Pandemia. Rosario: crecen los contagios de coronavirus entre trabajadores de la salud

En el contexto de un aumento progresivo de casos en la provincia y el establecimiento de Rosario como zona de transmisión comunitaria, esta semana se hizo público que al menos 20 trabajadores de la salud del Hospital Privado de Rosario (HPR) -personal médico y de enfermería- dieron positivo al test de coronavirus, debiendo ser aislados un total de 40 trabajadores. Estos contagios se suman a los reportados en otros sanatorios como ICR, Sanatorio Británico y Sanatorio de la Mujer, y ponen de manifiesto la peligrosa situación de la mayoría de los trabajadores de la salud de la ciudad: precarización laboral, pluriempleo y ausencia de un plan regional para reducir contactos y resguardar al personal.

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La aparición de focos de COVID19 en instituciones de la salud es, en sí misma, extremadamente preocupante. Los trabajadores sanitarios se encuentran expuestos no sólo a contagiarse de coronavirus, sino que la misma atención genera también riesgo de contagiar a otros. Y esa preocupación se transforma en alarma cuando se descubre que, debido a que se encuentran en situación de informalidad y precariedad, la mayor parte del personal médico y de enfermería trabaja en varias instituciones, por ser imposible subsistir con los ingresos de un único trabajo. Así, por ejemplo, un médico que se contagia en el ICR tiene luego que continuar su jornada en PAMI, y el fin de semana realiza una guardia en el HPR o hace el control médico en un geriátrico privado.

Este vergonzoso fraude laboral, a veces bajo la figura del monotributo, y otras directamente sin ningún registro, es una de las formas de contratación más frecuentes en instituciones públicas y privadas. Décadas de explotación hicieron que esto se naturalice. Para gran parte de los médicos y enfermeros tener un trabajo en blanco con aportes y obra social es casi un sueño imposible.

Ningún gobierno dio nunca respuesta a esta irregularidad. Por el contrario, todos dieron vía libre a las instituciones privadas para mantener como "eventuales" a trabajadores que durante años ejercen en el mismo puesto y, en el caso de enfermería, sistemáticamente se negaron a reconocerles como profesionales de la salud. Mientras tanto, instituciones públicas y privadas abonan honorarios muy por debajo de los establecidos por colegios profesionales y niegan derechos básicos como licencias por enfermedad y vacaciones pagas.

Es así que, pandemia y aumento de la demanda al sistema de salud de por medio, los trabajadores de la salud deben seguir rotando entre lugares de trabajo y aumentando su riesgo de exposición al coronavirus, mientras se encuentran con la necesidad de garantizar sus propios elementos de protección, ya que muchas instituciones no los proveen o lo hacen de forma deficiente.

Es hasta perverso culpar de los brotes a la "responsabilidad individual" mientras quienes trabajan en el sector salud llevan décadas de explotación y precarización. Médicos, enfermeros, camilleros, personal administrativo y de limpieza, son la primera línea frente al avance del coronavirus. Pero la rápida propagación de casos en las distintas instituciones desnuda la situación de vulnerabilidad y riesgo a la que se ven sometidos. No alcanza con inaugurar hospitales modulares y camas de terapia intensiva (que, a la sazón, siguen siendo insuficientes), si simultáneamente se pone en riesgo enorme e innecesario a quienes deben darles utilidad.

Es importante señalar que algunas instituciones realizan rotaciones de personal entre áreas con alto riesgo de exposición a COVID y áreas de menor riesgo, para disminuir el riesgo individual de contagio de cada trabajador. Se trata de una medida básica y lógica, pero que resulta incumplible en el contexto de desregulación laboral que impera en el sector. Si alguien trabaja en tres instituciones distintas, y cada una tiene su normativa distinta sobre rotación o no y sobre cuándo y cuánto tiempo rotar, este método se transforma en una pantomima. Más aún en lugares como centros de salud, donde no sólo no se puede pensar en proteger a los trabajadores con jornadas rotativas, sino que la falta de personal llevó incluso a reducir la atención.

Sumado a esto la realización de hisopados a trabajadores de la salud queda, muchas veces, a criterio del empleador. El caso del HPR debe servir también para encender la alarma: los 20 casos detectados son asintomáticos. La ausencia de testeos masivos regulares a los trabajadores de salud, con el objetivo de detectar casos asintomáticos y prevenir la transmisión comunitaria, deberían ser la regla y no la excepción. Pero los gobiernos nacional, provincial y municipal se han llamado a silencio sobre la cuestión, abriendo las puertas a la extensión de estos brotes de contagios.