Derecho a la vivienda. Revés legal al desalojo en El Bolsón

El intendente Pogliano, indignado por la primera resolución de la fiscal federal Sylvia Little, que no reconoció la comisión de un delito en primera instancia, convocó a una marcha contra las tomas el pasado 29 de agosto. Esta semana se conoció una nueva resolución de la misma fiscal, a tono con el discurso de la Ministra de Seguridad de la Nación Sabrina Fréderic, reconociendo la toma de tierras como un delito y Pogliano exigió públicamente el desalojo inmediato. Obviamente, al igual que en los últimos 20 años a nivel provincial, el intendente omitió la parte de la resolución que exigía resolver previamente la situación habitacional de las familias ocupantes del predio del INTA desde el pasado 20 de agosto.

La gobernadora Arabela Carreras, luego del dictamen de Zapata, calificó de inadmisible la decisión del juez y agregó “gestionamos, pero no hacemos magia. Si pudiéramos generar alojamiento para cientos de familias en forma instantánea ya lo hubiéramos hecho y no tendríamos un problema habitacional”. Toda una confesión de partes a pocas horas de resolver un aumento al personal policial de la provincia en tiempo récord.

La resolución del juez Zapata da un respiro a las familias que ocupan el predio del INTA, al tiempo que el fantasma del desalojo se cierne sobre las tomas de tierras en todo el país y con el brutal ataque que sufrieron 300 familias de una toma en Ciudad Evita a manos de la Policía bonaerense y bandas de civiles de derecha, como trasfondo inmediato.

Estas últimas semanas, con el corolario de la “paritaria 9 mm”, los medios de comunicación y amplios sectores políticos (desde Espert hasta el ala progresista del peronismo) atizaron el discurso de derecha de criminalización de las tomas. De soluciones reales al problema popular del acceso a la vivienda, poco se ha escuchado de parte de toda la casta política patronal pronta a responder al pedido de impunidad y salarios de la Policía.

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El discurso de Pogliano en torno a la toma de terrenos en loma del medio no tiene desperdicio. Por un lado, el intendente de JSRN, llegó al poder en 2015 prometiendo solucionar el problema de las tomas en El Bolsón. En aquel entonces prometió la urbanización de Loma del Medio, un predio del INTA ocupado en 2011, al día de hoy continúa sin resolver la situación nominal del predio o siquiera asegurar el suministro de agua potable y servicios esenciales.

Pogliano hoy apela al “terrible impacto ambiental” de la toma en el Mirador del Azul, pero promovió una audiencia pública e hizo aprobar por el Consejo deliberante el loteo en la Pampa de Ludden que habilita una villa turística para multimillonarios. Ese lugar es considerado reserva de biosfera intocable, ahí nacen las aguas de todo el valle del Azul que desemboca en el Lago Puelo, Chubut. No sólo eso, ampliando la red cloacal urbana como parte de su campaña, colapsó la ya saturada planta de tratamientos de líquidos cloacales que contamina esa misma cuenca.
El mismo que acusa a los ocupantes de querer “hacer negocios inmobiliarios”, no sólo no ha brindado una sola solución habitacional, sino que loteó tierras municipales a privados con el único fin de recaudar. Por estas semanas, quien habla de “cuidar el patrimonio local” está vendiendo a una tasación (muy por debajo de la del mercado) el terreno municipal que alquila el Banco Patagonia en pleno centro del pueblo.

El mismo intendente que habla de respetar las leyes a quienes pelean por tierra para vivir, no ha movido un dedo ante el fallo judicial que ordena desde 2013 a Lewis abrir el paso Tacuifí al Lago Escondido. Parecen no ser ilícitos los sucesivos incumplimientos legales en que Hidden Lake ha incurrido con el tendido eléctrico de la central de paso que explota en el propio lago, o la exención impositiva de la que goza la empresa, o los negociados hechos con el centro de sky en el Cerro Perito Moreno. Muy por el contrario, esas ocupaciones son promovidas, defendidas y alentadas por el ejecutivo municipal. Para proteger la sacrosanta propiedad privada de Lewis y cuanto terrateniente o amigo del poder ronde por allí, el municipio siempre esta pronto a “gestionar lo necesario”.

La hipocresía de JSRN llega al paroxismo de que la legisladora y ex presidenta del consejo local, Adriana del Agua, haya promovido una “declaración de repudio por parte de la Legislatura provincial frente a la toma ilegal de tierras en la Reserva Forestal Loma del Medio – Río Azul, en perjuicio del ambiente, el patrimonio turístico y el bien común de los habitantes” por parte de la legislatura provincial, junto con un pedido al Ministerio de Seguridad de la nación y al Ministerio de Defensa (sic) sobre su urgente intervención. Cabe destacar que nunca se propuso nada remotamente similar respecto a la desaparición de Santiago Maldonado, o el asesinato de Rafael Nahuel, por nombrar dos hechos resonantes de la política local reciente.