Entrevista. Rigi en debate: "Unión por la Patria lo cuestiona pero no concibe un país libre del orden del FMI y las multinacionales"

“Los gobiernos kirchneristas llegaron a darle una suerte de Rigi a Chevron y otras petroleras que ingresaron al negocio de Vaca Muerta firmando un acuerdo secreto”, denunció también el diputado provincial de Jujuy Gastón Remy (PTS-FITU), señalando el marco común que comparten todas las fuerzas políticas capitalistas.

Redacción Jujuy

Jueves 27 de junio 09:05

A propósito de la votación del Rigi, la senadora Moisés, planteó que es la única forma de crear 1.000 puestos de trabajo en el NOA. ¿Cuál es el impacto en el empleo de este tipo de medidas?

El planteo de la senadora o del que a su manera habla el gobernador Sadir es muy simplista. En el país el empleo asalariado se encuentra prácticamente estancado en la última década. El último Censo lo grafica para el caso de la provincia. Entre 2010 y 2022 el empleo privado y público creció apenas un 0,9 % (199.824 puestos en total), mientras que el cuentapropismo lo hizo en un 87,3 % (105.632 puestos en total).

Por otro lado, la inversión en bienes de capital en relación al PBI presenta muy pocos cambios durante este período en todo el país, lo cual, en parte explica lo que está pasando en materia de empleo.

En la provincia donde se encuentra todo el atractivo del litio, las inversiones más importantes fueron a ese sector con la entrada en funcionamiento de dos proyectos, Sales de Jujuy (U$S 460 millones en dos tramos) en 2016 y Exar en 2023 (U$S 979 millones). Crearon 608 puestos de trabajo entre 2016 y 2023 en el sector. Mientras que si consideramos el departamento de Susques, donde se desarrolla la actividad del litio, el empleo privado registrado creció un 146 % entre 2015 y 2021 (último dato disponible), pasando de 1392 a 3436 puestos. Estos último datos, incluyen parte del aumento del empleo minero, pero también empleo indirecto.

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Sin dudas, para esa región estas inversiones generan un impacto importante en empleo, pero no mucho más que eso. Más aún cuando son zonas donde el crecimiento poblacional es exiguo como en este caso tan solo 307 habitantes más entre 2022 y 2010, o directamente ven reducir su población como sucede en los departamentos de Santa Catalina o Rinconada ubicados en la Puna.

Por fuera de la cuestión del empleo, ¿Qué impacto tienen estas inversiones mineras?

Considerando lo que te decía del empleo, en materia de inversiones y desarrollo hay que incorporar una mirada más amplia. Esto implica por ejemplo considerar el impacto ambiental de estas inversiones mineras que tienen un carácter de economía de enclave, exportador y extractivista. Se exporta el mineral con bajo valor agregado y no hay ampliación del aparato productivo local. Tampoco de la infraestructura. Las litieras montan campamentos con estructuras de viviendas tipo containers, muy diferente incluso, al tiempo donde llegaban a construir pueblos como en Pirquitas o El Aguilar.

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A la vez, vale preguntarse qué sucede con las condiciones de vida de la población en relación al volumen de riqueza exportada en millones de dólares que sale de ese lugar. En Susques, una localidad expuesta a bajas temperaturas extremas, solo el 3 % de las viviendas tienen techo de losa y el 38 % de la población no tiene acceso a cobertura de salud según el Censo 2022. Estas contradicciones sociales afloraron a través de los cortes de la ruta 52 por parte de las comunidades originarias en el marco de la lucha contra la Reforma el año pasado.

¿Hubo otras inversiones por fuera del litio?

Realmente muy pocas pese al relato del gobierno de haber propiciado un “cambio de la matriz productiva.” Reactivaron Mina Pirquitas (2018) tras su cierre unos años antes. Y hubo una inversión estatal importante en la construcción del parque solar Cauchari, en base a un gran endeudamiento. En menor medida, la empresa estatal de cannabis medicinal. Y hubo un cambio de manos de empresas de larga data como Minera Aguilar (tras la retirada de Glencore, llegó el grupo Integra de los empresarios Vila-Manzano) o el Ingenio La Esperanza (que resolvió la quiebra a favor del grupo Budeguer de Tucumán). En ambos casos se aplicaron despidos, quita de derechos laborales y más precarización laboral.

