Este viernes 2 de diciembre se conoció la sentencia del sexto juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy. Los jueces informaron de condenas desiguales que van de los 5 años a perpetua y una absolución. Algunos genocidas quedarán en libertad.
Viernes 2 de diciembre de 2022 21:34
En un comunicado previo a la lectura con el convocaron a concentrar frente al TOF, organismos de DDHH expresaron que la "Megacausa" que se inició en 2018 acumula 16 expedientes de causas por delitos de lesa humanidad cometidos contra 120 víctimas, durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica.
"Reúne las causas emblemáticas como “Aredez”, “Noche del Apagón”, “Burgos”, “Bazán”, entre otras, con 490 testigxs. Justamente uno de los ejes de nuestra lucha es la complicidad civil-empresarial-eclesiástica, que señala la responsabilidad de directivos de empresas como Mina El Aguilar o el Ingenio Ledesma, con Carlos Pedro Blaquier a la cabeza, que garantizó vehículos para el traslado de personas secuestradas durante lo que se conoce como “La Noche del Apagón”, la energía eléctrica se cortó expresamente para implementar allanamientos y secuestros masivos", señalaban.
Les jueces Federico Díaz (presidente) Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus determinaron rechazar una serie de nulidades planteadas por las defensas, entre ellas por detención cautelar, afectación del principio de inocencia, plazo razonable, contaminación de prueba, cambio de la calificación penal, multiplicidad de querellas, afectación del principio de igualdad de armas e irracionalidad y desproporcionalidad de las penas solicitadas.
Juan Carlos Tamayo, exjefe de la Central de Inteligencia dependiente del Regimiento de Montaña 20 del Ejército; el excomisario de la policía jujeña José Américo Lescano, quien cumplió tareas en la Oficina de Informaciones Reservadas; Juan Carlos Lucero y Ceferino Narváez, quienes cumplían tareas en el penal de Villa Gorriti del Servicio Penitenciario provincial fueron condenados a prisión perpetua. En el caso de Bernardo Salinas, quien cumpliera tareas en la Comisaría N°24, en la Seccional 11 y en la Brigada de Investigaciones de Libertador General San Martín; fue condenado a 25 años de prisión.
En el caso de Lescano y Salinas, las penas incluyen hechos relacionados con la integridad sexual de las víctimas cometidos en el contexto del terrorismo de Estado. Tanto el fiscal como la auxiliar fiscal destacaron el peso de las pruebas, el daño y el efecto de estos hechos, los cuales fueron calificados como “actos de genocidio”.
Rafael Mariano Braga, exteniente del Ejército, se desempeñó en el Grupo de Artillería de Montaña 5 y como oficial de inteligencia en el “Área 323”. Raúl José Borges Do Canto, exjefe de la Sección Mina Aguilar de la Gendarmería Nacional entre enero de 1975 y octubre de 1976. Ambos fueron condenados a 24 años de prisión.
22 años de prisión para Ricardo Ortiz, del Servicio Penitenciario provincial se desempeñó como agente de enlace entre el penal de Villa Gorriti y la central de inteligencia. Así como también para Mario Marcelo Gutiérrez exsuboficial ayudante del Servicio Penitenciario provincial que prestó funciones como jefe de Seguridad Interna en el penal de Villa Gorriti.
Herminio Zárate, ex suboficial ayudante del Servicio Penitenciario provincial en el penal de Villa Gorriti tuvo una condena de 21 años. Armando Hugo Ruiz exoficial de la Policía provincial quien cumpliera tareas en el Comando Radioeléctrico y era miembro de la central de inteligencia obtuvo 20 años de prisión. Lo mismo sucedió con Armando Hugo Claros compañero de tareas de Ruiz.
Carlos Raúl Pérez, ex alférez de Gendarmería Nacional. Cumplió tareas en la Sección La Quiaca, en el centro clandestino de Guerrero y en el penal provincial de Gorriti. Rodolfo Oscar López prestó servicio como subjefe de la Delegación Jujuy de la Policía Federal. Para ambos se dictó una condena de 15 años de prisión.
