NO ES LA NATURALEZA. Salta: a la tragedia de las muertes infantiles se suma la inundación evitable

El fuertísimo temporal que azotó durante el fin de semana al norte de Salta se está transformando en un grave problema para la provincia con importantes consecuencias sociales. Sobre todo porque gran parte de las personas afectadas son de comunidades muy pobres, tanto de pueblos originarios (wichí, toba, pilagá, chiriguanos, guaraní) como criollas. Se trata de la región del Gran Chaco Salteño, que comprende a los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y parte de Anta.

Los primeros efectos de las fuertes lluvias del fin de semana los sufrieron las localidades de Aguaray y Tartagal, donde el desborde del Río Itiyuro afectó el suministro de agua potable, cortes de energía eléctrica y demás trastornos.

En las últimas horas el desastre se extendió también al departamento de Anta, donde el desborde del Río Dorado inundó a las comunidad wichí de Enacore, ubicada entre las localidades Apolinario Saravia y Luis Burela. Allí hubo decenas de personas que debieron ser evacuadas y el agua llegó a anegar la ruta provincial nº5. Según informó el Gobierno provincial, tras las intensas lluvias, en Luis Burela se asistió a 70 personas, que fueron derivadas hacia el barrio 105 Viviendas y a la localidad aledaña de General Pizarro.

En Orán y Tartagal hubo cortes de paso en las rutas Nacional 50 y Provincial 18 por la crecida del Río Blanco. Varias familias de diferentes barrios también fueron evacuadas y alojadas provisoriamente en dependencia municipales.

En todos las zonas afectadas se produjeron caídas de árboles y cableados eléctricos, anegaciones de calles y situaciones desesperantes para familias enteras que prácticamente han pedido todas sus (pocas) pertenencias.

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Hipocrecía burguesa

Medios como El Tribuno (propiedad de la familia del senador y exgobernador Juan Carlos Romero), naturalizan la catástrofe al punto de afirmar que “como es habitual, las inclemencias climáticas durante el período estival afectan principalmente a los parajes y comunidades del Chaco salteño. Los mayores daños se registran donde desembocan los cursos de agua y cuyos caminos se encuentran totalmente intransitables”.

Rolando Álvarez, director de Defensa Civil de Tartagal, dijo a ese medio que la crecida del río Caraparí (Itiyuro) durante varios días “implicó que resulten afectadas las comunidades de criollos y aborígenes ubicadas al este de Tonono, como El Aybal, donde hay muchas familias aisladas. Varias comunidades del Chaco salteño están sintiendo los efectos de la crecida del Caraparí y de otros arroyos menores, con el agravante de que todos los caminos están anegados e intransitables a consecuencia de la gran cantidad de agua caída en las últimas horas”.

Según estimaciones parciales, durante todo el fin de semana cayó un total de 200 milímetros de agua en la región. Pero esas lluvias intensas son previsibles, porque en general no llueve mucho durante el año pero en el verano se producen este tipo de fenómenos, lo que deriva en las importantes crecidas de los dos ríos más importantes de la región, el Pilcomayo y el Bermejo, y de otros menores. Un caudal de agua que también se alimenta de tormentas intensas producidas en Bolivia.

Evidentemente a los empresarios y funcionarios no les sorprende en lo más mínimo que esto suceda. A las poblaciones afectadas tampoco, pero ellas no pueden resolver la situación en tanto el poder económico y político siga estando en las mismas manos de siempre. El lamento de las comunidades que hoy están sufriendo es, además de genuino, directamente proporcional a las lágrimas de cocodrilo de los dueños de las riquezas de Salta.

Por caso, la zona de Anta (una de las más afectadas) es donde el ultraderechista y muy cristiano exdiputado Alfredo Olmedo tiene grandes campos donde cultiva soja y superexplota a peones rurales en condiciones de extrema precariedad. Olmedo.

Miseria planificada, desastres evitables

En el Chaco salteño es donde se combinan dos situaciones que poco tienen que ver con las determinaciones climáticas: la proliferación a lo largo de las últimas décadas de amplias extensiones de campos de soja (con desmontes descontrolados y uso intensivo de agrotóxicos) con la existencia de poblaciones enteras en situación de extrema pobreza, tanto originarias como criollas.

Hoy todos los funcionarios de Salta, tanto provinciales como municipales, se rasgan las vestiduras y se muestran preocupados por las consecuencias trágicas del temporal. Pero son los mismos que, de una u otra forma, contribuyen a la creación de las condiciones indispensables para que esas tragedias se produzcan.

De hecho la emergencia alimentaria, que ya produjo ocho muertes de niñas y niños wichí en lo que va del año, tiene una relación estrecha con las mismas condiciones estructurales que hoy provocan el desastre de las inundaciones.

Sin embargo, como lo viene denunciando el Frente de Izquierda de Salta, el gobernador Sáenz y sus laderos parlamentarios siguen negándose a discutir en la Legislatura la situación de emergencia de la Provincia. Este martes, por caso, fue llamada una sesión extraordinaria donde el tema de las niñas y niños muertos por desnutrición y la emergencia social que afecta a las poblaciones del norte está totalmente ausente del temario.

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Actualmente las responsabilidades directas son de los intendentes, del gobernador Sáenz y del presidente Alberto Fernández. Pero la responsabilidad de la gobernación y la presidencia viene de larga data y no solo corresponde a los actuales poderes ejecutivos.

No hay que olvidar la enorme responsabilidad que tiene en todo esto el exgobernador Juan Manuel Urtubey, verdadero “gerente” de los empresarios sojeros que desarrollaron en sus doce años de mandato negocios multimillonarios a costa de la degradación de la vida de miles de salteñas y salteños. Tampoco hay que dejar de mencionar a Mauricio Macri y sus cuatro años de gobierno para los ricos y contra los pobres. Pero la situación, incluso, viene de mucho más lejos, al menos desde los años 90.

Josefina Ciotta, estudiante de antropología en la Universidad Nacional de Salta hace un diagnóstico preciso ante La Izquierda Diario: “La negación por parte del Estado y los Gobiernos de turno del acceso al derecho al agua lleva a que diariamente las familias tengan que sacar agua de pozos que contienen arsénico o de ríos cercanos que están contaminados por el avance del monocultivo de soja y otros transgénicos. Eso tiene que ver totalmente con las condiciones de desnutrición que en muchos casos llevan a la muerte a niños y niñas”.

En la misma línea, la dirigente del PTS-Frente de Izquierda de Salta Daniela Planes afirma: “cuando les exigimos a los Gobiernos que pongan todos sus recursos para paliar esta situación de pobreza extrema, desnutrición y hambre estamos hablando también de poner en marcha un plan de obras públicas supervizado por las comunidades del norte, originarias y criollas, que garantizaría también su acceso al trabajo. Seguimos exigiendo a Sáenz que convoque a sesiones extraordinarias de la Legislatura para discutir a fondo qué Emergencia necesitamos”.

De nada sirve, ante esta situación, golpearse el pecho y encomendarse a la divinidad. Creer y afirmar que las muertes por hambre o las pérdidas materiales de cientos de familias son “tragedias”, como si la naturaleza fuera la culpable de tanta miseria y precariedad, sería el acto de cinismo más cruel. Y, a la vez, una colaboración inestimable a la impunidad de los responsables de ayer y de hoy.