Citado este martes a declarar, el presidente del Gobierno ha presentado una querella por prevaricación contra el juez al frente de la causa abierta contra su pareja, Begoña Gómez.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Martes 30 de julio de 2024
Vehículo en el que ha llegado este martes el juez Peinado a Moncloa / EFE
En la mañana de este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prestado declaración en la Moncloa en calidad de testigo ante el juez Peinado, en relación a la causa abierta contra su pareja, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. Sánchez ha decidido no declarar, sobre la base del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), según el cual al ser cónyuge de la investigada no tiene obligación de hacerlo.
Tras la cita con el juez, que apenas ha durado unos minutos, se conocía que la Abogacía General del Estado ha presentado una querella contra el propio juez Peinado por prevaricación y en defensa de Sánchez.
Como escribíamos estos días, la causa contra Gómez, más allá de los posibles delitos, es parte del lawfare de la casta judicial y de la campaña política para deslegitimar al presidente y desestabilizar al Gobierno. Una casta judicial que se permite pasar a la ofensiva, tras su reforzamiento con el reaccionario pacto entre el PP y el propio PSOE de Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial, así como con el nulo recorrido de la política de “regeneración democrática” del Gobierno.
Desde el PSOE y el Gobierno en su conjunto denuncian el lawfare, y la Abogacía General del Estado mueve las herramientas legales. Mientras tanto, activistas y sindicalistas entran a prisión, o continúa el bloqueo de la amnistía en Catalunya, por la acción de esta casta judicial que milita para las derechas y la patronal, con la total connivencia del propio Gobierno.
El último caso de represión, se produjo con la detención policial el pasado 25 de julio del dirigente del Sindicato de Estudiantes de Sevilla, Carlos Ochoa, por haber participado en el movimiento universitario de las acampadas por Palestina.
Recientemente cumplían 100 días en prisión los 6 de Zaragoza, condenados por un juez franquista, sirviéndose de la ley mordaza que sigue más vigente que nunca, y siendo desoídas sus peticiones de indulto.
Esta es la política del Gobierno y del PSOE de Sánchez que cierra filas con el Régimen del 78 y su reforzamiento, y que lo que permite en realidad, es la ofensiva judicial y de las derechas que buscan dar un giro aún más represivo, conservador y reaccionario a este escenario.
