Precarización de la vida. SCJN avala cálculo de pensiones en UMA, ¿qué implica?

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), el término “pensión” es la “cantidad periódica, temporal o vitalicia, que la seguridad social paga por razón de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad”. Sin embargo, en nuestro país no hay una definición unificada debido a la fragmentación -en diferentes categorías- del trabajo asalariado.

En diversos países de América Latina y principalmente en el Estado Español, se ha intentado avanzar con propuestas de reformas jubilatorias que apuntan a disminuir el poder adquisitivo de los ahorros.

En México, mientras enfrentamos una tasa inflacionaria por las nubes, salarios que no alcanzan y una profunda precarización, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelven utilizar el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para calcular el valor anual de las pensiones jubilatorias.

Te puede interesar: Aumento pensionario en UMA: nuevo golpe contra jubilados

¿Qué implicaciones tiene la UMA en la cuantía de las jubilaciones?

Como parte de la ofensiva neoliberal en el terreno laboral, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se avanzó con la desindexación del salario mínimo para la “supuesta recuperación del poder adquisitivo de los salarios”.

Dicho ordenamiento dio origen a la UMA, cuyo objetivo fue desvincular el salario de otros trámites administrativos (se usa para cuantificar el pago de las multas, impuestos, precios, prestaciones etc).

En 2016, la aplicación de la UMA implicó que el IMSS e ISSSTE ejecutaran el cálculo de las pensiones en UMAs, disminuyendo los ingresos de las y los trabajadores jubilados del país.

Sin embargo, esto no es equitativo. Este año la UMA se incremento un 7.3%, pasando de 89.62 a 96.22 pesos diarios, mientras el salario mínimo se encuentra en $172.87 pesos diarios y la tasa inflacionaria aumentó un 7.68% anual (siendo el registro más alto en los últimos 20 años).

Te puede interesar: En abril se registró la mayor inflación en 21 años

La brecha económica entre el monto de la UMA y el salario mínimo muestra cómo se pretende degradar, aún más, las precarias pensiones de lxs trabajadores, lo cual es una grave violación a los derechos humanos y laborales.

Además se usa incorrectamente un indicador cuya naturaleza no es aplicable en el cálculo de las pensiones, como sí lo es el salario mínimo. Toda vez que la retribución económica que se otorga a quien ofrece un trabajo personal y subordinado, se regula bajo el salario mínimo conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción VI.

Entonces, ¿por qué se establece un criterio que ordena desvincular el salario mínimo del cálculo de las pensiones? Claramente es una medida que sólo beneficia a la cúpula empresarial y al Estado, pues la aplicación de la UMA genera que se pague menos, mientras el pueblo trabajador enfrenta la carestía de la vida y las consecuencias de la crisis.

¡Luchemos por jubilaciones dignas!

La SCJN no es una institución neutral, independiente ni autónoma, sino que sirve al gobierno de la 4T y al conjunto de los partidos del régimen para legitimar y legalizar sus reformas como la militarización, la educativa y laboral, de outsourcing, entre otras. Los ministros tienen un salario de casi cuatro millones de pesos al año, muestra de que sus intereses están más cercanos y ligados a los de los grandes empresarios.

Entre el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial hay una tregua en contra de los derechos de lxs trabajadorxs. La SCJN en raras ocasiones ha resuelto en favor de los trabajadores; por el contrario, suele estar en contra, por ejemplo con la legitimación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, declarado que establece la libertad sindical -validando formalmente el corporativismo- aunque hay una clara intromisión estatal en los sindicatos.

En la actualidad es notoria la negativa de pensiones, pues una gran parte de personas adultas mayores carecen de ella. Sólo hay atenuantes como el programa social “Pensión para el bienestar de personas adultas mayores”, otorgado a partir de los 65 años y por la cantidad de $2,550.00 cada dos meses. Mientras el problema de la pobreza de las y los trabajadores retirados es que estas pensiones resultan insuficientes para quienes cuentan con ellas. La negativa de este derecho también afecta a las familias porque las generaciones más jóvenes asumen los costos, mientras los patrones y el gobierno perciben ganancias y ahorros, respectivamente.

Nosotras, al igual que miles de jóvenes, somos parte de las nuevas generaciones de trabajadores que ingresan al mundo laboral sin derechos, ni prestaciones, ni jubilaciones. Aún así estamos convencidas de que los ahorros de los trabajadores y trabajadoras, para poder tener una vejez sin penurias, se deben defender, pues se trata de nuestras madres, padres y abuelos. Este duro ataque debe ser el motor para unirnos entre las nuevas y viejas generaciones de trabajadores, ante la profunda precarización a la que nos condenan y por la perspectiva de trabajar todos –mediante un reparto de las horas de trabajo entre empleados y desempleados- para trabajar menos, sin que el salario se reduzca y/o aniquilen las pensiones.

Requerimos organizarnos en cada centro de trabajo y recuperar los sindicatos, en defensa de un sistema de reparto solidario, pero administrado por las y los trabajadores, con pensiones que cubran por lo menos el costo de la canasta básica y ajustables según la inflación, así como por plenos derechos para quienes no los tienen. Las y los trabajadores debemos organizarnos alrededor de un programa de lucha contra los despidos, contra el trabajo precario y el retroceso del derecho a una pensión digna, que señale claramente que nuestras vidas valen más que sus ganancias.

Te puede interesar: Trabajadores y organizaciones laborales acuerdan impulsar Encuentro Nacional

A la par, es necesaria la más amplia movilización de las centrales sindicales que se reivindican democráticas, como la NCT, la UNT y la CNTE, para no permitir este nuevo golpe a la clase trabajadora.