Se resolvió dictar prisión preventiva a solo dos policías de los ocho imputados en la causa por privación ilegítima de libertad y torturas en la Seccional n° 14 padecidos por siete jóvenes de la zona oeste. Una de las imputadas continúa prófuga.
Viernes 30 de marzo de 2018 20:15
La madrugada del día viernes 23, un grupo de jóvenes menores de 24 años que se encontraban reunidos en las Cuatro Plazas de Mendoza y Provincias Unidas luego de compartir un asado en la casa de uno de ellos, fueron sorprendidos por la Policía de Acción Táctica (PAT) y el Comando Radioeléctrico, donde padecieron apremios ilegales por parte de estas fuerzas, seguido de privación ilegítima de la libertad, y una brutal golpiza acompañado de insultos, humillaciones y vejaciones, que continuaron con torturas en la Seccional N° 14, donde se recibió a los jóvenes sin ningún tipo de orden judicial ni justificativo legal y se los mantuvo encerrados por más de 15 horas sin notificar en ningún momento a la fiscalía, violando todas las garantías procesales de las víctimas.
A uno de los chicos le dispararon un balazo de goma en la pierna, de la cual aún tiene las marcas.
La audiencia
El jueves se realizó en los Tribunales provinciales audiencia imputativa a los ocho policías acusados de apremios ilegales, falsificación de acta, incumplimiento de los deberes de funcionarios y abuso de autoridad, la cual duró más de tres horas y declararon las víctimas y los acusados del ilícito policial.
Acompañaron a los jóvenes y a sus familias distintas organizaciones de Derechos Humanos como el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), la Multisectorial contra la Violencia Institucional y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), quien se encarga de patrocinar a la parte acusadora.
Audiencia ¿pública?
Como ya habíamos denunciado anteriormente por este medio, una vez más el Tribunal de justicia impidió que los familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos que los acompañan.
Como contracara a esto, la sala fue llena por miembros de la Policía acusada y familiares de los agresores, medio naturalmente utilizado para causar temor e intimidación a las víctimas que debían presentar su testimonio ante el ambiente hostil que esto producía. Sin embargo, esto no fue suficiente para amedrentar a los jóvenes, quienes ya habían denunciado el hecho por medio de redes sociales acompañando las fotografías de sus rostros irreconocibles por la golpiza.
“Nos acusaban de que teníamos drogas, armas, y eso nunca existió” declaró Sasha, uno de los muchachos agredidos. “Una vez en la comisaría nos apretaron, nos golpearon, nos decían que íbamos a terminar en una zanja y que nadie nos iba a reclamar. Que ellos hacían lo que querían” agregó uno de sus compañeros.
Antes de comenzar la audiencia el grupo de amigos tuvo la posibilidad de charlar con los medios contando sobre los tormentos que habían padecido “Nunca nos hablaron, se bajaron directamente a golpearnos y entre 6 o 7 policías comenzaron a golpearme esposado en el piso, me desfiguraron el rostro y me cortaron el pelo” recordó Sasha.
“Nos decían ese tipo de cosas como para quebrarnos psicológicamente, me hicieron desnudar frente a un grupo de policías y de todos los chicos, mientras nos decían que nos iban a violar ahí adentro”.
Por su parte, Federico Pagliero, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y representante legal de los jóvenes contó que ya había presentado el escrito ante la fiscal Karina Bartocci para constituirse como parte querellante y solicitar la prisión preventiva de los ocho policías, arguyendo la peligrosidad procesal en el caso. “Es un caso clásico de violencia policial, que se da tanto a nivel nacional como provincial, en forma sistemática; y muchas de estas causas nunca se denuncian. Pero hoy estamos en búsqueda de justicia y pedimos que todos los responsables tengan su condena.”
Resolución judicial a la medida de la impunidad policial
Luego de escuchar los testimonios de las víctimas y de un cuarto intermedio, el juez Santiago Becerra resolvió la prisión preventiva para Mariano Saavedra y Erika Denis, suboficiales del Comando Radioeléctrico. Al tercer miembro del Comando, Walter Durate y a los cabos Ariel Godoy, Santiago Moran y al también suboficial Roberto Salinas de la PAT, el juez consideró suficiente imponer una perimetral para prohibirles tener contacto con las víctimas y sus familias. Una burla a las víctimas.
La suboficial Cristina G., aún se encuentra prófuga.
Indignado por la arbitraria sentencia, el abogado de la APDH habló con este medio “La fiscal Bartocci realizando un pedido que nosotros creímos iba a ser diferente, pidió la prisión preventiva de solamente dos de los policías implicados, de Saavedra y de Denis, cuando la semana pasada nos había adelantado que iba a solicitar la prisión preventiva para todos”.
En relación a la constitución de la parte querellante, el mismo lamentó que no se haya dado en esta etapa procesal, y adelantó que la semana entrante esperan tener una audiencia para conseguirla.
“A nuestro entender, que la prisión preventiva se otorgue solamente para dos acusados es una decisión arbitraria, tendría que haber sido solicitada para todos”. Ante esto, la fiscal Bartocci arguye que hay mayores elementos contra estos dos imputados fueron los que actuaron en primer medida.
Todavía no se tiene una fecha establecida para una próxima audiencia, los familiares y el abogado de la víctima ven la posibilidad de que sea llevada a cabo dentro de los próximos diez días. Los jóvenes y quienes los acompañan continuarán en la pelea contra la violencia de la policía del Partido Socialista.
Celina Tidoni, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), expresó: “Una vez más vemos como la policía del Partido Socialista de Lifstichz tortura a jóvenes en las comisarías. Esa policía campeona del gatillo fácil que cuenta con el amparo de los jueces y del gobierno provincial a través de su Ministro de Seguridad Pullaro y ahora también con la doctrina Chocobar. Acompañamos a la familia de los jóvenes golpeados que están peleando contra esta impunidad con la que gozan las fuerzas represivas”.
