Hay 17 imputados y más de 200 testigos en un proceso que involucra a 60 víctimas que eran reclutadas mediante engaños para un red de prostíbulos protegidos por la policía.
Tomás Máscolo @PibeTiger
Miércoles 9 de septiembre de 2015
En el año 2012 la Asociación Civil “Foro No a la trata San Juan” realizó una denuncia ante la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal Argentina, haciendo pública la existencia de varios prostíbulos en la provincia.
El silencio se rompió y así comenzó esta megacausa. Luego de varias denuncias se realizaron diferentes tareas de investigación donde el juez federal Leopoldo Gallo dictó el allanamiento a 16 prostíbulos (whiskerías, cabarets y departamentos privados). A raíz de ello fueron liberadas 60 mujeres, entre las que había una menor de edad. Se detuvo a 19 personas y finalmente quedaron acusadas 17.
Las víctimas provienen de distintas provincias argentinas y de países como Paraguay, Brasil, Colombia, Chile y República Dominicana. La mayoría de ellas son madres solteras con hijos a cargo, mujeres sin educación formal, lo que las coloca en un lugar de extrema vulnerabilidad, que accedieron a viajar con la expectativa de trabajar en restaurantes o como empleadas domésticas.
Según surge de la investigación, mediante entrecruzamientos de teléfonos celulares y agendas de los proxenetas, se pudo corroborar que los explotadores se conocían entre sí. Este dato es fundamental para comprobar la existencia de una verdadera red de trata. Las víctimas no tenían restricciones para salir pero se encontraban en lugares aislados y sometidas a varios controles, con lo que se profundizaba el temor en ellas para no obedecer.
Muchas de ellas no sabían leer o escribir. A raíz de ello las engañaban haciéndoles creer que firmaban un contrato de labor doméstica pero lo que hacían era habilitar que le quitaran la tenencia de sus hijos. Y así las extorsionaban. El adoctrinamiento al que fueron sometidas fue tan brutal que durante las primeras declaraciones, luego de estar libres, aseguraban que se encontraban en los prostíbulos por propia voluntad.
Algo significativo que quedó demostrado a lo largo del expediente es la protección policial con la que contaban los proxenetas. Tal era la impunidad con la que se manejaban, que en uno de los allanamientos, los investigadores encontraron a un efectivo policial uniformado perteneciente a la Policía de la provincia de San Juan.
En el escrito con el pedido de elevación a juicio que presentaron los fiscales cuestionan “la existencia de una normativa provincial y municipal ambigua que pareciera dejar un lugar para la generación de prácticas ilegales de regulación de la explotación sexual”. La diferencia de criterios para abordar esta problemática confirma la connivencia de una gran parte del poder judicial con las redes de trata y explotación sexual.
El 27 de agosto se tomaron declaraciones a los últimos testigos, por lo que el juicio en San Juan está entrando en su recta final. Será necesario esperar la sentencia para develar si “el largo brazo de la justicia” llegará a los responsables de la red de trata más grande descubierta hasta el momento en la Argentina.
Un negocio clandestino
Este juicio deja en evidencia cómo en “la década ganada” bajo el gobierno kirchnerista de José Luis Gioja, existe una clara participación y complicidad entre los funcionarios del gobierno, el Estado y las policías (federales y provinciales) para con las redes de trata.
Es lógico preguntarnos qué salida le brinda el Estado a estas mujeres que son explotadas sexualmente o víctimas del negocio de la trata, cuando todavía son absolutamente deficientes los mecanismos de protección para las que logran pedir ayuda (casas de amparo, planes de inserción laboral, etc.).
En el banquillo de los acusados están sentados Adriana Pereyra, Pamela Agüero, Irma Castro, Alejandra Gómez, Rafael Marco, Sergio Arredondo, Omar Lozano, Carlos Cáceres, José Valverde (todos ellos detenidos), Carlos Carvajal, Patricia Pereyra, Pablo Pereyra, María Martín, Omar Gómez, Guillermo Rojas, María Pereyra y Jorge Valdez.
Un dato a tener en cuenta es que, pese a que fuentes judiciales señalan la connivencia policial sanjuanina y a que fue encontrado un efectivo en uno de los allanamientos, hasta el día de hoy no hay nadie procesado de la fuerza policial.
Pasados tres meses de aquella movilización en donde miles de mujeres salieron a gritar #NiUnaMenos, cobra un valor especial el resultado que tendrá este juicio en el que salió a la luz una red donde son atrapadas mujeres y niñas, mediante engaños y promesas de un futuro mejor, frente a un Estado ausente que descarga su violencia brutal contra miles de mujeres de los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad.
Tomás Máscolo
Militante del PTS y activista de la diversidad sexual. Editor de la sección Géneros y Sexualidades de La Izquierda Diario.
