urgente garantizar las libertades democráticas, la libre expresión y manifestación.
Miércoles 9 de junio de 2021
El martes 1º de junio la gobernación de Hidalgo, encabezado por el PRI, ordenó a la policía de ese estado, conocida por su uso excesivo de la fuerza, la represión a la comunidad indígena de Xuchitlán de San Salvador que se manifestaba frente al Palacio de Gobierno, resultando en varios heridos, uno de ellos de gravedad y un detenido.
Los pobladores se manifestaban por la exigencia de que se llevaran a cabo obras en beneficio de la colectividad, como paneles solares y mejoras en la infraestructura para el acceso a la educación media superior y básica, así como el derecho a la salud y al agua.
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Sin embargo, a pesar de que se llevaron a cabo graves vulneraciones a los derechos humanos que involucran lesiones al derecho a la vida, la libertad de expresión y manifestación, así como diversos derechos sociales, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) no ha realizado las diligencias inmediatas en este caso, por lo que aún se encuentra analizando videos e informes de las autoridades que participaron, las cuales deberían de hacerse a la brevedad debido a la gravedad de los hechos.
En este sentido, es urgente que se emitan medidas precautorias efectivas que permitan que las vulneraciones a derechos humanos no se sigan configurando y se restituya prontamente en el goce de los derechos humanos. La posición del titular de la CDHEH es emitir la recomendación y reparar el daño, pero sin centrarse en el carácter estructural y sistemático de las violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes estatales, lo cual no garantizaría la no repetición de estos hechos. Al tiempo que, en cuestiones de tipo laboral se declara que no hay expedientes o que se carece de competencia, a excepción de discriminación o acoso laboral.
El carácter de la policía y la respuesta
La política en materia de derechos humanos frente a una crisis de los mismos y el aumento de violencia estatal, ha sido de total indiferencia y las omisa, sobre todo para atender de manera estructural las violaciones a derechos humanos.
Como vemos en el presente caso, cuando no se garantizan derechos sociales básicos el único derecho que queda es exigir su cumplimiento. Pero esto tampoco es alejado de la realidad de la situación de organismos de derechos humanos del país, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que ha tomado partido por la titular del Notimex, Sanjuana Martínez, mientras deja en desamparo a trabajadores y periodistas que son el rostro de los altos riesgos que vive este sector como amenazas, extorsión, asesinatos y la precarización laboral y de sus vidas, entre otras problemáticas.
Una vez que se han vulnerado los derechos humanos, las autoridades, particularmente los organismos de derechos humanos, deben garantizar que los hechos no vuelvan a suceder a través de la prevención de los mismos, sin embargo, por el contrario, cada vez hay más reformas que legalmente van arrebatando la garantía de los mismos.
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Mientras van sucediendo vulneraciones a los derechos humanos de parte de las autoridades, particularmente de policías y otras fuerzas armadas de “seguridad”, los organismos de derechos humanos se encargan de borrar que es una situación constante, y al hacerlo la legitiman. Ante ello es necesario que las comunidades indígenas, la juventud, las mujeres, las y los trabajadores nos organicemos para la exigencia de derechos como a la libertad de manifestación, a la justicia, pero sobre todo a que se nos garantice una vida digna.
