Ayer fue detenido en la localidad de Embarcación al norte de Salta, César Arias, integrante de la comunidad guaraní Happo P+au.
Martes 31 de enero de 2017 12:51
Foto: Radio Panamericana Embarcación Salta // Familiares y amigos de César Arias ayer en la senda La Invernadera, denunciando la detención ilegal y la usurpación. Infantería les corta el paso y garantiza el cercado ilegal de las tierras.
La policía de Salta bajo la orden de la Fiscalía de Tartagal a cargo de Pablo Cabot detuvo ayer por la mañana a César Arias, miembro de la comunidad guaraní Happo P+au. Apresado bajo el cargo de “incitación al desorden”, César Arias se convierte así en el primer preso político de la provincia en lo que va del año.
El gobierno de Urtubey, como hemos denunciado en otras páginas de este mismo diario, viene haciendo escuela con sus pares de Jujuy, Gerardo Morales (UCR), y de Tierra del Fuego, Rosana Bertone (FpV), persiguiendo, reprimiendo y encarcelando a trabajadores y luchadores sociales.
El conflicto
La localidad de Embarcación se encuentra en el norte de la provincia sobre la ruta nacional 34 a 41 kilómetros de Orán. Hace más de tres meses, wichís, weenayhek y guaraníes organizados en ocho comunidades, vienen denunciando la usurpación de tierras comunales por parte de un terrateniente de ascendencia francesa, Huberto Bourlon de Rouvre.
Rouvre pretende avanzar con sus negocios agropecuarios sobre tierras ancestrales y para ello viene cercando terrenos que han sido relevadas por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y pertenecen a las comunidades originarias.
El conflicto se desató en octubre del año pasado cuando el terrateniente pretendió cerrar el paso en una senda conocida como La Invernadera, un camino que ha sido utilizado históricamente por los originarios para adentrarse en el monte en busca de animales, miel y plantas, o para llegar hasta el río Bermejo.
Tras esta arremetida los originarios rompieron cercos y un portón que impedía el paso en la senda, además de realizar denuncias en la Fiscalía de Embarcación, que en ese momento se encontraba a cargo de Lorena Martínez. En esa ocasión la denuncia tomo estado público a nivel nacional cuando la agencia Télam reflejo en los medios la versión sobre los hechos del terrateniente.
Inmediatamente intervino el gobernador Urtubey ordenando un jury de enjuiciamiento a la fiscal Martínez por no haber defendido los intereses del productor. Por su parte, las asociaciones patronales del campo, como Prograno, Federsal y Sociedad Rural Salteña también exhortaron en su momento a la justicia para que actúe de inmediato. Se descarta a favor de quién.
Con el aval del gobierno provincial y de sus pares, el usurpador continúo avanzando y enfrentándose a las comunidades originarias, denunciándolas y estigmatizándolas. Esta vez apoyándose en la Fiscalía de Tartagal al mando de Pablo Cabot, y con el apoyo de Infantería de la policía de Salta, el conflicto ha dado un salto con el encarcelamiento de César Arias bajo el cargo de “incitación al desorden”. Una clara criminalización de la protesta social.
Desde estas páginas nos solidarizamos con las comunidades originarias de Embarcación que enfrentan a Rouvre, exigimos la inmediata libertad de César Arias y la restitución de todas las tierras que les han sido usurpadas con el aval del gobierno de Urtubey, la justicia salteña y las patronales agrarias.
