Urbanismo. Se frenó un desalojo

En estos días se conoció la prórroga, hasta diciembre, de la justicia para el desalojo de una casa conventillo en el barrio de La Boca, más exactamente en Brandsen 740, justo en frente de la cancha de Boca Jr. Son pocas las familias que viven allí, sólo 7, pero su principal rol lo ocupa el comedor infantil donde día a día asisten más de 60 familias tanto de ese barrio capitalino como de los cercanos.

La intención de los habitantes del edificio había sido resistir, eso disuadió al juzgado nacional de primera instancia en lo civil, número 46, a cargo del juez Eduardo Caruso, como al gobierno de Macri de llevar adelante el desalojo. Seguramente la idea de las imágenes recorriendo los canales de tv, en un fin de semana largo, con la policía Metropolitana reprimiendo a las familias con sus nenes y a vecinos del barrio, cuyo “delito” sería defender su único lugar de vivienda, no parecía ser muy auspicioso para un Macri en plena campaña electoral. El plazo que ahora les otorgó la justicia es hasta diciembre.

Estas familias viven en ese conventillo desde 2005 aproximadamente, luego de dos años de contrato y de pagar un alquiler mes a mes, la propietaria no quiso renovar el contrato y exigía que desalojaran las viviendas. Al no tener dónde ir, ni contar con una suma de dinero que implica cuatro veces el valor de cualquier alquiler, para poder iniciar un contrato de locación en otro lado, optaron por quedarse.

Cuestiones de Fondo

Dos cuestiones de fondo emergen de este hecho, que lamentablemente para las familias trabajadoras que tienen la espada de Damocles del desalojo sobre sus cabezas, no es un hecho más.

La primera es el alto costo de los precios de alquiler en la ciudad de Buenos Aires y las exigencias que imponen las inmobiliarias, incluso a veces, más allá del deseo del propietario. Ya este diario publicó una nota sobre los alquileres onerosos en Rosario, como vemos no es una cuestión privativa de la ciudad de Buenos Aires, sino más bien una característica de las grandes urbes.

La segunda cuestión, asociada a lo primero que mencionamos, es la política del macrismo en cuanto a paliar el déficit habitacional sobre todo para trabajadores con menores ingresos, y sus familias. No existe. Sino más bien la política del gobierno de la ciudad viene centrándose desde los inicios de su mandato, en los grandes negocios inmobiliarios.

No es difícil imaginar, volviendo a las familias de La Boca, cómo es poco “rentable” un conventillo con un comedor popular en una zona donde viene aumentando exponencialmente el valor de los terrenos, sobre todo desde que la legislatura votó en 2012 la ley del Distrito de las Artes. Ley, que es preciso recordar, fue votada el 1 de noviembre de 2012 en una sesión que quedará para los anales de la legislatura porteña como el día del megacanje de leyes entre el bloque del FpV y el PRO, que votaron en común un conjunto de leyes. Como vemos, cuando de conveniencias políticas se trata el lema que unifica a estas bancadas es “business are business”.

Pero esas leyes tienen consecuencias directas sobre la vida del pueblo trabajador, por ejemplo el corrimiento tanto desde La Boca como desde Barracas (por citar sólo dos barrios habitados mayoritariamente por familias trabajadoras. Recordemos aquí también el violento desalojo sufrido por los habitantes del barrio Papa Francisco) de gente que vive en conventillos, asentamientos, y que no cuenta con recursos para hacerse de un alquiler con garantías, entre dos o tres meses de depósito, dos meses de adelantos para el dueño y la famosa “comisión” de la inmobiliaria, son corridos de sus casas ya sea por la justicia, las fuerzas de seguridad como la Metropolitana o la Federal y una compensación de $1800 (sino fuera trágico, sería cómico) para que puedan ir a algún hotel. Cabe aclarar que el costo de una habitación en un hotel ronda los $2300.

El circuito es el siguiente: se desaloja a las familias de una vivienda, una empresa constructora compra como si fuera una “ganga” ese edificio, lo demuele, comienzan allí a construir o bien un edificio moderno con todas las comodidades o bien un Shopping o bien reciclan viejos edificios donde funcionaban antiguas compañías o fábricas. Automáticamente el precio del suelo y sus nuevas construcciones se encarecen. Esta operatoria recurrente en las grandes ciudades viene acompañada por leyes que lo avalan.

En la ciudad de Buenos Aires, el PRO, con la “votación afimativa” del kirchnerismo, vienen sosteniendo esta práctica que expulsa de sus barrios a aquellos para los que no se gobierna: el pueblo trabajador.