El lunes 2 debía aprobarse en particular en la Comisión de Trabajo del Senado y se esperaban las nuevas indicaciones del Gobierno. No fue posible. El martes y miércoles se siguió discutiendo infructuosamente. Pasó para el lunes 9. El choque de intereses explica las dificultades: lo que ganan los empresarios pierden los trabajadores.
William Muñoz Trabajador Industrial
Miércoles 4 de noviembre de 2015
Los puntos críticos
El estatuto especial para las PYMES, que pretendía subir el quorum de 8 a 15 o 25 para la constitución de sindicatos, no logró pasar. El Gobierno, en acuerdo con sus parlamentarios, encontró otro camino para llegar al mismo punto de dificultar el fortalecimiento de los sindicatos. Exigir una representatividad del 50%. En un país en el que la sindicalización se ubica en torno a solo el 14%.
Siguen en negociación otros puntos críticos como el derecho a huelga con el problema del reemplazo, buscando aprobar alguna forma de re-emplazo interno, a la vez que reponer la obligación del carácter “pacífico” de la huelga, también la posibilidad de extensión de los derechos ganados, y la definición de las prácticas anti-sindicales, tan comunes entre los empleadores. A la vez, se está avanzando en adaptabilidad y servicios mínimos, puntos también perjudiciales para los trabajadores.
Las negociaciones
En el Comité Político de La Moneda, el presidente del PC Guillermo Teillier, expresó su preocupación de que se introduzca alguna forma de reemplazo interno.
La DC aboga por el estatuto especial para las PYMES y todas las restricciones posible que puedan agregar.
El el vocero del gobierno Marcelo Diaz, insistió en que se busca un “equilibrio”.
Como hasta ahora, es una imposible ilusión. Los intereses de los empresarios y los trabajadores son opuestos, lo que uno gana, el otro lo pierde.
El resultado final, es que lo que el Gobierno da con la mano izquierda, lo quita con la derecha.
La oposición de la derecha y los empresarios
Los empresarios, coludidos y explotadores, como una vez más lo muestran ahora con su empresa insigne CMPC, militaron activamente contra cualquier reforma.
A través de unos de sus medios de comunicación, El Mercurio, editorializaron que se está, en esta materia, en una “hora decisiva”. Su alerta es clara, diciendo que podría resultar en “empoderar a los sindicatos para exigir mayores sueldos, concediéndoles el monopolio de la negociación colectiva, dándoles poder de veto en la extensión de sus beneficios a los no sindicalizados y aumentando la capacidad de las huelgas para ‘hacer daño’". Y llama a “evitar lo que se estima sería un retroceso importante -posiblemente irreversible- en la construcción de una economía más competitiva y equitativa”.
Esto a pesar de que ni siquiera se admitió discutir la negociación por rama, la permanencia de la subcontratación, y que se introducen claros retrocesos para los trabajadores como la adaptabilidad.
La dirigencia de la CUT y los trabajadores
La dirigencia de la CUT sigue su estrategia de hacer lobby parlamentario. De cada reunión salen con las manos vacías, solo ejerciendo una última línea de resistencia para impedir retrocesos en los pocos avances.
Para el vicepresidente de la Central, Nolberto Díaz, en su reunión del lunes con el Ministerio de Hacienda, “no hubo ningún avance”. Aún así, insisten en este camino.
Otro es el que recorren los trabajadores. Como ahora los del Registro Civil, con su paro de 37 días, su rechazo al ajuste del Gobierno, a sus prácticas anti-sindicales y a su re-emplazo en huelga. La dirigencia de la CUT, como en la reforma laboral, se limitó a presentar el problema a Bachelet. Ni un solo gesto de lucha.
La CUT debe alertar a los trabajadores, convocar a una movilización nacional para impedir la última embestida de los empresarios y parlamentarios, y unificar la lucha de los trabajadores del Registro Civil con los trabajadores del sector público por el reajuste de sueldos, exigiendo terminar con estas negociaciones y asegurar las demandas de los trabajadores, como la negociación por rama, fin al subcontrato, derecho efectivo a huelga sin ninguna condición y fin a la intromisión estatal pro-empresarial.
