Marilina Arias Docente CABA Miembro del Consejo Directivo de Ademys
Sábado 20 de septiembre de 2014
Imagen: La mujer de púrpura
La polémica crece en Salta. La educación religiosa es ley desde 2008, pero desde 2010 un grupo de familias y organizaciones sociales viene exigiendo que se dejen de dictar contenidos católicos en las escuelas públicas. La Justicia salteña intervino a favor de la ley vigente, ahora la Corte Suprema será la que deba expedirse. Se acerca el XXIX Encuentro Nacional de Mujeres en Salta y seguramente éste sea uno de los tantos debates que miles de mujeres aspiren a dar.
En el 2008 el Senado provincial de Salta convirtió en ley la enseñanza obligatoria religiosa en las escuelas públicas. En ese momento, el Consejo Provincial de Educación Católica del Arzobispado de Salta reunió 30 mil firmas para apoyar el proyecto.
Sin embargo la enseñanza de la religión católica venía siendo ya implementada desde 1978 bajo el mandato del gobernador salteño Roberto Augusto Ulloa, un militar retirado nombrado en su cargo por el entonces presidente de facto Jorge Rafael Videla.
Treinta años después, en el gobierno de Uturbey, se hacía ley la enseñanza de la religión católica que desde los años más oscuros integra los planes de estudio de la primaria en la provincia. La materia de religión es parte de la currícula para más de 200 mil estudiantes que cursan la primaria en establecimientos públicos de gestión estatal.
Además, en muchas escuelas es una costumbre comenzar la jornada con una oración o ir a misa en horario de clase. El alto tribunal avaló además que se siga rezando en horario de clases. Por su parte el Ministerio de Educación de Salta explicó que la asignatura de religión “no es obligatoria”, por lo cual los alumnos pueden quedarse fuera del aula durante esa clase.
La ley desató polémicas antes de sancionarse, el mismo Ministerio de Educación de la Nación decidió no interferir en esta violación del carácter laico de la educación pública: “Es una decisión de la legislatura salteña. El artículo sobre la enseñanza religiosa ya estaba en la ley anterior, incluso en la Constitución provincial”.
Pero a pesar de contar con el apoyo nacional, de la curia y basados en el argumento de que la mayoría de la población salteña es católica, el gobierno de Uturbey y la Corte de Salta, vienen siendos cuestionados desde el 2010 después de un amparo presentado por un grupo de familias y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que reclaman al Estado que declare inconstitucional la materia de religión.
Las familias plantean que sus hijos se sienten discriminados porque no comparten las creencias católicas que se enseñan en este espacio. A pesar de ello, la Corte de Justicia de Salta decidió sostener la enseñanza de religión en las escuelas públicas y rechazó el pedido de familias que querían que se suspenda la materia.
Recientemente, y luego de la apelación de las familias, la Corte de Justicia de Salta hizo lugar al recurso extraordinario federal que habían presentado los demandantes, para que sea el máximo tribunal de Justicia del país el que resuelva el caso. Mientras tanto, el debate ha trascendido las fronteras de la provincia.
La injerencia de la Iglesia católica en cuestiones de Estado no es novedad: se subsidian con millones de pesos a las escuelas privadas religiosas, se destinan otros millones a pagar sueldos a curas y obispos, se exime a las propiedades eclesiales del pago de impuestos, y su opinión en debates sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos aún es determinante en la negación del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
El hecho de que este año el XXIX Encuentro Nacional de Mujeres se desarrolle en Salta, plantea un enorme desafío para el movimiento de mujeres: visibilizar el rol que cumple la Iglesia y poner en el seno del debate la necesidad de la separación de la Iglesia y el Estado.
