Del mismo gobierno de PSOE-Sumar que dijo aquello de “confiar en la generosidad en los caseros” para bajar los alquileres, llega “confiar en que la concertada quite las cuotas ilegales” y regalarles todavía más dinero público. Mientras, se extienden las luchas ante una educación pública desfinanciada.
Lunes 28 de octubre
Para que la escuela concertada no cobre cuotas extra ilegales a las familias, a pesar de vivir del dinero público a cambio de segregar al alumnado, el gobierno de PSOE-Sumar ha anunciado a través del Ministerio de Educación que directamente les subirá el presupuesto. Algo parecido a lo que sería subir el presupuesto de la Casa Real para evitar más casos de corrupción de la Corona. Ya les funcionó bien, parece ser.
El 80% de los colegios concertados lleva décadas cobrando cuotas a las familias con un promedio actual de 108,38€ al mes, la cuales no son legales, puesto que esta patronal de la educación vive del dinero público. De hecho, este sería un supuesto motivo legal para que el centro deje de recibir fondos públicos, así como rechazar alumnado con necesidades especiales, algo que ha sido descubierto en reiteradas ocasiones. Solo que los casos de conciertos educativos que se han retirado por estos incumplimientos pertenecen a la misma realidad paralela en la que una ayuda al alquiler no viene unida a una subida de los alquileres.
Recapitulemos. Con la aprobación de la LOMLOE durante el pasado gobierno de PSOE-UP la patronal de la escuela concertada puso el grito en el cielo, acusando al gobierno de amenazar su continuidad. Movilizaciones de organizaciones vinculadas a la Iglesia y a la patronal educativa que recibe dinero público protestaban ante lo que el gobierno definía como una “actualización de los fondos que recibían”, “revisando el coste real de los conciertos”.
¿El gobierno más progresista de la historia iba a pasar a la educación concertada a una red pública? No. ¿Iba a recortarles el presupuesto a estas empresas que viven del presupuesto estatal, que segregan alumnado, hacen negocio con la educación y cobran cuotas ilegales extra a las familias? No, que va. ¿Iba a dejar de regar con millones de dinero público a la educación religiosa, reaccionaria y patriarcal? No, por Dios, no. ¿Iba a dejar de recortar plazas y prácticas en la FP pública, que hace que miles de estudiantes tengan que ir a la concertada contra su voluntad? No parece. Entonces, ¿qué ha sucedido?
Por una parte, la LOMLOE con PSOE-UP volvía a renovar el blindaje a la concertada. Por otra parte, el primer anuncio de una posible actualización de esos fondos ha llegado a finales de 2024 ya con PSOE-Sumar. Finalmente, el primer anuncio de aplicación de esta medida es… para darles más dinero mientras se quita de la escuela pública. Un Robin Hood a la inversa de la educación. El trasvase de dinero público a la patronal del crucifijo en la pizarra más progresista de la historia.
Pero, de ¿dónde sale la concertada y cuánto nos cuesta pagarles por segregar e inflar notas?
La subvención a la sotana más progresista de los 80
En 1985 con la LODE, impulsada por el Ministro de Educación José María Maravall, y bajo el apoyo incondicional del PSOE, se aprueba el sistema de conciertos en los colegios privados. Es decir, pagar con dinero público una contrata con colegios privados, que eran tradicionalmente de la Iglesia y las élites y una cadena de transmisión fundamental del franquismo que aún estaba reciente.
En lugar de decir que iban a regar de dinero público el "atado y bien atado" de la educación postfranquista, lo vendieron como "la mejor solución", puesto que se presentó como una respuesta a la alta tasa demográfica y de natalidad durante los años 60-70, el llamado “baby boom”. Según esta versión, dichos conciertos tenían como finalidad la no construcción de edificios públicos que posteriormente iban a quedar sin uso según esta versión. Además el trato iba a ser temporal.
Pero llevamos 41 años conviviendo con la escuela concertada. 41 años en los que ningún gobierno se ha atrevido a poner fin al asunto. Es más, ha conseguido blindarse.
