Miércoles 20 de julio de 2016
En el año 2013 la docente Romina García Hermelo del Centro Educativo Nº 4 “Nicolás Antonio de San Luis” fue sancionada por el Gobierno de la Provincia de San Luis por usar como bibliografía “Hay Una Chica en mi Sopa”. El libro, que pone en cuestión la heteronormatividad, fue rechazado por no adecuarse a la moral y concepciones religiosas y de género de un grupo de padres y madres, de las autoridades del colegio y de funcionarios del Ministerio de Educación. Recién este año, el INADI se pronunció a su favor.
El pasado viernes 8 de julio, luego de tres años de iniciado el conflicto, se dio a conocer públicamente un dictamen del INADI que hace lugar a la denuncia por discriminación que en el 2013 realizó Romina ante dicho organismo.
Lo que establece el dictamen es que el Ministerio de Educación de la Provincia, por aquél entonces dirigido por el actual Diputado Provincial Marcelo Sosa, actuó “de forma arbitraria” al suspender a García Hermelo por 90 días, sin goce de haberes y “sin antes darle tiempo ni oportunidad de efectuar un descargo”. Además sostiene que la conducta de los directivos de la escuela, que actualmente siguen en sus cargos, se encuadró en lo que se conoce como “discriminación por omisión”, ya que cuando surgió el conflicto al interior del establecimiento no llevaron adelante ningún tipo de instancia para solucionarlo.
La Izquierda Diario conversó con Romina sobre la lucha que viene llevando adelante desde hace tres años no sólo por su caso sino también por la real implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en los establecimientos educativos y por los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI.
¿Qué te pasó en el año 2013 mientras dabas clases en el colegio Bellas Artes?
De hecho, el conflicto se hizo más grande debido a que una de esas madres Zulma Álvarez era docente de Lengua y Literatura en otros años del mismo colegio y, además, ferviente practicante evangelista. Con ella a la cabeza, este grupo de padres y madres hicieron un reclamo a los directivos de la institución, Ángela Toledo, Carlos Urteaga y Patricia Echanis, quienes comenzaron a reunirse a mis espaldas para tratarlo.
A mí la situación de conflicto me sorprendió, ya que en el 2012 utilicé el mismo libro con los estudiantes de cuarto año de ese momento y pude desarrollar las clases con absoluta tranquilidad y normalidad sin ningún tipo de problema durante todo el año.
Una vez que el grupo de padres y madres hizo el reclamo, ¿Qué acciones llevaron a cabo los directivos del colegio y el Gobierno de la Provincia?
En ese corto período, en lugar de discutirse sobre si el libro era apropiado o no para ser utilizado como bibliografía en clase, se comenzó a hablar de mi vida privada, mis creencias e ideologías, mi sexualidad y sobre la forma en que me vestía y peinaba.
Los directivos de la institución no me cuidaron como profesora, no hubo diagnóstico, planificación ni acompañamiento por parte de ellos. Al contrario, los agravios hacia mi persona fueron constantes. De hecho, la madre y docente que inició el conflicto me denunció ante la justicia por corrupción de menores.
La decisión que tomó el ministerio generó temor en la comunidad educativa que nucleaba al colegio.
Una vez que te enteras de la suspensión, ¿Cuál fue tu reacción y a qué apelaste para enfrentarla?
También las demandas se extendieron a la real implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en los establecimientos educativos y además, los estudiantes se movilizaron por mejores condiciones edilicias para la escuela.
Se pudo hacer conocido este caso en la gran mayoría de los medios de comunicación locales y también, en algunos medios nacionales e internacionales.
¿Qué resultados se obtuvieron de las medidas y acciones de lucha que se llevaron adelante?
También inicié acciones legales contra el gobierno provincial por daños y perjuicios e hice una denuncia ante el INADI por discriminación.
Sin embargo, cuando me reintegré a clases, desde el Ministerio de Educación, se tomó la decisión de abrir dos cátedras de la materia que yo daba, obligando a los estudiantes a que opten por continuar la materia conmigo o no.
Todo esto me resultó muy incómodo, ya que sentí que me consideraban “anormal”, sin hablar de que a la cuestión de las cátedras las manejaron de manera arbitraria. Definitivamente, hubo un quiebre institucional.
Después de que se dejara sin efecto la suspensión y de que pudieras mantener tu puesto de trabajo, ¿Qué significa hoy para vos el dictamen del INADI, luego de tres años de lucha?
Esto es muy importante porque desde que se inició el conflicto nunca tuve un espacio para argumentar los motivos pedagógicos que me llevaron a proponer el libro en mis clases. Más allá de que es manifiesto que se me vulneraron mis derechos a réplica, libertad de expresión y trato igualitario.
El dictamen me trasciende como profesional y como persona. En este sentido, creo que sienta un gran precedente para que la situación que yo padecí no se vuelva a repetir y no la sufran el resto de los docentes por pensar distinto o usar otras metodologías y herramientas de enseñanza.
¿Qué conclusión podes hacer de la lucha que protagonizaste?
Creo que la lucha hizo ruido con dos cuestiones. Que, por un lado, no se puede considerar “mal docente” de Literatura a aquél que no ofrece como lectura el “Martín Fierro” o el “Matadero”. De hecho, creo que si la chica de la novela se hubiese enamorado de un profesor varón y no de una docente mujer no hubiera habido tanto revuelo y esta es una cuestión que en cierto sentido se pudo problematizar con la lucha, particularmente en lo que hace a la heteronormatividad. Y que, por otro, no nos pueden atacar a los trabajadores de la educación por proponer un libro, vestirnos distinto y/o no creer en Dios.
En fin, la lucha y sus resultados fueron cruciales en todo sentido porque de verdad me dañaron profundamente y nunca me pidieron disculpas.
Teniendo en cuenta la coyuntura política actual bajo el gobierno nacional de Macri y el gobierno provincial de Alberto Rodríguez Saá, ¿Qué reflexión haces con respecto a la real aplicación de la Ley de Educación Sexual en los establecimientos educativos, y a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI?
Bajo el gobierno actual, tanto nacional como provincial, se ve un gran vaciamiento y retroceso institucional. No hay voluntad política para aplicar la ley. Tampoco hay tolerancia ni respeto a la diversidad.
En síntesis, no hay intenciones de abordar, de manera seria, cuestiones vinculadas a la educación sexual. No hay voluntad de financiar ni de capacitar en lo que hace a estos temas.
Melina y Uriel, ambos ex estudiantes del colegio dónde se generó el conflicto nos dijeron lo siguiente con respecto a vos: “Nunca nos tuvimos que quejar de ella, ni como persona ni como profesora, porque además de enseñarte, te ayudaba en todo. Cualquier problema, sea familiar o de violencia de género, ella estaba ahí”.
¿Qué opinión te merece esta reflexión?
La labor del docente no empieza ni termina en las clases. Los/as profes aprendemos de los/as chicos/as e incorporamos sus enseñanzas en nuestras vidas. El trabajo docente es una labor política y es uno de los espacios de construcción de subjetividades. El mundo no va a cambiar si no cambiamos las escuelas y, con ello, nuestra enseñanza.
Redacción
Redacción central La Izquierda Diario
