Las políticas de un gobierno peronista de 35 años, la realidad escondida de la provincia, y las PASO que quiere Rodríguez Saá con la izquierda y los movimientos sociales.
Martes 27 de febrero de 2018 11:30
Hace unos días, el diario Página 12 publicó una nota en la que entrevista a Alberto Rodríguez Saá (actual gobernador de San Luis) quien declaró que de cara al 2019 es necesaria la realización de una “gran interna en el campo popular en la que no sólo tiene que estar el peronismo sino también la izquierda y los movimientos sociales”.
Sin embargo, este pedido no se sostiene en nada realmente, ya que el peronismo y la izquierda tienen políticas totalmente diferentes que atienden y representan intereses de sectores sociales distintos. El de los empresarios, por un lado, y el de los trabajadores, por otro.
Como viene sucediendo a nivel nacional con el gobierno de Macri, la gestión del gobernador puntano viene ejecutando políticas de ajuste y represión contra el pueblo trabajador de San Luis.
Mientras los empresarios radicados en la provincia suspenden y despiden trabajadores o cierran fábricas, dejando a decenas y cientos de familias sin ingresos, el Gobierno local avala esta situación sin tomar medidas serias al respecto. Esto se suma a que los salarios no llegan a cubrir el costo de la canasta básica familiar, el sueldo básico de los trabajadores estatales es uno de los más bajos del país y a que no existe la instancia de paritarias provinciales para la negociación salarial, ya que todo se resuelve por medio de decretos del Ejecutivo Provincial.
Por otra parte, el trabajo precario es lo que prima en suelo puntano, no sólo en el ámbito privado sino también en el sector público y, quiénes más la padecen, son los jóvenes. Las fábricas, utilizando empresas selectoras, los contratan por unos días, semanas o algunos meses para luego descartarlos como basura y contratar a otros. Y, el Estado, utilizando diversas modalidades de contratos laborales flexibles, los emplea como “ayudas económicas”, “pasantes”, “contratados” y “monotributistas” por algunos meses o, en el mejor de los casos, por años sin pasarlos a planta permanente. Esta situación laboral obliga a los jóvenes a dejar de estudiar porque el tiempo y el sueldo no son suficientes para ello. No por nada, entre los trabajadores estatales se dice que San Luis es una de las “capitales de la precarización laboral”.
Asimismo, hay una situación represiva en exceso hacia los sectores populares, ya que en los últimos años, se han profundizado en forma considerable las políticas represivas hacia la juventud de los barrios populares mediante razias policiales, en las que, el abuso de autoridad, los golpes y el hostigamiento por parte de los agentes policiales son moneda corriente. Con la excusa de una supuesta “lucha” contra el narcotráfico y el crimen organizado, se orquesta un fortalecimiento del aparato represivo del Estado contra miles de mujeres, trabajadores y jóvenes que padecen las consecuencias de la exclusión y el ajuste.
Todo esto se encubre con las políticas de obras públicas impulsadas por el gobierno que, dicho sea de paso, son una de las columnas vertebrales del enriquecimiento económico de los empresarios y la casta política local. Mientras se gastan millones de pesos en obras “faraónicas”, como las réplicas del Cabildo y la Casita de Tucumán o mega-estadios y autódromos como “La Pedrera”, las condiciones edilicias de los establecimientos educativos y los centros de salud dejan mucho que desear, y los planes de vivienda son muy limitados y no llegan a cubrir la demanda de los sectores más vulnerables que no saben lo que es tener un techo propio y digno.
El relato de que San Luis es “otro país” se ha construido en base a esta forma de hacer obra pública. Pero, detrás de las ya mencionadas mega-obras, yace la verdadera realidad social que se vive en la provincia. Así es que la obra pública puntana no está destinada a satisfacer las necesidades prioritarias del pueblo trabajador sino que está al servicio de la especulación inmobiliaria, comercial y turística.
Cuando la realidad verdadera se va abriendo paso, dejando de lado los mitos del “otro país” o de la provincia “mejor administrada”, comienzan a florecer puntos de conexión entre la forma de hacer política de los hermanos Rodríguez Saá y el resto de la casta política gobernante, cualquiera sea su color político. Es que todos y cada uno de ellos, gobiernan (a su manera) para un mismo fin: garantizarles a los empresarios y terratenientes beneficios económicos cada vez mayores, a costa del trabajo, la educación, la salud y el bienestar de los trabajadores y sectores populares.
Si bien el macrismo es el rostro más desfachatado a la hora de ejecutar este tipo de políticas, lo cierto es que los diferentes sectores del peronismo le han sabido rendir pleitesía y gobernabilidad para avanzar todo lo que pudo contra los derechos del pueblo trabajador.
Pensar, entonces, que para derrotar a la coalición cambiemita en las elecciones presidenciales del 2019 es necesaria una interna entre el peronismo, la izquierda y los movimientos sociales, es decir, unas PASO entre quienes colaboran y co-gobiernan con el gobierno nacional de Macri y quienes lo enfrentan diariamente en las calles, es pretender superar como sea una crisis de liderazgo y unidad en el mismo seno del justicialismo y la pérdida de representatividad y hegemonía en la sociedad argentina.
La forma de gobernar que los hermanos Rodríguez Saá vienen sosteniendo hace ya 35 años en la provincia de San Luis con problemas estructurales no solucionados como la pobreza, el desempleo, la falta de viviendas dignas, el trabajo precario y el constante desfinanciamiento a la salud y educación pública, por un lado, y la política de cambio de favores entre los diversos sectores del peronismo, el macrismo y viceversa, por otro, son los fundamentos suficientes para concluir lo siguiente: el programa político de la familia Rodríguez Saá y el resto del peronismo es completamente incompatible con el de la izquierda de Nicolás del Caño y Myriam Bregman. Y que la mejor manera de enfrentar a Cambiemos es fortaleciendo una alternativa política independiente de las mujeres, los trabajadores, la juventud y los jubilados que luche por la defensa y conquista de sus derechos y por un gobierno de trabajadores. El Frente de Izquierda y los Trabajadores es una apuesta en ese sentido.
