La misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman abrió una crisis política de dimensiones difíciles de predecir. Presentado raudamente como un “suicidio” en boca del secretario de Seguridad Sergio Berni, Nisman estaba custodiado por diez agentes de la Policía Federal y el aceitado mecanismo de seguridad de Puerto Madero, reforzado por repetidos patrullajes de Prefectura, dando lugar a todo tipo de especulaciones.
Martes 20 de enero de 2015
Cabe recordar que Nisman fue convocado por la Comisión de Legislación Penal del Congreso para el lunes 19, donde se había comprometido a explicar los motivos por los cuales había denunciado y pedido la declaración indagatoria a Cristina y al canciller Héctor Timerman por “encubrir” a Irán, adjudicándole la responsabilidad del atentado a la AMIA, a partir de una “confabulación criminal”, urdida con la colaboración de Luis D’Elia, el “Cuervo” Larroque y otros kirchneristas, denuncia que dio lugar a un terremoto en el régimen político.
El “suicidio” y la denuncia de Nisman ponen de relieve, nuevamente, más de veinte años de encubrimiento e impunidad que mantuvieron los gobiernos de Menem, De La Rua, Duhalde y los Kirchner, burlando el derecho a la verdad que exigen los familiares y amigos de las 85 victimas que perdieron la vida en julio de 1994.
Evidentemente, la muerte de Nisman esta cruzada en medio de una feroz interna entre los servicios de inteligencia, esos que algunos intelectuales y periodistas llamaron los “sótanos de la democracia”, integrada por una reserva de lúmpenes que responden a diversas fracciones de las clases dominantes. La grave denuncia presentada por Nisman se apoyaba en los oficios del temible ex director de Operaciones de la Secretaria de Inteligencia Antonio “Jaime” Stiusso, expulsado junto a la plana mayor de los espías especialistas en la fabricación de causas falsas, en tanto el gobierno apostaba en favor de los servicios de inteligencia controlados por el teniente general Milani, aunque bajo la conducción formal de Oscar Parrilli y Juan Carlos Mena, que reemplazaron a los desplazados Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, quien operaraba para Sergio Masa.
Aparentemente, la denuncia presentada por Nisman bordea el mamarracho jurídico, el que habría conducido a la jueza María Servini de Cubría a rechazar la habilitación de la feria judicial, ahora habilitada por el juez Ariel Lijo ante las consecuencias del deceso. Los aspectos señalados por el fiscal para adjudicar la responsabilidad del atentado a unos “fachos locales” por parte del kirchnerismo no se hicieron efectivos. Las circulares rojas que pesaban contra cinco ex funcionario iraníes no sólo no cayeron sino que aún continúan vigentes, en tanto Ronald Noble, ex secretario de Intepol, defendió a Timerman desmintiendo las afirmaciones del fiscal. Del mismo modo, tampoco se llevó adelante el intercambio de granos y carne por petróleo para amortiguar la crisis energética.
Curiosamente este cambio de rumbo en la investigación jamás fue notificado al juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, quien opinó que el fiscal habría incurrido en una “gravísima desviación de la causa” desde una “investigación paralela”, obviamente aportada por Stiusso y los espías despechados que aprovecharon para lanzar su venganza, acaso atizados por la cola de la CIA y el Mossad.
La ironía es que fueron los mismos Kirchner los que en 2004 promovieron a Nisman al frente de la Unidad Fiscal de Investigaciones AMIA en coordinación con Stiusso, quien acerco las “pruebas” aportadas por el FBI, la CIA y el Mossad, culpando a Irán por la voladura de la mutual judía. Con esos elementos, en 2006 Nisman elaboró un dictamen trucho de más de 1000 páginas que no resistía ninguna prueba, aunque se transformó en una herramienta fundamental para EE.UU. y el Estado de Israel.
Un bocado a pedido de George Bush y su política “antiterrorista” que agitaba el demonio de los pueblos árabes, después del empantanamiento de las guerras de Irak y Afganistán. Néstor y Cristina fatigaron todos los púlpitos de la ONU acusando a Irán, a pesar de la infinidad de denuncias del periodista Horacio Verbitsky y organismos de derechos humanos oficialistas que sostenían la falsedad del dictamen de Nisman. Mediante este curso, Nisman y los Kirchner desviaron premeditadamente la atención sobre llamada “conexión local”, cuando era de público conocimiento el operativo de encubrimiento efectuado por el ex juez Juan José Galeano, el titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, Carlos Corach, Carlos Menem y hasta el mandamás de la DAIA Rubén Beraja, con hilos conductores que llegaban hasta las embajadas de EE.UU. y el Estado hebreo. Sorprendentemente, aunque no tanto, todos permanecen impunes a la espera de un juicio que lleva ya 16 años.
Con la causa perdida en el lodazal, Cristina, siguiendo siempre como guía el curso norteamericano, adoptó como modelo el caso Lockerbie, donde EE.UU. impulsó el acuerdo entre Gran Bretaña y Libia para juzgar en un tercer país a los supuestos terroristas libios (jamás probado fehacientemente) adjudicándoles la responsabilidad de la explosión del avión de Pan Am que volaba los cielos de Londres en diciembre de 1988. Sustituyendo el tercer país por la institucionalización de una Comisión de la Verdad, el gobierno de Cristina firmó el Memorando de Entendimiento con Irán en noviembre de 2013, siguiendo la orientación abierta por Obama y el Departamento de Estado norteamericano de abrir negociaciones con el nuevo presidente irani Hasan Roujani a fin de neutralizar su programa nuclear. Sin embargo, este curso no contaba con el aval del establishment financiero norteamericano, el partido republicano y el Estado de Israel, detrás de los cuales formaron bloque, Nisman, Stiusso y toda la oposición anti K.
Saltando de un encubrimiento a otro, si hay algo que queda claro es que ninguno se proponía hallar la verdad.
El esclarecimiento de toda la verdad sobre la misteriosa muerte de Nisman y el atentado a la AMIA y así castigar a todos los culpables exige recurrir a la movilización extra parlamentaria para imponer la publicación de la información proporcionada por el fiscal y la apertura de los archivos secretos en manos de la Secretaría de Inteligencia, disolviendo esa cueva de delincuentes. Sólo poniendo toda esa información en manos de una comisión investigadora independiente de todas las fracciones del régimen, responsables del encubrimiento del atentado, será posible encender la luz y hallar el camino para terminar con la impunidad que arrastra más de dos décadas.