Esta suerte de estancamiento de la inversión se da junto con grandes capitales que han mejorado su rentabilidad durante todo este tiempo. Sin embargo, su estrategia es de reinvertir un porcentaje muy reducido de las ganancias. El resto lo introducen en el sistema financiero dentro o su mayoría fuera del país.Y aquí no hay grandes diferencias de comportamiento entre el origen del capital, sea extranjero o nacional. Por ejemplo, el grupo Ledesma entre 2015 y 2017 por cada 1 millón de pesos destinados a inversión bruta destinó 2,2 millones a actividades financieras, esta proporción se eleva a 5,32 durante el 2018 y 2019 (años de fuerte endeudamiento de la empresa) para bajar entre 2020 y 2023 a 1,41 veces.

Por lo que mencionas estas inversiones está claro que son insuficientes en materia de empleo y más bien profundizan el carácter primario de la economía, ¿Pero no puede darse una “lluvia de inversiones” con el gobierno de Milei, el Rigi y el conjunto de la Ley Bases que al menos genere empleo?

Un documento de la Cepal que analiza la inversión extranjera directa en el mundo indica que dada cierta reducción de la rentabilidad de las grande inversiones, las tensiones entre los Estados y, en particular la guerra entre Ucrania y Rusia, la inversión en el mundo y la que se dirige particularmente hacia América Latina y el Caribe no muestra casi síntomas de salir del estancamiento de la última década.

Sin embargo, en los anuncios de inversión en 2022 los grandes proyectos son principalmente en los sectores de petróleo y gas, minería y energías renovables. En parte, estos anuncios están relacionados con la necesidad de las grandes potencias de proveerse de lo que denominan minerales críticos dentro de su estrategia de “transición energética”. Estados Unidos bajo la Ley de Reducción de la Inflación o el Pacto Verde Europeo disponen líneas de crédito millonario para financiar las inversiones energéticas. Se trata de una apuesta audaz a dotarse de regiones geopolíticas más confiables como hoy puede ser América Latina en su estrategia de aprovisionamiento de energía bajo un manto de “preocupación ambiental”.

En este marco, no es casualidad que el Rigi haya definido las áreas de foresto industria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, petróleo y gas, siderúrgica, como los sectores comprendidos para la localización de las grandes inversiones. Hay incluso economistas que defienden el plan de Milei y consideran que el Rigi puede permitir concretar inversiones que están ya en carpeta de oro, plata y cobre en la mina Josemaría de San Juan o la planta de licuefacción de gas natural vinculada a Vaca Muerta.

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Pero que para atraer un volumen mayor y sostenido de capitales no alcanza. No hay dudas que el Rigi está hecho a la medida de las necesidades más urgentes del capital imperialista y sus socios locales, y que en materia de empleo, lejos de dar solución al problema que hay se va a profundizar la fragmentación actual entre un sector con trabajo registrado, otro precario y un mar de cuentapropistas precarizados. Y recordemos que la Ley Bases incorpora un capítulo de reforma laboral para quitar derechos a los trabajadores que va a reproducir más precarización laboral. Acá la falta de una política de la CGT y CTA para hacer caer esta Ley con la movilización y medidas de fuerzas es notoria.

Y en la provincia, ¿qué efecto tuvo la Ley de Inversiones que votó la Legislatura?

Desde 2016 que se votó una Ley de promoción del empleo e inversiones según la información oficial se fueron otorgando facilidades fiscales, créditos a 78 empresas del ámbito local que en general son Pymes. Y el impacto en el empleo es más que limitado. En 2022 se hizo una modificatoria a la Ley que la asemeja más a un Rigi jujeño. Donde se otorga la devolución del 100 % de los aportes patronales o del 30 % de la inversión. Algo así, se aprobó por Ley especial para el Ingenio La Esperanza que no pagará impuestos provinciales por 10 años y se le facilitó la compra del mismo en cómodas cuotas que pueden compensarse incluso con inversiones. En materia de empleo tiene menos trabajadores que cuando se vendió, acortaron el período de trabajo anual y la mayor parte del personal lo pasaron al monotributo. Eso sí, por este marco legal entreguista ningún sector del PJ, comenzando por los que lo votaron y ahora cuestionan la decisión de la senadora Moisés, puso el grito en el cielo.

