Las 27 personas detenidas en la comisaría de Marcos Paz, iniciaron el 13 de julio una protesta pacífica para exigir el cumplimiento de los protocolos sanitarios y el hisopado de todos los presos ante un caso positivo de coronavirus. La respuesta estatal fue la represión.
Martes 21 de julio de 2020 09:04
Las 27 personas detenidas en la comisaría de Marcos Paz iniciaron el 13 de julio una protesta pacífica con huelga de hambre, para exigir el cumplimiento de los protocolos sanitarios y el hisopado de toda la población. El reclamo se inició ante el caso de un joven que estaba detenido allí y fue trasladado a un hospital para ser hisopado para Covid-19, resultado que dió positivo.
Lejos de atender el reclamo, la policía los reprimió con golpes, palazos y balas de goma, y luego fueron trasladados a distintas comisaría cercanas, como la de Luján. Allí, en represalia por la protesta anterior siguen hasta ahora sufriendo golpizas y manguerazos de agua helada.
El comisario titular de la comisaría de Marcos Paz, de apellido Correa, declaró al Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz que la policía utilizó “la mínima fuerza aplicable” y sólo resultaron heridos levemente dos detenidos. “Tratamos de ser lo más profesionales que podamos y estar a disposición“, señaló.
Acostumbrados a mentir y encubrir los crímenes de su fuerza, una vez más la versión oficial oculta la realidad.
En las imágenes aportadas por uno de los detenidos que fue trasladado a Luján, Nicolás Espósito, que logró enviar a su madre y hermanos, quienes a su vez se las hicieron llegar junto al audio de una comunicación telefónica, a la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI), pueden verse las brutales marcas de la represión.
Desde que comenzó la pandemia en distintos penales y comisarías del país, las personas detenidas realizaron protestas y reclamos porque las inhumanas condiciones de detención en las que se encuentran privadas de su libertad, hacen que el ingreso del Covid_19 genere contagios masivos. Este riesgo que las y los detenidos advierten desde que fue declarada la pandemia, se está haciendo cada vez más cercano.
Mientras, ni el Ministerio de Justicia bonaerense a cargo de Julio Alak, ni el Ministerio de Justicia de la Nación a cargo de Marcela Losardo, han tomado medidas serias para evitarlo.
Las protestas para exigir que se cumplan los protocolos y se preserven la salud y la vida de las personas presas, han sido reprimidas, tanto por el Servicio Penitenciario bonaerense y de otras provincias, como el Servicio Penitenciario Federal, que ha dejado parapléjico a un detenido del Penal de Devoto. Además son responsables entre otros, de los asesinatos de presos en la Unidad 23 de Florencio Varela, en la Unidad Penal 1 de Corrientes, y recientemente en el Penal N°1 de Jujuy.
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La pandemia volvió a poner en carne viva las terribles condiciones en las que están encerradas las personas presas en comisarías, penales y otros lugares de encierro.
El Gobierno de Alberto Fernandez, lejos de intentar solucionar seriamente esta situación estructural, fue parte a través de sus funcionarios, como Sergio Berni, parte de las campañas de facke news de sectores de la derecha.
La militarización de barrios enteros con presencia de policías envalentonados cometiendo todo tipo de crímenes, como la desaparición de facundo Castro, abusos, torturas y gatillo fácil, gendarmes y policías federales controlando trenes y estaciones y hasta el Ejército desplegado en distintas zonas del país, son parte de la preparación del Estado y la clase empresaria ante las inevitables luchas que vendrán, ante las consecuencias económicas y sociales que dejarán las políticas de todos estos años y que recrudecen por la pandemia.
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