El martes, acorde con el planteo del ministro Trotta a nivel nacional, se dio a conocer la resolución Nº 140 que plantea “reanudar las actividades institucionales indispensables y las comisiones evaluadoras en unidades educativas” y un anexo con el protocolo. Desarrollada a espaldas de la comunidad educativa, fue altamente rechazada.
Viernes 26 de junio de 2020 18:15
Esta semana se conoció la resolución 140 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a cargo de Matías Canepa. El rechazo, como ante cada medida educativa inconsulta que afecta las condiciones laborales y saca el eje del derecho a la educación, fue masivo.
¿Por qué solicitó el Gobierno a las y los docentes una “declaración jurada de no poseer síntomas compatibles con el COVID 19”? Es inadmisible que el Gobierno de Gustavo Sáenz quiera hacer responsable a las y los trabajadores de la educación cuando no se hacen testeos masivos que permitirían encontrar a las personas infectadas, saber en qué zonas se desarrollan más contagios y actuar con precisión. Por eso, frente a estas serie de medidas es descontento fue creciendo y desde el Ministerio tuvieron que retroceder, dejando sin efecto la 140, rectificada en resolución Nº 145 con fecha 25 de junio. Así, quedó atrás el pedido de declaración jurada y el retorno a clases ahora del personal adminitrativo.
A partir del descontento de las conducciones sindicales ADP, UDA, SADOP, UPCN, del sector de autoconvocados, y las innumuerables críticas en los grupos de whatsapp docentes sobre el retorno a la escuela en tiempos de pandemia surgieron algunas preguntas. ¿Quién garantiza los recursos de cuidado e higiene? ¿Hay condiciones para que las escuelas habran sus puertas el 29 de julio como dice la 145? ¿ y para realizar exámenes de finalización? ¿Hay igualdad en el derecho al acceso a la educación?
¿Qué se necesita para volver?
Ante una situación compleja con la pandemia que agudizó la crisis económica y social, y recae sobre toda la comunidad educativa se necesita discutir de fondo entre docentes, personal de maestranza y las familias cómo puede darse la reapertura de las escuelas y la vuelta a las clases.
Desde la agrupación 9 de abril sostuvieron que "para delinear un plan de vuelta a clases presenciales en todos los niveles es necesario el aumento de presupuesto en educación en todo el país y que la comunidad educativa sea quien defina si es posible o no la vuelta a clases, eligiendo delegados y delegadas docentes, de maestranza, estudiantiles y familiares de cada escuela. Esto no se está discutiendo ni en la provincia ni a nivel nacional".
"Somos las y los docentes los primeros que queremos volver, quienes hemos estado garantizando la continuidad pedagógica durante toda la cuarentena. Por eso, exigimos todas las condiciones para las trabajadoras, trabajadores, los pibes y sus familias. En cambio el Gobierno lo hace a nuestras espaldas mientras las conducciones sindicales como ADP rechazaron la resolución sin llamar a asamblea, un espacio necesario para debatir y decidir. O como CTERA que solo ha sacado pronunciamientos escritos, sin tomar ninguna acción sobre la intención de adelantar el regreso a clases como en el caso de Jujuy. Viene actuando de manera completamente oficialista con el Gobierno de Alberto Fernández dejando aislados conflictos como el de las y los docentes de Chubut y Mendoza. Hay que exigir a CTERA que impulse asambleas en todas las provincias para debatir las condiciones en las que se plantea la vuelta a las aulas".
¿Alcanza con lavandina y alcohol en gel?
En uno de los apartados de la resolución 140 se plantea que para los cuidados en la institución “se proveerá” de trapos, lavandina, alcohol en gel, jabón y papel en los baños. Pero, ¿quién lo va a garantizar?
Tantos años de desinversión en la educación pública, en los distintos Gobiernos nacionales y provinciales, se expresan en escuelas con problemas edilicios, algunas instituciones con falta de agua, un recurso esencial en estos momentos. Frente a esto se plantea el "distanciamiento social" en escuelas con aulas pequeñas. Pero, ¿de cuántos estudiantes? ¿Quién decide esto?
Exámenes y pandemia
En relación a las Comisiones evaluadoras "para completar estudios, de modalidad presencial o mediadas por entornos TIC" de las que habla la resolución 145, desde la agrupación 9 de abril manifestaron que apoyan que las y los estudiantes de los niveles secundario y terciario puedan rendir materias adeudadas o del último año en pos de recibirse, pero estas instancias deben ser de acceso gratuito y universal. Es decir, "que todos y cada uno de los estudiantes de la provincia que así lo deseen puedan rendir y concluir sus estudios y el Estado tiene que garantizar esto y no aumentar más la brecha de acceso a la educación. Por eso, seguimos exigiendo Internet libre para todas las zonas de la provincia, especialmente las barriadas populares y el interior, como así también las herramientas necesarias para todos aquellos que estudien. Empezando por un Ingreso Familiar de Emergencia para todas y todos los estudiantes que, en el marco de la pandemia, no estén cobrando la totalidad de sus salarios o hayan quedado desempleados".
Organizarse desde abajo
Docentes de la 9 de abril, además remarcaron que "si se avanza con el conjunto de la comunidad educativa y desde el Estado se garantizan todas las condiciones empezando una vuelta paulatina a las aulas, hay que impulsar en cada institución educativa comités de higiene y salubridad para controlar las condiciones sanitarias en que se trabaja y garantizar que todos tengan elementos de protección y con la posibilidad de que si no se cumplen las condiciones de seguridad, el comité tenga la facultad de disponer el cierre del establecimiento. Estos comités pueden pensarse también como un espacio de organización de la docencia, maestranzas, familias y estudiantes de cara a enfrentar lo que se viene".
"Se hace necesario un aumento del presupuesto en educación en base al desconocimiento soberano del pago de la deuda externa y al cobro de impuestos a las grandes fortunas empresariales que son quienes siguen ganando mientras se utiliza la pandemia para ajustar hacia abajo con despidos, rebajas salariales y de las jubilaciones, suspensiones que terminan en un mayor aumento de la pobreza y la desocupación que recae sobre las familias de nuestras escuelas. ¡La vida de los y las trabajadores y trabajadoras de la educación y de los estudiantes importan!", declararon desde la agrupación docente.
