Tras doce años de exigencia de verdad y justicia a la voz de "Rescate ¡Ya!", familiares de Pasta de Conchos informaron que la CIDH admitió evaluar el caso para determinar la responsabilidad del gobierno mexicano en el crimen que cobró la vida de 63 trabajadores mineros.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Jueves 19 de abril de 2018
Tras 12 años del crimen de Pasta de Conchos, en donde 63 mineros quedaron sepultados bajo los escombros de una mina concesionada a Grupo México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió evaluar el caso para determinar la responsabilidad del Estado mexicano en la tragedia.
La violación del privilegio a la vida, la integridad personal y el acceso a la justicia para familiares son algunas de las líneas que retomará esta evaluación.
Leer: Familiares de Pasta de Conchos colocan antimonumento a 12 años de impunidad
El 19 de febrero de 2006, las malas condiciones de seguridad reportadas desde el año 2000, provocaron que 65 de los 73 mineros que laboraban en el turno quedaran atrapados tras una explosión por acumulación de gas metano. Sólo dos pudieron ser rescatados.
Familia Pasta de Conchos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) declararon que la admisión del caso por parte de la CIDH es un "avance histórico" para las familias que, a más de una década de la tragedia, continúan exigiendo verdad, justicia y reparación integral.
Leer: Exigen a autoridades de la CDMX respetar antimonumento por mineros de Pasta de Conchos
Hasta el momento, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso no ha servido de mucho, aunque desde entonces se acreditó que funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social "toleraron que la empresa funcionara en condiciones que no garantizaban la salud y la vida de los trabajadores".
Familiares y compañeros de las víctimas denuncian que el Estado es responsable no sólo por omisión, sino porque ha obstaculizado la recuperación de los cuerpos para darles una sepultura digna y ha sido garante de la impunidad, pues, destacaron, ningún funcionario ha sido sancionado.
Con información de La Jornada