Carlos Humberto Cachambe, exoficial ayudante en la Seccional 11 de la Policía provincial que también desempeñara tareas en la Subcomisaría de Calilegua. Obtuvo 11 años de prisión. Virgilio Choffi quien cumplió tareas en la Seccional 11, la subcomisaría de Calilegua y la Comisaría N°24 fue condenado a 8 años. Pedro Ríos quien se desempeñó en el Departamento de Informaciones Policiales y fue jefe de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2, obtuvo 6 años de prisión al igual que Inés Roque Cari, ex oficial ayudante de la Policía provincial quien cumpliera tareas en la Subcomisaría El Aguilar.
5 años de prisión fue la condena para Juan de la Cruz Kairuz, ex oficial auxiliar de la Policía provincial quien prestara servicios en la Comisaría N°24 y en un centro de inteligencia paralelo de esa fuerza.
Por su parte, Osvaldo Héctor Caraballo ex oficial subayudante del Servicio Penitenciario provincial, quien se desempeñó en la guardia de Seguridad Interna del penal de Villa Gorriti fue absuelto completamente por el "beneficio de la duda".
El tribunal dispuso mantener la prisión preventiva de los acusados Jones Tamayo, Braga, Lescano, Salinas, Ruiz, Claros, Borges Do Canto, Lucero, Narváez, Ortiz, Gutiérrez y Zárate. En cuanto a Cachambe, Choffi, Kairuz, Cari, Pérez y López; se resolvió su libertad hasta que quede firme la sentencia, cuyos fundamentos se darán a conocer el 3 de marzo de 2023 a las 13 horas.
Los delitos que el Tribunal consideró acreditados y que dieron lugar a estas condenas fueron 17 homicidios, seis violaciones sexuales, 169 hechos de privación de la libertad y 126 casos de aplicación de tormentos. por las detenciones, torturas, desapariciones Entre las víctimas se encuentran los casos de Avelino Bazán, Luis Aredez y Marina Vilte.
Previa lectura de las sentencias desde las organizaciones presentes denunciaron los privilegios de los acusados, que no estuvieron presentes en la lectura de las sentencias y que además gozan del beneficio de prisión domiciliaria.
Aunque en este juicio no se desarrolló la principal causa de la "Noche del Apagón" es necesario recordar que en banquillo no estuvo Carlos Pedro Blaquier, aunque se hizo referencia en reiteradas oportunidades al conocido hecho del uso de las camionetas de la empresa para detener a los trabajadores durante esas jornadas. De las pruebas de juicio surge que el Ingenio servía de centro de operaciones dónde a pocos metros estaba una sede de gendarmería dónde permanecían los detenidos para ser trasladados luego al Centro Clandestino de Guerrero.
Parte de la lucha contra la impunidad fueron las presentaciones que familares e hijos de detenidos desaparecidos hicieran para dar vuelta la resolución del Tribunal Oral Federal de suspender el proceso al empresario por la supuesta “incapacidad mental” del dueño del Ingenio Ledesma. Buscando así evitar su condena.
Esta pelea continúa y hace unos meses el fiscal Javier De Luca, ante la Cámara de Casación, calificó como "arbitraria" la decisión del Tribunal jujeño que separó a Blaquier del juicio y cuestionó los estudios médicos y psiquiátricos a los que fue sometido el empresario sin intervención de todas las partes; esto luego de que la Cámara Federal de Casación Penal anulara la resolución del Tribunal Oral Federal de Jujuy que había dejado al empresario Carlos Pedro Blaquier fuera del juicio.
En la jornada de hoy organizaciones de Derechos Humanos, sociales, sindicales y referentes políticos concentraron fuera del TOF esperando las sentencias. Natalia Morales, diputada provincial MC del PTS-FIT estuvo presente y declaró que "las condenas dictaminadas son producto de la incansable lucha de familiares, ex detenidxs y organismos de derechos humanos en Jujuy. Si bien hubo condenas a cadena perpetua por genocidio y se incorporó la figura de delito sexuales, compartimos la bronca de familiares de Calilegua, quienes tuvieron que vivir una segunda desaparición de sus allegados, ante condenas mínimas a genocidas como Kairuz, Choffi y Cachambe, que seguirían en libertad. Ni hablar si hay que mencionar al gran ausente, quien goza de impunidad otorgada por el poder político como es Blaquier, que fue premiado recientemente por la cancillería argentina".
