Este jueves se reunirán autoridades del Ministerio de Justicia, del Servicio Penitenciario Federal y representantes de los presos. La situación sanitaria en los penales del país se agrava frente a la pandemia, volviéndola una bomba de tiempo.
Jueves 30 de abril de 2020 14:02
Foto Wikipedia
Este jueves al mediodía, tal como estaba estipulado, en la cárcel de Villa Devoto de la Ciudad de Buenos Aires habrá un nueva reunión en la que se volverá a discutir la situación procesal de los detenidos que cumplen con los requisitos establecidos por la Cámara de Casación, de acuerdo a lo recomendado en todo el mundo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Participarán representantes del Gobierno a través del Ministerio de Justicia y del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y representantes de los detenidos. Además fueron convocados representantes de las llamadas "asociaciones de víctimas" de delitos.
Las grandes empresas mediáticas vienen llevando adelante un campaña punitivista que alarma con la posibilidad de que "miles de asesinos y violadores queden libres". Pero la realidad es otra.
La resolución firmada por la Cámara de Casación Penal establece que los casos que se evaluarán son los de detenidos que conforman grupos de riesgo, los que tienen más de 60 o 65 años o enfermedades de riesgo como HIV, tuberculosis, diabetes, hepatitis; y mujeres embarazadas o con hijos pequeños. A estos requisitos se suma que debe tratarse de personas detenidas por delitos no violentos.
La situación en la cárcel de Devoto refleja lo que pasa en otros penales del país en una verdadera "olla a presión" recalentada tras décadas de punitivismo extremo y criminalización de la pobreza. Hacinamiento, falta de tratamientos y atención médica, hacen de la pandemia una amenaza concreta para la vida de miles de personas detenidas, que en su mayoría lo están por delitos no violentos contra la propiedad o por venta de drogas al menudeo.
En distintas unidades penitenciarias del país se extendió el reclamo de los presos. Sin embargo hasta el momento ni la ministra de Justicia de la Nación Marcela Losardo ni su par bonaerense Julio Alak se han pronunciado respecto a los asesinatos en manos de fuerzas penitenciarias de dos jóvenes la semana pasada, uno en la Unidad Penal 1 de Corrientes y otro en la Unidad 23 de Florencio Varela.
Desde que fue declarada la pandemia, la OMS (perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas) y la CIDH alertan sobre la posibilidad de un masacre en las cárceles si el virus se propaga en ellas. Pero no fue hasta que se produjeron las enérgicas protestas la semana pasada e varios penales de Argentina que el tema trascendió y se le empezó a prestar atención.
En desarrollo
Andrea Lopez
@lopez76_andrea Cronista de la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
