La Asamblea Nacional aprueba el anteproyecto de reforma que supondrá un cambio significativo en los derechos de la comunidad LGTBI de Cuba, empezando por el matrimonio igualitario.
Miércoles 27 de julio de 2022
Miles de personas participan hoy en la conmemoración de los 69 años del asalto al cuartel Moncada, en Cienfuegos (Cuba). Con la presencia del general de ejército Raúl Castro y el presidente cubano Miguel Diaz-Canel, se efectuó en la ciudad de Cienfuegos el acto central por el aniversario 69 del asalto al cuartel Moncada, Día de la Rebeldía Nacional. EFE/Ernesto Mastrascusa
La Asamblea Nacional de Cuba aprobó el pasado 22 de julio la nueva versión de la Reforma del Código de Familia, que busca modificar el código vigente desde 1975. Esta demanda es el resultado de una pelea de décadas y responde a una larga reivindicación del movimiento LGTBI y de la juventud en el país caribeño, tras sufrir durante décadas represión, miedo, persecución y negación sistemática de derechos y libertades bajo los régimenes anteriores, incluyendo el castrista. El anteproyecto se someterá a referéndum popular para avalar o no el cambio constitucional. ¿Sobre qué pilares se fundamentaría esta reforma?
Matrimonio igualitario y otros derechos reconocidos
Uno de los principales avances que se reconocen es en la definición de matrimonio, donde se elimina toda mención a la distinción entre géneros y se define como “la unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello”. Esta definición por tanto supone el reconocimiento del matrimonio igualitario en el país. La eliminación de la familia heterosexual como única legalmente reconocida como familia no sólo se extendería al matrimonio sino a las parejas de hecho, a todo tipo de filiación posible y a las consecuencias de ello.
Esto es, a la posibilidad de adoptar en igualdad de condiciones entre parejas heterosexuales, homosexuales o monoparentales, a las retribuciones económicas y a las obligaciones y derechos familiares. La ley incluye una declaración además contra la discriminación en el ámbito familiar por razones de identidad de género u orientación sexual, asegurando que se garantiza "el desarrollo pleno de los derechos sexuales y reproductivos en el entorno familiar", un tipo de declaraciones que no quedan cubiertas con una ley.
Además, la ratificación de este proyecto plantearía sobre la mesa la cuestión de la multiparentalidad y nuevas definiciones de parentesco, donde se habilita la posibilidad de modificar las filiaciones y las potestades familiares, incluyendo no solo a familiares, sino a personas allegadas u otros casos, donde la voluntad y las circunstancias predominan sobre la sangre. Este modelo por tanto avanzaría en la aceptación, normalización y mejora de las condiciones de la gran mayoría de familias, que carecen de la “estructura tradicional” de familia.
Al mismo tiempo, supone avances legislativos en materia de igualdad de género. En la línea de las declaraciones no concretas dentro de la ley queda también no sólo la igualdad plena entre hombres y mujeres, sino la distribución equitativa del tiempo destinado al ámbito doméstico y de cuidado familiar. Aparece además la violencia de género dentro de la legislación al tener en cuenta la violencia familiar, si bien no aparece ninguna distinción legal y solo aparece como especificidad.
Gestación subrogada y otros inconvenientes
Si bien es el resultado de una lucha y una concesión y avance en una serie de aspectos, también muestra defectos importantes. Dentro de este cambio legal, se incluye la legalización de la gestación subrogada. Aunque tenga un carácter que prohíba lo remunerado y se presente como una voluntad de un familiar al haber agotado el resto de vías posibles para procrear, plantea la posibilidad de permitir una práctica basada en la mercantilización de la gestación como una tarea que puede subcontratarse a mujeres empobrecidas. indigna, con riesgo además de abrir la vía a un mercado negro de los vientres de alquiler.
En plena crisis económica, política y administrativa, es más que probable que esa legislación no solo no sea efectiva en su prohibición, sino que ante las necesidades crecientes cientos de mujeres se vean en la obligación de ceder sus vientres si quieren salir adelante, arriesgando con ello sus cuerpos y sus vidas.
Asimismo, no todo el colectivo LGTBI se posiciona a favor de esta reforma. Esta reforma está principalmente impulsada por Mariela Castro, hija de Raúl Castro y sobrina de Fidel, que en los últimos años ha tenido posiciones contra la discriminación y ha capitalizado el movimiento institucional desde el CENES (Centro Nacional de Educación Sexual).
Por ello, activistas y voces disidentes dentro del movimiento ven dicha reforma como un acto de blanqueamiento del régimen para aparentar una mayor apertura política y social dentro de la política cubana, cuando la realidad es contraria. Por ejemplo, en 2019, en el estreno de la película Con amor Simón, el gobierno cubano censuró un beso entre una pareja gay.
Pero sobre todo, este rechazo se materializa en la represión al movimiento en sí, con el encarcelamiento de voces disidentes a la burocracia política y con la limitación de toda manifestación del movimiento independiente al ámbito institucional, como es el caso de la aprobación de un nuevo Código Penal en Cuba, un hecho de enorme relevancia porque aumenta las penas que pueden ser utilizadas contra quienes se manifiesten.
En un momento crítico, donde el país entero sufre carencia de servicios y provisiones básicos, el colectivo LGTBI tiene que afrontar además el rechazo de gran parte de la sociedad, siendo condenados muchos de sus miembros a dedicarse a la prostitución, incluso siendo menores, en un país donde dicha explotación le dota de reconocimiento a nivel mundial. Esta reforma responde a una lucha histórica en la isla por parte de las personas LGBTI, pero también a una forma de cooptar el movimiento LGTBI a la esfera del PCC, que busca ganar y alejar de la crítica a uno de los sectores más oprimidos y explotados del país.
¿Por qué este proyecto ahora?
Pese al avance que puede suponer en algunos derechos, no se olvida la dura represión y estigmatización que llevó la política castrista desde sus inicios, debido a la herencia estalinista. Desde 1965 a 1968 se enviaron a miles de homosexuales a las UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la producción), campos de trabajos forzados que se abrieron con el propósito de abordar ese “problema social” y reeducarlos. En 1971, el Congreso Nacional de Cultura y Educación declaró que la homosexualidad era una “desviación incompatible con la revolución”.
De esta forma, se les impedía la menor “intromisión” en la educación o en la cultura. Si bien en el año 1979 se despenalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, el legado homofóbico castrista seguirá presente en la sociedad cubana.
Que esta reforma llegue ahora tampoco es casualidad. El país sufre una crisis política y económica histórica. En las últimas semanas, se sucedieron las protestas en diferentes provincias y ciudades del país, como en Pinar del Río o en Santiago de Cuba. La desesperación ante los continuos cortes de luz o de agua, la enorme inflación o el desabastecimiento de productos y alimentos de primera necesidad llevan a lo inevitable.
La juventud cubana, ante las perspectivas de la inmigración o la falta de oportunidades en un país donde no pueden expresarse, buscan satisfacer tanto demandas básicas como demandas democráticas y muestra la enorme pérdida de legitimidad del régimen a los ojos del pueblo, sobre todo las nuevas generaciones.
El gobierno, siendo consciente del descontento por el coste de la vida y la falta de renovación política, necesita un camuflaje que refleje cierto cambio político dentro del aparato burocrático. Aun pudiendo suponer esta reforma un avance en materia de algunos derechos fundamentales, su tardía puesta en marcha apela al interés del gobierno en acallar voces críticas en uno de los sectores sociales más oprimidos históricamente en el país por ese mismo gobierno.