En la interna del PJ, la senadora por Jujuy, respondió que el kirchnerismo es dogmático al sostener que el Rigi es volver al colonialismo, en una suerte de dicotomía, “patria o colonia”. ¿Esto es así?

El Rigi claramente le imprime al país una mayor subordinación al gran capital dónde no se distingue su origen, aunque en su mayoría sería extranjero. Por ejemplo, tendrá libertad para no ingresar al país los dólares de las exportaciones. Esto es una pérdida de soberanía inédita. Al igual, que aceptar que los juicios que se hagan sobre las empresas que ingresen a través del Rigi se dirimirán en tribunales exteriores donde el país lleva siempre las de perder. Esto es lo que gobernadores del NOA, como Sadir, Jalil, Sáenz o Jaldo muestran como el único camino posible para el desarrollo. Rafitican un rumbo extractivista que ya tenían estos gobiernos radicales o del justicialismo antes del triunfo de Milei.

Sin embargo, como en toda polémica política suele haber exageraciones. En la relación con el capital extranjero el país cedió amplios márgenes de decisión desde la dictadura en adelante. En consonancia con la reestructuración del capitalismo en el mundo, desde los años ’70, se instauró todo un conjunto de leyes (de inversiones, financiera), que luego fueron ampliadas por el menemismo (Ley de Inversiones mineras, tratados bilaterales de inversión) que ningún otro gobierno se animó a desarmar hasta la actualidad. De esta forma, las empresas multinacionales, los bancos, pasan a tener capacidad de veto sobre la economía. Y refuerzan así los rasgos semicoloniales del estado argentino.

Pese a ello, los gobiernos kirchneristas sostuvieron un relato de ganar autonomía pagando en forma serial la deuda a los acreedores externos y al FMI. O llegaron a darle una suerte de Rigi a Chevron y otras petroleras que ingresaron al negocio de Vaca Muerta firmando un acuerdo secreto. Es más, sus economistas hoy plantean un Rigi para la construcción de la planta de licuefacción de gas que le permita a las empresas liquidar solo el 50 % de los dólares de las exportaciones. Incluso, la propia ex vicepresidenta en su carta publicada en febrero de este año también propone un régimen especial para grandes inversiones.

Entonces, más allá de la polémica ¿no son tan diferentes los esquemas de tratamiento de las inversiones extranjeras?

Para nada. Por eso, presentar como algo alternativo al Rigi al proyecto de concesiones al gran capital matizadas con algunas regulaciones (cambiarias, fiscales), algún agregado de valor con una cuota de proveedores locales o de cierta transferencia de tecnología es esquivar la realidad. También lo es, el esquema de Rigi más asociación de los Estados provinciales como hace Jemse con las literas, que recién luego de siete años recibió dividendos por 203 millones de pesos, el equivalente al 0,08% del presupuesto provincial.

No muy distinto es el esquema de asociación con las mineras de litio a través de YPF como propone el sector de Grabois. Se presenta la ilusión de que si YPF, una sociedad privada con mayoría estatal, se asocia con las mineras de litio se pueden lograr cierta regulación en el sentido que se le da a la actividad, hacerla menos extractivista, y generar algún agregado de valor local y desarrollo de las comunidades.

Ambos postulados parten de una misma limitación en la medida que reconoce toda la legislación y tratados bilaterales vigentes en materia de inversiones. Consideran que no hay otra opción que aceptar las órdenes de las multinacionales y sus estados. A la vez, comparten la lógica general de que el único camino para que lleguen las inversiones es continuar cediendo de alguna u otra forma parte de la ya limitada autonomía. Y todo esto, en gran medida, asociado al nicho de minerales y energía. Fijate el caso del gobernador Kicillof, un férreo defensor del negocio petrolero en las costas de Mar del Plata.

