Gendarmería realiza controles abusivos en el transporte público de pasajeros.
Martes 23 de octubre de 2018 14:29
Hace pocos días, el gobierno provincial anunció en un acto con la presencia de la ministra Bullrich, la llegada de 300 gendarmes a la provincia, con la intención de “reforzar la seguridad”. Todo esto en el marco de las reformas realizadas en la primera mitad del año, en donde se involucra a las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior.
A los pocos días, quedó al descubierto la verdadera intención de estos operativos: se mostraron en las rutas junto a la policía caminera, aparecieron en puentes y accesos de la cuidad. Ayer, se los vio requisando objetos personales y obligando a identificar con documentos a la gente por sólo estar dentro de un colectivo, yendo al trabajo o estudiar. También hay denuncias de jóvenes que, estando con sus amigos, han sido obligados a retirarse de plazas u otros lugares públicos de sus barrios.
Nefasto operativo de la #Gendarmería a cargo de @PatoBullrich en Córdoba. Repudio urgente! @myriambregman @NicolasdelCano @NathiGonzalezS @RossoFer @castillaeduardo pic.twitter.com/8dhZmbILZz
— Laura Vilches (@VilchesLaura) 23 de octubre de 2018
La ministra de Seguridad Bullrich anuncia operativos que detectan cargamentos de droga para usarlos como pantalla de aquel verdadero objetivo. Buscan naturalizar la presencia de las fuerzas represivas nacionales junto a la policía local ante la mirada cotidiana de la población. Pretenden avanzar en mayor control social sobre los sectores populares y la clase trabajadora.
El repudio en las redes sociales a estos hechos fue masivo, la mayoría las recuerda como postales de la última dictadura militar. Sin embargo, en sus primeras declaraciones, el Secretario de Seguridad, Alfonso Mosquera, aprobó la forma de realizar los operativos y ratificó su continuidad.
Los gobiernos de Unión por Córdoba no han sido ajenos a estas prácticas. La provincia se hizo conocida por los “corralitos” y las razzias policiales que generaban miles de detenciones arbitrarias al año.
Con el primer gobierno del recientemente fallecido De la Sota, se profundizó un modelo de “policialización” amparados en el Código de Faltas que redactara el radicalismo en los años 90.
Recordemos que con el masivo repudio de sectores populares y juveniles se lograron morigerar algunos de los aspectos más brutales del control policial, que prácticamente impedían que los jóvenes de las barriadas populares pudieran siquiera transitar por el centro de la ciudad u otros barrios.
A la par que se realizaban movilizaciones como la Marcha de la Gorra, o se organizaban familiares y amigos de victimas del gatillo fácil, seguían saltando a la luz escandaloso casos de corrupción como la de la división Drogas Peligrosas involucradas en el narcotráfico o el robo de 72 pistolas calibre 9 milímetros de la misma Jefatura de Policía. Algunas de ellas han aparecido en distintos robos, no sólo en la Provincia de Córdoba. La ligazón de la fuerza policial con el delito organizado es total.
Schiaretti, quien dice reivindicar a los 30 mil desaparecidos, ha elevado el número de policías de forma exponencial, incluso llevando a que en la provincia haya más policías que maestras de primaria, como lo denunció la legisladora Laura Vilches, desde la banca del PTS-FIT. Ahora, como parte de su seguidismo a Macri, logró ponerse de acuerdo con Patricia Bullrich, una férrea defensora del gatillo fácil y todo tipo de abusos policiales, para el envío de 300 gendarmes a la provincia.
En conjunto con una fuerte campaña mediática, de similar manera a lo que hacen en las luchas obreras o juveniles, buscan naturalizar estas acciones que incluyen las requisas a la intimidad de las personas. En momentos que las principales preocupaciones pasan por el desempleo o la inflación, el PJ busca comerle la base electoral más reaccionaria a Cambiemos.
Darle total poder a las fuerzas de seguridad más allá de los derechos mínimos prepara el terreno para la restauración de un estado policial donde haya vía libre para la represión de trabajadores, estudiantes y cualquier sector en lucha como vimos en Juárez Celman a quienes pelean por vivienda digna.
