El sistema de salud privado está en crisis terminal desde antes del coronavirus. Se suma al recorte que impuso el intendente Passaglia en el presupuesto municipal para salud y al vaciamiento del hospital. Trabajadores y pacientes sufren las consecuencias.
Federico Berg @fedeberg80
Viernes 3 de abril de 2020 09:42
La crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia del coronavirus se monta, en San Nicolás, sobre una situación preexistente de vaciamiento, precarización, ajuste y recortes. No existen condiciones para abordar esta emergencia, con sólo 24 respiradores para más de 200.000 habitantes en la zona.
En el sistema privado, la Clínica San Nicolás está en crisis desde hace años. Fue reducida a un centro de consultorios externos y vaciada de su capacidad de internación. Pero a esto se le suma el reclamo de sus trabajadores que están cobrando al 70% desde hace muchísimo tiempo, después de haber pasado meses directamente sin cobrar nada.
En la Clínica Plaza se pagan los sueldos en cuotas, con un atraso que amenaza las condiciones de vida de sus trabajadores. En el Instituto Santa Isabel recién ahora se está regularizando el pago de los aguinaldos y salarios adeudados.
Por su parte, las y los jubilados nicoleños vienen luchando desde hace años por la construcción de un sanatorio de PAMI. El sector pasivo debe recurrir a la clínica de la UOM que ya está saturada para atenderse, sometiéndose a esperas que no pueden ser toleradas por los adultos mayores.
Las y los trabajadores del llamado Sanatorio Nuestra Señora del Rosario, que en realidad es administrado por el sindicato metalúrgico de San Nicolás y conocido popularmente como “la clínica de la UOM”, están cobrando muy por debajo del convenio de Sanidad. Tal es la desidia de funcionarios y propietarios, que incluso hubo un jefe de guardia ejerciendo sin título médico. Amparado por sus relaciones con sectores políticos (amigo del intendente, y dirigente de la Juventud Radical de San Nicolás), el “falso médico” Guillermo Chauderón estuvo atendiendo a miles de pacientes durante años, desde su designación oficial en el servicio de emergencias médicas de la Municipalidad.
A la redacción de La Izquierda Diario continúan llegando denuncias, tanto de trabajadores como de usuarios, sobre la acuciante falta de insumos sanitarios y camas. Esto se suma a la sobrecarga del personal disponible.
El intendente Passaglia está sobreactuando gestos superficiales, como el montaje de una carpa en medio de la avenida Moreno o la distribución de unas decenas de mascarillas. Pero en el presupuesto municipal, aprobado por el oficialismo de Cambiemos, se contempla una reducción del 27% en el área de salud. Lo que ya era un atentado contra la población, se puede convertir en una masacre en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Desde los medios masivos de comunicación y los funcionarios del Estado se remarca el nivel de crisis que existe. Lo que no se difunde es el estado deplorable del sistema sanitario, no sólo público sino también el privado y el social (mutuales, PAMI, sindicatos, etc.). Desde el análisis y detección, que apenas puede procesar unos cientos de casos por día, hasta el déficit estructural de camas comunes y de terapia intensiva, la infraestructura sanitaria nacional se encuentra en una situación alarmante.
El Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Ginés González García, había sugerido la posibilidad de centralizar todo el sistema sanitario (público, privado y social). Pero la presión de los propietarios de las empresas de medicina prepaga y clínicas privadas hizo retroceder a la iniciativa del gobierno.
Frente al avance inexorable de la pandemia de coronavirus, y con la certeza de que en cuestión de semanas se contarán los casos de infección de a miles, se deben tomar medidas de urgencia. En primer lugar, el Estado puede y debe nacionalizar y centralizar todo el sistema sanitario del país. Las clínicas, sanatorios y laboratorios privados tienen que ser declarados de utilidad pública, y si las empresas se niegan a poner sus recursos a disposición, deberán ser expropiadas y administradas directamente por sus trabajadores. Se debe iniciar una campaña masiva de testeos, comenzando por los propios trabajadores de la sanidad que son los más expuestos.
Estas medidas están al alcance, pero los gobiernos se niegan a tomarlas. Los sindicatos se deben poner a la cabeza de esta pelea para imponer una salida favorable a los trabajadores.