A nivel estatal la concertada aumentó desde 2004 un 50,4% de financiación estatal. Actualmente es de 7.426 millones de euros. En este periodo, los colegios privados concertados han pasado de gestionar el 10,5% del presupuesto total de educación al 17,7%. Y todo con la misma relación de alumnos a nivel estatal entre una y otra: 67,2% para la pública, 25,5% para la concertada de manera prácticamente invariable en esta década (el resto son colegios privados).
En este momento, Escuelas Católicas -la red que agrupa a los centros de la Iglesia- representa al 60% de la escuela concertada con 1,2 millones de alumnos en 5.939 entidades pedagógicas. Recibe por su labor 4.866 millones de euros cada año, según sus propios datos. La red de docentes de religión que imparten en la escuela pública, por fuera de la contratación del Estado, permite a la Iglesia embolsarse otra partida de ingresos. Ni qué decir del papel de estos centros para la transmisión de la doctrina reaccionaria y patriarcal de la Iglesia Católica, en los que además hoy se apoya la derecha con Vox a la cabeza para atacar la educación sexual de la diversidad con el llamado “pin parental”.
¿Nuestra Señora de los Desfinanciados o pelear por una educación realmente pública?
Al mismo tiempo, en las comunidades gobernadas por la derecha vemos como esta política continúa, pero sin disimular. Algunos ejemplos son el cierre de 2000 vías en la pública de Andalucía mientras se aumentaba el presupuesto a la concertada o en Aragón con el regalo de 700.000 euros de ayudas a las familias que usan la concertada mientras hay institutos públicos luchando porque no tienen conserjería, falta limpieza, docentes, traductores o se cierran clases. Los ataques a la educación pública se notan en su saturación, con cada vez menos medios para educar, atender al alumnado o mantener el propio centro: así aumenta el negocio de academias y extraescolares para poder aprobar o recibir una atención a la que la pública debería llegar y no llega.
Mientras el gobierno responde con más promesas de aumentar los presupuestos a la concertada, la situación es cada vez más tensa en los centros educativos públicos. En la Comunidad de Madrid se esperan dos jornadas de huelga el 29 de octubre y 21 de noviembre, mientras en Aragón el día 30 de octubre se acerca la tercera jornada de paros en protesta por los recortes en educación. La FP podría renovar nuevos ciclos de movilizaciones ante una brutal privatización y falta de medios.
Avanzar hacia la coordinación de luchas, la unidad entre docentes, no docentes y estudiantes, y la exigencia a los grandes sindicatos de grandes convocatorias parece necesario. Es una premisa esencial para levantar un plan de lucha que permita enfrentar los planes de ajuste mientras pagamos esta sangría constante de dinero hacia la patronal de la educación. Esta unidad es clave para revertir ataques tan descarados como este, pero también para reunir las fuerzas necesarias para poder plantearse medidas como la separación de Iglesia y Estado o el paso de la concertada y privada a una única red pública de centros públicos.
Cuestionamos el actual sistema educativo que está al servicio de seguir reproduciendo la sociedad capitalista, pero sabemos que esta lucha va unida a los combates y demandas actuales. Por eso participamos de las jornadas de luchas educativas planteando la coordinación de las luchas y la pelea por la ampliación del personal docente, el reparto de horas de trabajo sin merma salarial, el pase a plantilla de todos los sectores de la educación externalizados (monitoras, soporte de aula, infantil, personal de cocina y limpieza, etc) y un aumento drástico en los presupuestos generales para educación. La lucha por una educación 100% pública y al servicio de la clase trabajadora tiene que buscar la unidad con luchas como la de la vivienda y la sanidad, de sectores de trabajadores en lucha y de la juventud, sumando fuerzas para golpear con un sólo puño contra sus ataques.
Jorge Remacha
Nació en Zaragoza en 1996. Graduado en Historia en la Universidad de Zaragoza. Milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español y en la agrupación juvenil Contracorriente.
