Estado Español. Sánchez e Iglesias apoyan el “confinamiento de clase” en Madrid

Militares y policías es la receta del Gobierno “progresista” para la situación de crisis sociosanitaria que se vive en Madrid con la "segunda ola" de contagios en el país. De este modo Sánchez e Iglesias fortalecen el “confinamiento de clase” de Ayuso con medios represivos.

Pedro Sánchez y el gobierno “progresista” avalan el “confinamiento de clase” que impuso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo que hace unos días eran palabras e intenciones en la rueda de prensa de los dos mandatarios, hoy está cerca de convertirse en hechos.

Este miércoles, Ignacio Aguado, Vicepresidente y portavoz gubernamental, ha comunicado que van a solicitar al Ejecutivo central la intervención del Ejército, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Tal y como ha informado Aguado se va a proceder a solicitar “en una reunión este jueves apoyo logístico militar urgente para la instalación de carpas, realización de test y labores de desinfección en cada una de las zonas básicas de salud con restricciones en vigor”.

Junto a este despliegue desde el Gobierno de Madrid también solicitan dos medidas adicionales, el envío de “222 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en las 37 zonas básicas de salud para llevar a cabo tareas de inspección para el cumplimiento efectivo de las cuarentenas y la sanción de incumplimientos”, a lo que añadía “en tercer lugar, vamos a solicitar una reforma exprés de la normativa vigente para incorporar de forma inmediata a los 300 médicos extracomunitarios que estuvieron trabajando durante la primera oleada en Madrid, y que ahora, como consecuencia de las restricciones estatales vigentes, no podemos contratar”.

Es decir, militarización, represión policial y precariedad laboral con la contratación express y por tres meses (tal y como ya lo realizan otras CCAA) de sanitarios extracomunitarios.

Previsiblemente se multiplicará la represión y las vejaciones por parte de las fuerzas represivas a los vecinos y vecinas como ya ocurriera en los confinamientos de abril, mientras las multas previstas para este confinamiento oscilan entre los 600 y los 600.000€.

Mientras se niega a los sectores populares el derecho al esparcimiento, a la sanidad, la educación y ahora a la circulación, salvo para viajar hacinados en el metro o el tren para ser explotados y volver a casa.

Las medidas de Ayuso, avaladas por el gobierno de Sánchez, muestran que hay dos Madrid. Por un lado, el Madrid de los barrios populares, de los trabajadores y trabajadoras, de las inmigrantes y juventud precaria, que son los que ocupan los trabajos esenciales, los más expuestos al contagio y con mayor precariedad; los que no saben cómo llegar a fin de mes ni como pagar el alquiler, amenazados por un desahucio o quedarse sin empleo; los que ya están desempleados y ni siquiera acceden al IMV, como miles de trabajadoras del hogar; los que viajan en metros atestados, sin poder guardar distancias de seguridad. Y muy lejos, el Madrid del barrio Salamanca, de los hoteles de lujo, de la casta de políticos profesionales, sede de las grandes empresas, centro de los fondos buitre y la especulación inmobiliaria.

Moncloa como sostén del “confinamiento de clase” de Ayuso

Con la aceptación de estas peticiones, y tal como ya expresara el propio Presidente del Gobierno en la rueda de prensa junto a Ayuso, el Gobierno “progresista” apoya con más medios represivos el “confinamiento clasista” de Ayuso.

No cabe duda que de la situación de crisis sociosanitaria que vive Madrid hoy, PSOE y Unidas Podemos son igual de responsables que el gobierno autonómico de Ayuso. Tanto en los momentos de mayor tensión de la pandemia en primavera como posteriormente se han negado a llevar a cabo ninguna medida a la altura de las necesidades que había sobre la mesa.

Ni expropiación de viviendas en manos de fondos buitres para garantizar cuarentenas dignas, ni la nacionalización de la sanidad privada para aumentar la capacidad de diagnóstico y cuidados.

Pero sacando más hojas al calendario y observando la última década, tanto PSOE como Partido Popular han sido los principales ejecutores de recortes en Sanidad que se han realizado desde Moncloa. Hasta un 11,3% se ha reducido la inversión en nuestro sistema sanitario en los últimos 10 años, según revelaba un estudio de Amnistía Internacional el pasado Julio.

Es por esto que aún resulta más escandaloso que Podemos e Izquierda Unida sigan ocupando un sitio en el Consejo de Ministros de un Gobierno que militariza los barrios populares de Madrid y junto a un partido que ha sido verdugo principal de la situación de desmantelamiento que vive la sanidad pública en el Estado español. Si bien esto último es uno de los muchos “sapos” que Iglesias y Garzón han tragado sin mayor drama.

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Frente a esta situación de crisis y ante las medidas clasista y racistas de Ayuso avaladas por Moncloa, se hace imprescindible un plan de emergencia a la altura de la situación. Un plan de que refuerce la sanidad pública, que prohíba los desahucios, que fortalezca el transporte público bajo control de los trabajadores, que garantice la seguridad en las aulas con más docentes, más espacios o garantice una renta de emergencia a todos aquellos que se queden sin ingresos o los veas reducidos drásticamente y un impuesto progresivo a las grandes fortunas, entre otros.

Un plan que sea discutido en las asambleas de barrio, de las fábrica y de los centros de estudio, que impongan a las burocracias sindicales de CCOO y UGT (que mientras denuncian las medidas de Ayuso aplauden al Gobierno de Sánchez e Iglesias que es quién garantiza la represión) una gran huelga general en Madrid.

No solo para echar atrás los planes clasistas y racistas de Ayuso sino también para discutir e implementar las medidas de emergencia y luchar por una salida a esta crisis en favor de la clase trabajadora.