ESCALADA GOLPISTA. Sanción norteamericana a PDVSA: un salto en la ofensiva imperialista contra Venezuela

La tensión política en el país se acelera cada vez más, en la medida que el gobierno de Donald Trump avanza en su intervencionismo acelerado. Ese avance envalentona a la derecha en sus intenciones golpistas.

La decisión del gobierno norteamericano de imponer nuevas sanciones a PDVSA configura casi un acto de guerra contra la nación venezolana. Lo que es presentado como un combate contra Maduro traerá aparejado un mayor hundimiento de las condiciones de vida para el pueblo pobre de ese país.

Se trata, en los hechos, de un embargo petrolero, inédito para Venezuela. Además, las sanciones prohíben la exportación a Venezuela de diluyentes que usa PDVSA en el procesamiento del crudo pesado y extrapesado, y limitan el comercio de bonos de PDVSA. Esto significa que la producción de petróleo en el propio país podría seguir cayendo. Asimismo no se podrán exportar ni importar derivados petroleros desde EE.UU. como, por ejemplo, gasolina ligera.

PDVSA ya se encuentra en una gran crisis dentro en el territorio venezolano, con sus niveles de producción cayendo a mínimos solo comparables a 1940. Si en el 2012 se producían alrededor de 3 millones de barriles diarios, hoy se esa cifra está más cerca del millón de barriles, llevando a fuertes caídas en los flujos de caja.

La sanción de EE. UU. incluye el congelamiento de U$S 7.000 millones en activos venezolanos, además de otros 11.000 millones en exportaciones a futuro. Cada pago que ingrese a PDVSA terminará en cuentas congeladas. Con un cinismo descarado, Steven Mnuchin -secretario del Tesoro estadounidense- dijo que “si los venezolanos quieren seguir vendiéndonos petróleo y aceptan que el dinero vaya a las cuentas bloqueadas, no tenemos problema, seguiremos comprando”.

EE.UU es el destino de cerca de la mitad de las exportaciones venezolanas. Otra parte significativa de crudo se exporta a China. Sin embargo, gran parte de ese hidrocarburo es en pago por deudas contraídas, por tanto no significan un ingreso para el país. Otras cuotas van hacia otros países en distintas proporciones, y una parte se destina al intercambio de mercancías.

La empresa Citgo en la mira

Uno de los principales activos de Venezuela en EE.UU. es la empresa Citgo, que posee oleoductos y gasoductos en todo el país. La firma tiene refinerías de petróleo en Corpus Christi, Texas; Lake Charles, Luisiana; y Lemont, Illinois, además de 48 terminales de almacenamiento y distribución, con unas 6.000 estaciones de venta de gasolina.

Citgo puede refinar un total de 749.000 barriles por día (bpd). La mayor de las tres refinerías, ubicada en Lake Charles, puede refinar 427.800 bpd, siendo la sexta en importancia en Estados Unidos. Un factor que hace que estas refinerías sean únicas, es que pueden trabajar con crudos pesados.

Dada la importancia que tiene para EE.UU. dentro de su territorio y de su economía, Citgo continuará operando. Aunque ahora, con el bloqueo dictado por el Tesoro, sus ganancias terminarán en las cuentas bloqueadas.

Sin embargo, Citgo ya es una empresa complicada por la propia irresponsabilidad del gobierno de Maduro. El 50,1 % de sus acciones fue puesto en garantía como respaldo de una operación de canje de bonos. El restante 49,9 % está comprometido con la petrolera rusa Rosneft, como garantía para apalancar un financiamiento.

Esas operaciones tienen por objetivo garantizar pagos a acreedores internacionales en concepto de deuda externa. Con las sanciones anunciadas pueden entrar en riesgo esas acciones, ya que el gobierno de Maduro tendrá más límites para hacer frente a los pagos externos.

PDVSA tiene inventarios y activos en zonas más cercanas, como las islas de Bonaire y San Eustaquio, así como en Curazao. Estas regiones forman parte de los Países Bajos y son "territorios de ultramar” (enclaves) de la Unión Europea. Precisamente la UE también ha amenazado al gobierno de Venezuela con reconocer a Juan Guaidó como presidente si no se convoca a elecciones en los próximos días. Esas islas son importantes puntos para las exportaciones hacia otras regiones, incluyendo China.

Este martes, como una total fantochada, EE.UU. autorizó al representante de la derecha, Juan Guaidó, a que “reciba y controle” propiedades a nombre del “Gobierno de Venezuela”. Se trata de seguir dándole aire al engaño de que se trata de un “gobierno legítimo”.

Un salto en la escalada golpista y un ataque brutal que hundirá más al pueblo venezolano

La política de EE.UU. apunta a un estrangulamiento exponencial, dado que una intervención militar directa presenta muchísimos inconvenientes. Además se corre el riesgo de perder importantes activos extraterritoriales. El objetivo de Trump es terminar de colapsar la economía venezolana para provocar la caída del gobierno de Maduro. Pero eso significa todavía más miseria y pobreza para la población.

Al mismo tiempo, las amenazas militares se mantienen. Ese lunes, en un acto deliberado de prepotencia imperial, el asesor de Seguridad John Bolton dejó ver una libreta con una anotación que decía “5.000 tropas a Colombia”.

Por ahora, el objetivo de EE.UU. y la derecha de Guaidó -con su Ley de Amnistía- sigue siendo provocar un quiebre en las Fuerzas Armadas para que se rebelen contra Maduro.

La derecha golpista y el gobierno norteamericano buscan capitalizar el hartazgo popular por la terrible situación económica y social. A eso se suma el accionar autoritario y represivo, cuasi-dictatorial, del gobierno de Maduro.

Tenemos que enfrentar este intento de usar el descontento con el gobierno como base de maniobra para los objetivos del imperialismo norteamericano y la derecha venezolana. Los intereses de Guaidó, Bolton y Trump no son los intereses del pueblo trabajador venezolano. A ellos no les importa ni los padecimientos ni la represión que sufre la población pobre. Lo que buscan es un gobierno títere, subordinado a sus intereses económicos y geopolíticos de los EE.UU.

Eso hace necesaria una salida independiente por parte de la clase trabajadora y la población pobre de Venezuela. Al brutal ataque imperialista hay que oponerle un programa de lucha contundente, un programa obrero de emergencia que dé respuestas a los enormes padecimientos del pueblo, un programa enfrentado tanto a la agresión imperialista como a la política antiobrera de Maduro.

Es necesario avanzar en la nacionalización, bajo control de los trabajadores y de técnicos, de toda la producción petrolera. Hay que imponer además la repatriación obligada de capitales y la confiscación de los bienes de todos los que saquearon al país. Hay que garantizar la vigencia de los contratos colectivos de trabajo y establecer un salario igual a la canasta básica, indexándolo por inflación. Hay que establecer un control real de los precios, algo que solo podrá ser garantizado por los propios trabajadores y por comités de consumidores, sin ninguna tutela de los empresarios, militares o burócratas del gobierno. Pelear por echar abajo el Estado de excepción y por la libertad plena de los trabajadores presos y todos los detenidos por protestar.

Estas son algunas de las medidas necesarias y urgentes para impedir que la crisis siga golpeando sobre las condiciones de vida de la población pobre.
Para avanzar en ese camino, el único posible para enfrentar seriamente la avanzada golpista, es necesario que la clase obrera avance en un camino independiente, tanto de la oposición de derecha como del gobierno de Maduro.

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