Ante la crisis abierta en distintos penales, a causa de las demandas sanitarias que esta solicitando las personas detenidas, este sábado el jefe del Servicio Penitenciario se reunió con jueces y representantes de derechos humanos. Firmaron un acta de intenciones que no da respuestas de fondo.
Sábado 25 de abril de 2020 20:31
Foto: Página 12
Este sábado, a media mañana, se llevó adelante una reunión dentro del penal de Villa Devoto, en la que participaron funcionarios judiciales, penitenciarios y organismos de derechos humanos. Además, estuvieron presentes el jefe del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco y algunos jueces y representantes de las personas detenidas.
Después de las 17 h se conoció el acta firmada por los presentes, en la que no hay soluciones concretas al reclamo de los presos. El "compromiso" asumido por las autoridades es que se revisarán los casos de los detenidos que conforman los grupos de riesgo, incluyendo la situación de las mujeres con niños y las embarazadas, pero no se discutió respecto lo resuelto por Casación ni lo dictaminado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a medidas alternativas de detención.
En el acta también se firmó que se fortalecerán las medidas de higiene y sanitarias recomendadas por los organismos especializados, pero no establece en concreto cuáles serán los recursos que se destinarán ni cómo se implementaría.
Tampoco se hizo mención a que no habrán sanciones ni otras formas de castigo para los presos y no se mencionó lo ocurrido ayer con las familiares que se encontraban manifestándose en las puertas del penal y fueron detenidas.
Marga es familiar de uno de los detenidos en Devoto, en un reportaje que le realizó el programa radial Rompiendo Cercos, explicó cuáles son los reclamos y la situación de los presos: "Lo que sucede tanto en el Servicio Penitenciario de la provincia como en el Servicio Penitenciario Federal, es que las cárceles están abarrotadas de detenidos. En lugares donde deberían haber 100 tenés el doble o un poquito más". El hacinamiento hace que el ingreso del virus sea una potencial catástrofe.
La alimentación es otra demanda que viene de larga data. La familiar lo explica claramente: "Los presos están denunciando que no les llegan la comida como corresponde , que al no tener la posibilidad de encontrarse con sus familiares al tener suspendidas las visitas no les entran recursos por otro lado. Siempre la alimentación del Servicio Penitenciario fue escasa, eso es algo histórico. Generalmente las familias son las que les llevan todo para que ellos puedan mantenerse, porque si fuese por lo que reciben a través del Servicio Penitenciario, no comerían".
Respecto al hacinamiento que hace de las cárceles un foco de contagio señaló: "El otro problema es la superpoblación y las pocas condiciones de higiene que tienen las cárceles. Hacia fuera tienen un fachada, pero hacia adentro se caen a pedazos".
La Corte Suprema habilitó a que tengan celulares para comunicarse con sus familias, pero Marga denuncia que les están cortando la luz dentro de los penales para que no puedan cargarlos, como represalia ya que los presos están visibilizando la problemática que sufren dentro de los penales.
"Hay pibes que están por causas armadas, otros sabemos que están por delitos menores. No se quieren morir adentro de la cárcel, dicen si no nos mata el coronavirus nos mata la gorra, porque ellos saben que si levantan un reclamo, después adentro los muelen a palos".
Estado ausente y responsable
Para finalizar agregó: " Nosotros como familiares de detenidos decimos que un pibe no nace chorro, hay todo un sistema que lo lleva a ese lugar, hay una ausencia total del Estado".
Ausencia y responsabilidad del Estado. Hasta el momento ninguna autoridad política de Corrientes se hizo cargo del crimen del joven de 23 años detenido en la Unidad 1 de esa provincia. La primer versión oficial fue que se trató de un enfrentamiento entre presos, pero el resultado de la autopsia determinó que lo mataron balas de las fuerzas de "seguridad", tenía en su cuerpo tres de plomo y siete de balas de goma.
Tampoco desde el Gobierno de Axel Kicillof ningún funcionario, ni siquiera la Secretaría de Derechos Humanos se hizo cargo del asesinato de Federico Rey, el preso de 30 años asesinado por un guardiacárcel de la Unidad 23 de Florencio Varela.
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Andrea Lopez
@lopez76_andrea Cronista de la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.