La Universidad Nacional de Salta (UNSa) amplió el acuerdo que sostiene desde noviembre de 2012 con el Ministerio de Seguridad de la provincia. Los aspirantes a “lagartos”, como se conoce al personal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta (SPPS), serán evaluados física y teóricamente por un plantel docente de la universidad. El Frente de Izquierda rechaza esta medida.
Matías Mustafá Corresponsal Salta
Sábado 28 de noviembre de 2015
Durante el 2010 el Consejo Superior de la UNSa firmó un acuerdo con la Policía de la Provincia para que la Facultad de Humanidades dictara a los azules una Licenciatura en “Seguridad Pública”. La medida no tuvo éxito gracias al parate que le pusieron estudiantes, docentes y la conducción del Centro de Estudiantes de Humanidades (CUEH), en aquel entonces con Todo Un Palo-PO a la cabeza.
Ni lerdas ni perezosas, las autoridades entendieron que, a pesar de contar con la mayoría en el Consejo Superior, debían hacerse de otras artimañas para convertir a la casa de estudios en aliada de la democratización de las fuerzas de seguridad.
Por eso, avanzaron en el 2012 con un “Convenio de Cooperación para evaluación de aspirantes a la Policía de Salta”, sobre la base un convenio marco de cooperación con el gobierno de la provincia. De esta forma, a principios de 2013 unos 1500 aspirantes a represores fueron evaluados en las instalaciones de la universidad.
Este nuevo acuerdo firmado con la pluma del rector Víctor Claros, fiel aliado a Scioli en las recientes elecciones del 22N, y la del Ministerio de Seguridad de Juan Manuel Urtubey, establece que los docentes de la UNSa sean quienes preparen, dirijan y realicen las evaluaciones físicas y teóricas de los postulantes al servicio penitenciario provincial. Todo a espaldas de los estudiantes.
Es un “gesto” que contradice el principio de la autonomía universitaria y al mismo tiempo se mofa irónicamente de la historia de lucha y organización en la UNSa, que cuenta con 21 docentes y estudiantes desaparecidos en la última dictadura militar. De a poco y como quién no quiere la cosa, van abriendo en nombre del “progresismo” las puertas de nuestras aulas y anfiteatros a los milicos represores.
Una política en esencia similar a la que impulsan otros rectores del PJ en el país. Como sucede en la Universidad de La Matanza donde dentro del predio de la UNLaM funciona una escuela de policías. Y a la que la Juventud del PTS en el Frente de izquierda se viene oponiendo desde el 2012.
¿Los lobos se quieren disfrazar de ovejas?
Es evidente que al rector Claros y compañía la Mega-causa de la UNSa no le mueven ni un pelo. Ellos interpretan que investigar y juzgar a los milicos represores que desaparecieron a docentes y estudiantes universitarios en los 70, es un hecho consumado, acabado, que se encuentra congelado en el pasado y que pensar del mismo una relación con el presente no tendría sentido.
Mucho menos interesa a las máximas autoridades de la UNSa, que sólo este año pesen sobre el Servicio Penitenciario la muerte de cinco reclusos en el Penal de Villa Las Rosas y en la Alcaldía. Y por supuesto, las numerosas denuncias públicas de narco-policías y de torturas en las cárceles de nuestra provincia, les importa en lo más mínimo a estos paladines de la democratización. Ni hablar de los casos de gatillo fácil…esos pibes no van a estudiar en la Universidad “nac&pop”.
Organizar una gran campaña para echar a la policía de la UNSa
La Juventud del PTS y Pan y Rosas en el Frente de Izquierda repudia la intromisión de cualquiera de las fuerzas represivas en la Universidad Nacional de Salta y en cualquier otra universidad pública del país.
En lugar de universidades con las puertas abiertas a las fuerzas represoras, pelean por universidades verdaderamente independientes de los gobiernos de turno y sus instituciones, y al servicio de los intereses y demandas de los trabajadores, las mujeres, la juventud, los pueblos originarios y el pueblo pobre. Por eso, llaman a desarrollar una gran campaña democrática para echar a la policía de la UNSa y anular todos los acuerdos entre el rectorado de la universidad y el gobierno de Urtubey.