Vicentín, Madygraf y la estatización. Se estatiza para rescatar a empresarios, pero se les niega a las fábricas recuperadas

Al momento de salir esta nota la "expropiación" está en duda, producto del “capitalismo albertista”, algunos hablan de un ataque comunista hacia la propiedad privada. Unos simples números permiten ver realmente la situación de Vicentín SA. En Diciembre pasado, la empresa con origen en Avellanada, provincia de Santa Fé, se declaró en cesación de pagos. Después de un periodo en el que tomó préstamos con varias entidades bancarias, no puede afrontar sus obligaciones que ascienden a U$D 1500 millones de dólares (o en criollo $100.000 millones de pesos).

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Los escribas de las multinacionales armaron un circo de indignados. Acusaron a Fernández de ceder a las presiones kirchenristas del Frente de Todos. Es que el “paso adelante hacia la soberanía alimentaria” que declaró el presidente dicen que viola la propiedad privada. Lo cierto es que hasta la misma constitución avala una expropiación.

Encontraron tranquilidad cuando el propio Fernández dijo “No tengo vergüenza en decir que soy capitalista”, y aclaró que está rescatando a una empresa que estaba en quiebra.

Nada que objetar a estas palabras, porque la realidad explica su dogma. El mote de socialista que los diarios burgueses agitaban sobre Alberto Fernández, es solo para las tribunas.

Expropiación sin pago

Para preservar todas las fuentes de trabajo y asegurar la "soberanía alimentaria" -como planteó Fernández en la conferencia-, es necesaria la estatización, sin pago, bajo control y administración de sus trabajadoras y trabajadores.

Pero veamos a qué nos referimos, porque se aclara de qué lado de la balanza está Fernandez a medida que avanzamos en esta propuesta. El caso Vicentín podría tornarse emblemático, porque deja al descubierto que es algo posible avanzar sobre los sectores estratégicos de la economía; y esta participación del estado es una tarea importante si un país quisiera tener soberanía.

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Pero más que una intención de búsqueda de soberanía, esta acción de Fernández se prefigura como un salvataje. Desde la boca misma del presidente se escuchó “no estamos expropiando, estamos rescatando”. Este salvarle las papas a empresarios como al conductor de yates, Nardelli, se traduce en una socialización de deuda privada a deuda pública. Nada nuevo si tenemos en cuenta el ejemplo de YPF, donde se premió a los vaciadores de Repsol con más de 5000 millones de dólares de indemnización, que incluso podría ser más.

Entonces, ¿por qué se condena a las mayorías a pagar una estafa de privados? ¿Por qué validar una estafa que se sostiene por el control sobre un sector estratégico de la economía? Podríamos hacernos más preguntas y encontrar motivos para expropiar sin pago. Más aún teniendo en cuenta la realidad de cientos de organizaciones que también sostienen trabajo genuino y no cuentan con ayuda económica estatal.

Gestión obrera versus Miserables

Quienes sostienen y amplían las filas de trabajo genuino son las fábricas recuperadas y las cooperativas. Pocos podrían creer que si hay real preocupación por los puestos de trabajo, tal y como anunció el presidente, no viera a las cooperativas y recuperadas como destinatarios de una ayuda económica.

Algunas de las organizaciones de este sector de la economía, en el medio de la pandemia del COVID-19, decidieron reconvertir sus estructuras para producir elementos esenciales para el cuidado y la higiene. Trabajadoras y trabajadores de Madygraf, por ejemplo, producen alcohol sanitizante, mascarillas y barbijos. Un enorme contraste entre ellxs y los Nardelli, los González Fraga. Mientras unxs intercambian y organizan sus fuerzas para atender una necesidad pública, los otros se organizan para estafar.

Plata para quienes la necesiten

La crisis económica, profundizada por el COVID acelera los tiempos en la resolución de los conflictos. El tema está en determinar hacia qué lado se resuelve.

Con el correr de los días, desde el gobierno nacional se hacen muchos esfuerzos. Si, esfuerzos, pero para salvar garantizar a las grandes multinacionales. Techint, Clarín o Lan pueden ser beneficiarios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). O puede llegar a forzar un salvataje y hacerse cargo de la deuda privada, como en Vicentín.

Las ideas del gobierno nacional se agotan cuando se trata de pensar asistencia económica a las cooperativas y empresas recuperadas; algunas de ellas ya expropiadas por la fuerza de sus trabajadores y trabajadoras.

Este sector está reclamando algunas medidas en este escenario de emergencia, pero aún no han recibido respuesta. Entre ellas la condonación de deuda de gas y energía eléctrica; ATP para las empresas recuperadas y compatibilidad con otros subsidios; trabajo del estado para las recuperadas y cupos del 30% para las licitaciones y contrataciones; subsidios para capital de trabajo; entre otros.

Jorge Medina, trabajador de Madygraf que se acercó al barrio 31 a aportar solidariamente sanitizantes para los comedores dijo: “Queremos evitar que en esta crisis los pobres se hagan más pobres y los ricos se vuelvan más ricos, queremos darlo vuelta todo, queremos dar vuelta las prioridades y lo vamos a hacer desde abajo.”

Es en este sentido que varias de las empresas recuperadas llaman a movilizarse el día de mañana junto a movimientos sociales. Una unidad desde abajo, más que necesaria para que la crisis económica en la que nos encontramos no recaiga sobre las espaldas de los que menos tienen, y para que la crisis la paguen los que la generaron.