Hace un año se aprobaba el decreto 2654 que declara la emergencia pública por violencia social en el territorio salteño. Salta coronó el ránking de femicidios con veintiún casos en el año 2014. La hipocresía del gobierno y el #NiUnaMenos.
Sábado 12 de septiembre de 2015
Hace un año el Senado salteño aprobaba el decreto 2654 que declara la emergencia pública por violencia social en el territorio salteño durante dos años. Esta medida del ejecutivo es una respuesta tardía a los problemas de violencia y femicidios en Salta, que lidera los índices a nivel nacional, ya que sólo en el año 2014 hubo veintiún mujeres asesinadas solo por ser mujeres.
El gobernador Juan Manuel Urtubey, junto a los ministros Eduardo Sylvester, Pamela Calletti, Marianela Cansinos y Oscar Villa Nougués, fiel a los intereses para los que gobierna, proyectó así una respuesta parcial para un problema estructural como es la violencia hacia las mujeres. Respuesta parcial que implica un doble discurso combinado con un despliegue mediático y de operetas legislativas.
Según reza el DNU la situación de las mujeres requería de “la urgente implementación de políticas públicas que efectivamente garanticen por un lado la prevención y por otro la asistencia integral de las mujeres que padecen violencia de género.” La realidad objetiva evidencia que ni lo uno ni lo otro se logró.
El decreto aparecía apenas días antes del brutal asesinato de la docente rural Carmen Evelia Murillo, en la localidad de El Bobadal y a sólo un mes del Encuentro Nacional de Mujeres que tuvo sede en la provincia y del que participaron más de 20.000 mujeres.
En diciembre del mismo año el cuerpo de Gimena Álvarez, una joven trans, aparecía sin vida a la vera de un canal céntrica y la investigación se cerró planteando que se trató de “un accidente” que sufrió Gimena por estar “borracha”.
La situación de las mujeres en Salta: cambiar para que no cambie nada
Durante una entrevista en La Gaceta Salta la ministra de DDHH, Marianela Cansinos, haciendo odas a lo absurdo, plantea como un logro que durante un año se han destinado 7 millones de pesos, a razón de $11 pesos por mujer salteña, entre capacitaciones, botones anti-pánicos y hogares de protección.
Agosto fue el primer mes de funcionamiento de los Juzgados de Violencia Familiar y de Género. Durante ese período ingresaron 813 causas vinculadas a esta problemática, a razón de 26 llamadas por día. Asimismo, en la provincia sólo hay en funcionamiento dos refugios, uno en Capital y otro en Orán, que tienen capacidad para alojar a unas setenta mujeres junto a sus familias que sufran violencia.
La situación en la que se encuentran miles de mujeres demuestra que estas medidas son insuficientes para enfrentar o dar respuesta a los más mínimos padecimientos. Por otra parte, la educación religiosa del dogma católico está reglamentada por ley en las escuelas públicas, y en paralelo la Ley de Educación Sexual Integral dista mucho de ser una realidad.
La marcha del 3J como punto de inflexión
Luego de la marcha del 3J que la ministra Cansinos califica en su entrevista a La Gaceta como un “punto de inflexión “, el gobierno de Urtubey comenzó a apurar la aplicación del DNU y sacar leyes del cajón como la “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, que se encuentra desde el 2009 pero se terminó de votar en ambas cámaras recién hace 10 días.
La movilización por Ni Una Menos, que en la provincia se expresó en el grito al unísono de unas diez mil personas, marcó un antes y un después a nivel nacional. No obstante, los femicidios de Gabriela Zurita y Yolanda Mamaní, que sucedieron a días de la movilización, por un lado develaron la intención del gobierno provincial de pasarlos por alto, y por otra parte abrieron en la arena mediática una polémica donde se cuestionaba el uso del femicidio como término adecuado para rotular el asesinato sistemático de mujeres sólo por ser mujeres.
Una salida por izquierda
Ante esta política del gobierno de Urtubey que intenta trocar su hipocresía en una supuesta preocupación por la situación de las mujeres a través de un doble discurso y una opereta legislativa, desde la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas y el PTS en el Frente de Izquierda, junto a las miles de mujeres que gritaron BASTA el 3J y que nuevamente levantarán su bronca en el Encuentro Nacional de Mujeres de este año en Mar del Plata, impulsan la organización en los lugares de estudio y de trabajo para alcanzar una movilización obrera y popular.
En este mismo sentido, entendiendo que las “medidas urgentes” deben ir hasta el fondo, superando los límites que el gobierno, los partidos patronales y la Iglesia establecen.
Por ejemplo, el Plan Integral de Emergencia contra la Violencia de Género, que presentó el candidato a presidente por el Frente de Izquierda Nicolás del Caño en el Congreso Nacional junto con su compañera de fórmula Myriam Bregman, implica la creación inmediata de refugios transitorios que tengan disponibilidad para todas las mujeres que lo necesitan y sus hijos; un plan de vivienda a corto plazo; regímenes de subsidios; y un equipo interdisciplinario para brindar asesoramiento, atención y asistencia, entre otras medidas.
