Tarifazos y despidos seriales llegaron también a Villa Mercedes y San Luis. El perverso Plan de Inclusión inventado por el gobierno de Alberto Rodríguez Saa parece haber llegado a su fin.
Jueves 11 de febrero de 2016
El ajuste se descarga sobre miles de trabajadores del perverso Plan de Inclusión Social, inventado por el gobierno de Alberto Rodríguez Saa hace casi trece años. Ese plan lejos de “incluir”, excluyó de derechos y dignidad a más de 40 mil sanluiseños desde su comienzo, perpetuando y condenando con el voto cautivo, la explotación, el vaciamiento de DOSEP y los bajos salarios durante más de una década a miles de desocupados.
Durante estos largos años lo que debería haber sido un paliativo ante la falta de trabajo real se convirtió en el mayor logro de mano de obra barata, ahorro de aportes y cargas sociales para el Estado provincial, lucrando ilegalmente a costa de los trabajadores que, sin recibir aportes, salarios acordes a su labor, se desempeñaron en hospitales, cabinas de peajes, escuelas y organismos públicos sin olvidar los que quedaron tirados a las orillas de rutas y ríos sacando yuyos y muchos muriendo ante la intemperie. También fueron “útiles” para llenar los actos de campaña y enfrentar cuerpo a cuerpo a otros trabajadores de la educación en los reclamos del 2004 junto al gremio de la UOCRA.
Con una bandera propia, que flameaba en cuanto mástil existía, la precarización laboral se convirtió en un icono puntano que serviría para ocultar las verdaderas cifras de desocupación y exclusión.
Pero para lograr semejante travesía social se necesitó de la complicidad de los gremios, Justicia, programa de relaciones laborales y AFIP que sabían muy bien que, en los diferentes organismos públicos, cientos de trabajadores no percibían aportes, remuneraciones ni convenios establecidos por los estatutos, todos miraron para otro lado. El Estado fue el mayor negrero y explotador, pero a nadie le importó. Ni siquiera a la oposición que en la mediocridad política naturalizó el plan más siniestro en materia de política laboral de los últimos años.
Hoy después de cuatro años de relativa ausencia en nuevamente electo gobernador Alberto Rodríguez Saa. Ya no necesita de lo que en su momento se denominó su “ejército propio”, y sumado a la “ola amarilla” como buen ejemplo de lo realizado por el macrismo en Buenos Aires y todo el país, como para no quedarse atrás con el “nuevo modelo” nacional comenzó aquí en su tierra a hacer lo suyo.
Para muestra basta un botón
El caso puntual del trabajador de peajes Edgar Diaz es un claro ejemplo de la complicidad del Estado nacional desde hace mucho tiempo, ya que la AFIP había recibido reiteradas denuncias sobre la situación irregular de cientos de trabajadores que, con paupérrimos ingresos y un alto porcentaje de esa mísera suma, era subsidiado con el dinero de los impuestos cobrados a todo el pueblo puntano, que en vez de destinarse a salud y educación se desviaban a pagar parte de estos sueldos. Algo irrisorio ya que las abultadas cajas negras de las rutas se llenaban de dinero suficiente para pagar los sueldo de estos trabajadores, quienes no cobraban ni la mitad de los que marca la ley y además trabajaban sin ningún tipo de aportes ni carga social. Algunos pocos hicieron y hacen muy buen negocio con los excluidos en San Luis.
La pregunta jamás respondida es ¿por qué debieron pasar tantos años para que este Estado de descomposición se perpetuara sin una reacción de los que más sufrieron la explotación y el maltrato? Los reclamos fueron estériles porque fueron luchas individuales, en una provincia de las llamadas “feudales”, con la prensa maniatada y la mayoría de los medios seducidos por la pauta oficial, entre ellos un canal estatal que es propiedad de los Saá, sin olvidar el Diario de La República. La falta de organización y conciencia de clase convirtieron al estado en el peor enemigo de los trabajadores, poderoso e impune. Modelo “exitoso” de un gobierno de derecha que solo la unión de los trabajadores podrá derrotar para decir NUNCA MÁS.
