Santa Fe: denuncian que ley con media sanción estigmatiza a niñes con autismo

La nueva ley que tiene sanción en el senado provincial propone que aquellas personas que tengan alguna condición del espectro autista (CEA) deban utilizar una pulsera de color azul con un mensaje que diga "soy autista llame al 911". Esta ley generó el repudio de diversos sectores.

Desde la organización de Padres Rosario TEA manifestaron que el proyecto de ley es discriminatorio, en contraposición con la Constitución Nacional y por supuesto con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que derriba "todo concepto de respeto por las personas con discapacidad, y sus derechos, contradiciendo el nuevo paradigma de la discapacidad." Por su parte Amsafé Rosario junto a los equipos escolares interdisciplinarios también repudiaron la definición de la Cámara Alta. En un duro comunicado expresan: “Consideramos que dicha identificación es una marca discriminatoria que antepone el diagnóstico a la cualidad de persona y contradice la promoción de una sociedad inclusiva. Por el contrario, promueve la patologización, borrando las singularidades de cada sujeto”

La psicóloga, docente y Directora del Centro de Estudios Históricos del Psicoanálisis en Argentina, Ana Bloj, respondió: “En lo que se acuerda en la mayoría de las declaraciones es que este proyecto de Ley es estigmatizante. Esto quiere decir que no se reconocen las diferencias, las particulares de cada uno y se antepone un diagnóstico a cada uno de esos niños. Por otra parte, es importante pensar que el diagnóstico en la infancia es provisorio, no se puede dejar fijado a alguien en un diagnóstico, porque eso no le permite a alguien la salida de ese diagnóstico. Tiene que ser pensado como una hipótesis que debe ser resignificada permanentemente. A mí esto me hacer acordar a la ciencia ficción, tiene olor a aquellos horrores sobre los que nos anticipaba Ray Bradbury. Y por último me pregunto: ¿es la policía la mejor ayuda que puede recibir un niño?”

Consultada por La Izquierda Diario, la psicóloga y directora de la Carrera de Especialización en psicología clínica, institucional y comunitaria de la UNR, Silvia Grande, se refirió a que este “proyecto de ley, como ya lo han manifestado distintas organizaciones como la Facultad de Psicología, la Cátedra de intervenciones en Niñez, Infancia y Adolescencia o el Colegio de Psicológicos de la Provincia de Santa Fe, iría en contra de la ‘Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’ incluida en la Constitución Nacional. Esa convención cambió el paradigma y el modo de pensar la discapacidad, centrado ya no en la deficiencia singular, sino en las posibilidades de la sociedad de dar respuesta a las necesidades diferenciales de las personas. Por otro lado, la media sanción es contradictoria con la Ley de Salud Mental que plantea la necesidad de producir integración y de poner un tope a la discriminación de la que ha sido objeto algunos grupos sociales. Justamente ambos marcos plantean la responsabilidad del Estado a intervenir para garantizar la equidad. Con esta nueva Ley iríamos por el camino absolutamente contrario. Debemos reflexionar como sociedad si los derechos se adquieren por la vía de diagnósticos o si los derechos se deben ejercitar por la vía, precisamente, de la responsabilidad del Estado respecto de garantizar la equidad. De ninguna manera veríamos cómo la estigmatización –hacer un registro de personas- estaría garantizando una mayor equidad en la población y garantizando mayor acceso a los derechos.”

La Salud Mental y Estigmatización

Esta ley somete a una enorme estigmatización a aquellas personas con algún “padecimiento mental”, etiquetandolas como "autistas", cuestión que, en palabras de Carmen Risso, abogada y madre de una chica con CEA, “atenta por un lado contra la Convención para Las Personas con Discapacidad, que tiene garantía Constitucional que habla de un concepto social de la discapacidad, donde el Estado es responsable si una persona no puede garantizar plenamente sus derechos, ya no pone en foco las dificultades de esa persona. Y busca, una sociedad respetuosa de la diversidad con igualdad de oportunidades y de acceso para todos.” Agrega además que “una discusión similar se dio con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) pero salvando la enorme diferencia de que por un lado el CUD sirve para acceder derechos como tener trámites aparte en obras sociales, no pagar algún impuesto, etc. y que además no es obligatorio mostrarlo constantemente. Es decir, la gente puede no saber que tenés un CUD, sin embargo con la pulsera todo el mundo lo ve.”

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Otro punto a tener en cuenta es el por qué llamar a la policía, como indica la pulsera. Ante esto, Risso dice: “¿Por qué debería llamarse al 911 por una persona con CEA? ¿Qué nuevo derecho consagraría eso y esta ley en general?”. En otras palabras, carece completamente de sentido llamar a la policía por el simple hecho de tener CEA. Se procede nuevamente a la estigmatización de las personas con algún “padecimiento mental”.

Por otro lado, la Ley Nacional de Salud Mental plantea claramente, en el Capítulo IV, Artículo 7, que “las personas con padecimientos mentales tienen Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado”. Es decir, no puede usarse un padecimiento o diagnóstico para identificar o etiquetar a una persona con “padecimiento mental” por el simple hecho de tenerlo o haberlo tenido.

La media sanción de esta ley se da enmarcada por la aprobación de un presupuesto de ajuste, a medida del FMI, donde la salud (por ende también la salud mental) se ve recortada casi un 10%. En plena pandemia y con una partida presupuestaria recortada, es difícil garantizar plenos derechos a las personas con algún padecimiento mental y esta nueva ley viene a dejar en claro que no son sus derechos los que se quieren defender.

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