Y no se puede olvidar que el gran capital se ha dotado de todo este andamiaje legal y de tratados, articulados con los organismos multilaterales de crédito como el FMI, que les garantizan sus estructuras de negocios globales. Aquí entra el lugar que le otorgan a países de la periferia como meros proveedores de materias primas. De ahí, por ejemplo, que no les sea rentable producir baterías de litio en el país dados los bajos costos que obtienen fabricando en China y la reducida escala del mercado interno.

La dependencia con el gigante asiático, el principal comprador del litio, es enorme. A punto tal que la diputada nacional Leila Chaher que disparó la polémica con la senadora Moisés semana atrás compartió una foto con un funcionario del gobierno de China junto a otros legisladores de UP y de la UCR jujeña. No tan diferentes, dado que en el fondo no ven una alternativa al rol de subordinación del país a los grandes jugadores globales.

En este marco, aceptar seguir dando concesiones al gran capital es seguir profundizando un círculo vicioso de la dependencia y la reprimarización económica. Es utópico pensar que el desarrollo va a venir de este tipo de regulaciones y/o asociaciones estatales con el gran capital.

¿No hay otra alternativa al Rigi y el esquema actual de legislación de la inversión para generar empleo y desarrollo?

Sí, y solo se puede poner en pie si se comienza por cortar ese nudo de dependencia que crea la subordinación del país al FMI, a los acreedores de la deuda y todo ese espectro de leyes locales y tratados bilaterales que nos atan a la estructura de negocios de los dueños del mundo. Sin lograr esta autonomía es realmente utópico pensar en un desarrollo de la economía en función de las necesidades de las grandes mayorías.

Por eso, para lograr una salida de este tipo no se puede esperar nada de las fuerzas políticas tradicionales o del actual gobierno nacional; por el contrario se necesita conquistar con la lucha un gobierno de trabajadores en alianza con el pueblo pobre.

¿Y qué medidas a favor de las mayorías se deberían tomar?

De ahí que se pueden tomar medidas realmente que vayan al fondo de la cuestión. Como es la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo en las principales empresas. Esto se podría por ejemplo implementar en las mineras o en el ingenio Ledesma. En este último, considerando las distintas actividades que posee en su complejo existentes y la posesión de 140.000 hectáreas, se podría avanzar en un plan de diversificación productiva que genere alimentos de calidad, frente al monocultivo de la caña de azúcar, y empleo todo el año. Lo mismo, frente al monocultivo en las tierras dedicadas al tabaco en manos de grandes terratenientes.

Es un país y una provincia rica con trabajadores pobres. Si pensas que el negocio del litio lo proyectan a 40 años, con el precio actual cercano a 20.000 dólares la tonelada y el costo en 5.000 dólares, solo explotando la mitad de la capacidad productiva que planean tener (80.000 tn anuales) se podrían construir 5.000 viviendas confortables por año. De esta forma, en tan solo 6 años se podría eliminar el déficit de vivienda. Y es más, se podría ligar este plan como parte de reactivar Aceros Zapla donde hoy se produce hierro para la construcción y vincular con las empresas que producen cal y cemento en la provincia, como parte de un mismo plan de obras. Esto es solo un ejemplo del potencial de riqueza que tenemos y qué pasaría si es controlada por otra clase.

¿Y qué rol jugarían los trabajadores y comunidades en este tipo de medidas?

Te lo explico con un ejemplo. En cuanto a la decisión de la explotación del litio, en cantidad, el destino del excedente, las técnicas de extracción, entre otras cuestiones, es algo que tiene que estar en manos de las comunidades y de los trabajadores. Son ellos los que tienen que decidir tomando el control. Por eso, la pelea por un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre, apunta justamente a eso, a que las mayorías que producen la riqueza con su trabajo puedan decidir. Y no que un puñado de multinacionales decidan a favor de su bolsillo. Se trata de un cambio de raíz, pero es lo único que nos puede librar de una catástrofe social y ambiental por lo cual vale la pena aportar al desarrollo de una fuerza política que pelee por esta salida.

Rigi