Agrupaciones ambientalistas denunciaron a Stella Maris Clerici por incumplimiento de funcionario público. “Tengo graves problemas de salud por los agroquímicos”, denunció una víctima.
Laura Borse Periodista | @lauraborse
Martes 23 de octubre de 2018 14:22
El pasado martes 2 de octubre se presentó ante la Unidad Fiscal local del Ministerio Público la señora Norma Cabrera, junto a integrantes de la multisectorial Paren de Fumigarnos y de la Asociación Civil Capibara Naturaleza, Derecho y Sociedad, para denunciar penalmente a la intendenta de Cañada de Gómez, Stella Maris Clerici, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según informaron las asociaciones civiles que acompañaron la denuncia, “en el mismo escrito fueron denunciados también los señores Jesús Gilberto Mosca y Miguel Aranda, por delito de lesiones, daño agravado por la utilización de sustancias venenosas, contaminación del medioambiente o atmósfera de un modo peligroso para la salud, agregándose para el caso de Aranda, una denuncia por delito de amenazas contra la señora Cabrera”.
También se solicitó que se investigue al ingeniero Horacio Penino, inspector de la Subdirección General de Agricultura y Sanidad Vegetal del Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, quien debió tomar medidas ante las reiteradas denuncias que realizó la Sra. Cabrera ante las fumigaciones, afectando su salud y la de sus familiares y que no ha realizado ningún tipo de actuación hasta el momento. Además, se requirió la investigación de la responsabilidad, por infracciones a la normativa legal, provincial y federal en materia de uso de productos tóxicos y residuos peligros, del Sr Carlos Pellegage, propietario del predio arrendado por el Sr. Mosca, donde se realizaron las fumigaciones y de las firmas Land Agro y Nova S.A.
Ante estos hechos, las organizaciones civiles junto a la Cabrera realizaron tres presentaciones ante la Unidad Fiscal local, la Municipalidad y el Concejo Deliberante, una denuncia penal contra la intendencia y los autores materiales de las fumigaciones, una solicitud de acceso a la información pública ambiental ante el departamento ejecutivo (Ley 25.831), y una propuesta de ordenanza ante ediles locales para prohibir el glifosato en todo el ejido de la localidad.
Fumigaciones contra la familia Cabrera
Norma cabrera es fumigada en su hogar al menos desde el año 2015, lo que le ha causado severos trastornos de salud. “Desde 2015 denunciamos las fumigaciones en Cañada de Gómez. Tengo graves problemas de salud por los agroquímicos. La denuncia penal a la intendenta Clérici es porque nos fumigan a pocos metros de nuestra casa”, afirmó Norma a una radio local. Y si bien estos hechos fueron oportunamente denunciados, ni el Municipio ni la Fiscalía penal ha tomado intervención sobre el asunto, “colocando a las víctimas en una flagrante situación de desamparo y denegación de justicia, situación escandalosa para un estado democrático en razón de los derechos humanos fundamentales comprometidos”, expresaron los denunciantes.
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El inmueble de la familia Cabrera se encuentra dentro de la zona urbana de Cañada de Gómez y las fumigaciones se practican, en algunos casos, a escasos 20 metros de distancia de la vivienda, en flagrante violación del Artículo 41 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales de Derechos Humanos, las leyes de presupuestos mínimos ambientales a nivel nacional y las leyes ambientales provinciales como el art. 1º de la Ordenanza N° 1748/85 que establece la prohibición de la elaboración, fraccionamiento, almacenamiento, mezcla, expendio y aplicación de biocidas en general en todas sus formas dentro de la zona urbana y hasta una distancia no menor de 3 km de aquella.
Desde Capibara manifestaron que en razón de la gravedad de la situación vivida por la familia Cabrera y otros vecinos, se reservan el derecho de recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado que están comprometidos derechos humanos con rango constitucional y convencional a la par de una situación patente y flagrante de denegación de justicia por parte de la Municipalidad, la Fiscalía Penal local y el Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe.
La ONG busca poner sobre la mesa no solo este caso, sino también el de cientos de vecinos, familias y comunidades de la Santa Fe profunda donde se evidencia la desidia de las instituciones estatales, en todos sus niveles, casi sin advertirse distinciones en cuanto a los signos políticos partidarios de gobierno, actuando por acción y omisión en connivencia manifiesta con los principales actores del modelo extractivista agroindustrial de la región.
Corporaciones transnacionales, empresarios intermediarios, confederaciones rurales y productores agropecuarios insisten con un sistema productivo sostenido a base de insumos biotecnológicos y la aplicación intensiva de millones de litros de herbicidas, “agrotóxicos”, generando severos daños en la vida y salud de las personas afectadas, como así también nefastas consecuencias para el ambiente y la diversidad biológica.
