Judiciales de la provincia protagonizaron una importante jornada de lucha en el centro de la capital puntana. Siguen reclamando contra el cambio en las condiciones de trabajo, impuesto por el Superior Tribunal de Justicia.
Lunes 28 de diciembre de 2020 21:54
En el marco del Paro por 72 horas anteriormente anunciado, judiciales de la provincia protagonizaron una importante jornada de lucha en el centro de la capital puntana. Siguen reclamando contra el cambio en las condiciones de trabajo, impuesto por el Superior Tribunal de Justicia.
“Nosotros no estamos reclamando por el horario ni el cambio de horario. Estamos reclamando por los cambios en las condiciones de trabajo, por la falta de comunicación que tenemos hoy en día con el nuevo Superior Tribunal”, expresó José Durán, Secretario General del Sindicato Judiciales Puntanos (SiJuPu), ante los medios locales.
Uno de los argumentos de la patronal judicial para implementar el cambio de horario es que entre las 07:00 y las 08:00 horas, la productividad de las trabajadoras y los trabajadores judiciales no supera el 7 % en relación al resto de la jornada laboral. Sin embargo, lo cierto es que si de “productividad” se trata, la misma no es responsabilidad de las y los judiciales, sino de la falta de presupuesto, que tiene como consecuencia la falta de personal, la falta de nuevos Juzgados u organismos, la falta de recursos y herramientas de trabajo, entre otros faltantes.
Otro punto que reclaman las trabajadoras y los trabajadores judiciales es que no están siendo parte de las discusiones que tienen como fin la modificación de la Ley Orgánica de Administración de Justicia, en la cual, se rumorean cambios en las relaciones laborales y en las condiciones de trabajo del Poder Judicial (extender la jornada laboral de seis a ocho horas, sin ningún tipo de aumento salarial; eliminar la Feria judicial, entre otros atropellos a los derechos de las y los judiciales).
Lo que evidencia este conflicto y los ataques del Superior Tribunal de Justicia (en evidente connivencia con el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá) es que hay claras intenciones de que la crisis, y todos los problemas que ha desencadenado y profundizado el COVID-19, sean soportados por la clase trabajadora, en este caso, por las trabajadoras y los trabajadores de la Justicia puntana, a través de una reforma laboral encubierta.
La unidad de las y los judiciales de toda la provincia, y la coordinación de su lucha con otros conflictos en curso, redoblar las fuerzas y mantener la organización hasta ahora lograda (con el Cuerpo de Delegadas y Delegados, por ejemplo), como así también, el apoyo y la solidaridad de otros sindicatos y sectores de estatales es fundamental si se pretende torcerle el brazo a los atropellos de las patronales y los Gobiernos.
