Luego de las represiones de los últimos días, más de mil familias permanecen en los asentamientos de Ampliación Parque La Vega, barrio Calixto y sobre la ruta 21 camino a San Agustín. Según cuentan las y los vecinos, frente al problema habitacional, Sáenz ya envió en horas de la tarde a la Policía a desalojar y reprimir.
Martes 26 de mayo de 2020 19:45
Si en Salta ya no había donde vivir y las familias más pobres lo hacían hacinadas, con la cuarentena obligatoria por la pandemia esta situación se volvió insostenible. No es para menos, mientras el coronavirus se propaga en las barriadas populares de Ciudad y provincia de Buenos Aires, acá las condiciones de hacinamiento no son muy distintas.
Ante este reclamo por un derecho elemental como es la vivienda, el gobernador Gustavo Sáenz junto con su ministro de Seguridad, el ex coronel que reivindica la dictadura militar Juan Manuel Pulleiro, viene teniendo como única respuesta la represión y desalojo a los asentamientos. Hace dos semanas fue el caso del predio que ocupaban criollos y originarios en Tartagal. Este fin de semana llegó la represión a zona sudeste, también con balas de goma, a los asentamientos de barrio Sanidad, con más de 500 familias, y otro en el barrio Justicia. Ahí se pudo ver a la Policía descompuesta de la provincia, envalentonada por el decreto 255/20, golpeando niños y mujeres embarazadas. Así, el gobernador intenta silenciar un reclamo genuino y una situación que se hace cada vez más insostenible.
Las familias del barrio Justicia desalojadas violentamente ayer y hoy nuevamente, por la mañana se hicieron presentes en la legislatura provincial, pidiendo ser escuchadas y que se les brinde alguna solución. Se trata de 30 familias que se ven en la necesidad de asentarse y soportar las inclemencias del clima, la falta de luz y agua para tratar de mejorar su perspectiva de vida.
Mano dura y ningún derecho
El gobernador ayer, en el marco de una conferencia de prensa fue muy duro con la gente que vive hacinada. Además de mandarles la Policía, la responzabilizó por la crisis del coronavirus. No es de extrañar para este peronista que llamó a los trabajadores golondrina delincuentes. Pero los palos a los trabajadores y el pueblo pobre no son una novedad, son una práctica común de todos los gobiernos de turno, los hubo con Juan Carlos Romero y con Juan Manuel Urtubey. Los mismo que garantizaron que hoy siga habiendo emergencia habitacional en la provincia con más de 72.000 familias que no tienen acceso a una casa propia. Las tomas de terrenos en estos días con solo una muestra de la miseria en la viven miles en la provincia y todo el país.
Estas situación necesita medidas urgentes y reales que vayan a fondo con la problemática de la vivienda. Recientemente el gobierno nacional de Alberto Fernández lanzó el Programa Argentina Construye, programa que supone 2.000 lotes y 5.000 viviendas para todo el país, algo alejadísimo no solo de la realidad salteña si no a nivel nacional.
Frente a esto, hay que repudiar enérgicamente la represión de Sáenz y acompañar a las familias en su pelea por el derecho a la vivienda. Esta situación demuestra la necesidad urgente de implementar un impuesto a las grandes fortunas y los bancos presentado por el Frente de Izquierda en el Congreso Nacional, en el que se plantea que cobrando un impuesto que alcanza a las 15.000 personas más ricas del país se obtendrían los recursos suficientes para construir 100.000 viviendas, además de dar respuesta inmediata a la crisis sociosanitaria por el coronavirus,
