Salta. Se paró frente a topadoras para defender su tierra: hoy la enjuician por esa pelea

Lucía Ruiz se presenta y nos dice “soy presidenta de una asociación civil llamada Unión y Progreso”, perteneciente a la Coordinadora Zonal de Tierras de la Ruta 81 Salta. Junto a otros tres compañeros, tienen por delante un proceso judicial que comenzó en el año 2015, cuando fueron acusados de los delitos de “robo e despoblado y en banda, coacción con arma, abuso de armas y daños en concurso real”.

Ruiz junto a Carlos Guerra, Antonio Guerra y Omar Cruz impidieron el avance de topadoras que iban a desmontar una zona, la cual se encuentra protegida según el Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Ese hecho fue uno de tantos en la lucha por la defensa de sus tierras. Sin embargo, quedó procesada por una causa armada en represalia por haberse enfrentado a empresarios y terratenientes de Morillo en el Chaco salteño.

Bernardo Castellanos, quien radicó la denuncia, habría intervenido por orden de Javier Vidizzoni, empresario dueño de la empresa Doble Z SRL, que se adjudica la tenencia de las tierras en Lote Colonia La Juanita y La Santafesina (en Rivadavia Banda Norte, departamento de Rivadavia), sin embargo no existe propiedad a nombre de esta persona en la zona de conflicto, que figure en la Dirección General de Inmuebles provincial al día de hoy.

Los campesinos acusados cuentan con el apoyo de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos y personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, los cuales se presentarán bajo la figura de “Amicus Curiae” (amigos del tribunal) y exigen la absolución de Lucía y sus compañeros.

La lucha por la tierra propia

La persecución a Lucía Ruiz y a los pequeños campesinos y productores de Morillo y el Chaco salteño data de hace más de una década.

Morillo, Salta Argentina. 2017. Ph : Nicolás Avellaneda- Fundación Plurales

Lucía habita esas tierras desde que nació y allí también nacieron y vivieron sus padres, sus abuelos y sus antepasados. “En el campo nunca pensamos que íbamos a tener estos problemas, nunca pensamos que necesitaríamos un título porque siempre nos sentimos dueños de nuestras tierras”, dice. Sin embargo, en 2010 empezaron los ataques y hostigamiento por parte de empresarios y terratenientes.

“Esta situación comenzó en el año 2010 cuando un empresario terrateniente, dueño de la empresa Doble Z entró acá en la zona queriendo apoderarse de tierras de pequeños productores de la zona. Nosotros le hicimos frente y en ese entonces me realizaron un pedido de captura, por portación de arma, privación ilegítima de la libertad en esa época me hicieron una causa con pedido de captura”. Nos cuenta de este modo cómo empezaron los ataques contra los pobladores de esas tierras.

El empresario Javier Vidizzoni, uno de los dueños de la empresa Doble Z SRL, aducía haber comprado derechos provisorios de parte de la zona que Ruiz y sus compañeros defienden. Sin embargo nadie conoce ni a la familia a la que presuntamente le compraron el terreno ni hay constancia de ese hecho.

Ya por 2010, Vidizzoni tenía por esa época prohibido entrar en esas tierras gracias a una acción de amparo presentada por campesinos y campesinas. Sin embargo, sus lazos con el intendente de Murillo, Atta Miguel Gerala (aliado del exgobernador peronista Juan Manuel Urtubey en ese entonces, antes de Juan Carlos Romero, y agreguemos que detenta ese cargo, con algunas interrupciones, desde la dictadura cívico-militar-empresaria y sobre quien pesan denuncias por trabajo esclavo e infantil) hicieron posible su absoluta impunidad y la profundización de la persecución a los pobladores para avanzar en el desmonte de la zona.

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Durante ese tiempo hasta ahora, Vidizzoni y su empresa lograron apropiarse de 2000 hectáreas de la zona, denunció también Ruiz.

Desde la gobernación a cargo de Urtubey, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, hicieron la vista gorda y actuaron de manera cómplice dando vía libre para el incumplimiento de la Ley de Bosques 26.331 y el consecuente desmonte, contaminación y desplazamiento de las poblaciones.

“La empresa Doble Z S.R.L es una inversión de capitales que hace unos seis años lleva adelante sus movimientos en esta zona del Chaco Salteño, y cuenta con la impunidad típica de toda relación de poder que construye la empresa privada con los poderes judiciales y políticos corrompidos hasta la médula”, denunciábamos en 2014 en este diario. “En franca connivencia con la jueza Ana María de Feudis a cargo del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del Norte, Circunscripción Tartagal, ha empezado una nueva avanzada expropiadora en territorios campesinos”.

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Pero Lucía Ruiz, sus compañeros y compañeras y varias organizaciones de la zona se le plantaron a la empresa y su dueño Vidizzoni.

Así nos lo relata Lucía: “Después en el año 2009, en el año 2014 nuevamente volvimos a tener problema con la misma persona, y en esa época bueno tuvimos un enfrentamiento en el monte defendiendo la tierra, con la policía obviamente comprada por ellos y como empresario vino con las topadoras. Nosotros frenamos las topadoras y volvimos, retrocedimos y sacamos las topadoras. En 2015 nuevamente volvimos a la zona porque nos pidieron la ayuda compañeros de ahí que vieron que se estaba asentando un campamento, ya estaban comenzando a deslindar, a tirar el monte abajo. Nosotros fuimos a pedir que se retiraran los trabajadores de la empresa, porque no estaban en los que pretendían la tierra que no tienen escrituras tampoco tenían posesión no tenía nada, entonces nosotros lo que hicimos es tratar de que se vayan del lugar”.

Así fue lograron frenar las topadoras, no sin haber sufrido golpes y todo tipo de represalias. En noviembre de 2014 le pegaron al grupo de campesinos, la mayoría mujeres que estaban con niños y confrontaron el paso de las topadoras. Esa vez, Lucía Ruiz, perdió el conocimiento a causa de los golpes. Otro campesino fue esposado pero sus compañeros lograron protegerlo y evitar que la Policía lo lleve.

Topadoras de la empresa Doble Z SRL. Noviembre 2014. Ph Nuevo Diario

La respuesta del Poder Judicial de la mano de terratenientes y empresarios no se hizo esperar para tratar de escarmentar a luchadores que defienden la propiedad de su tierra.

“Hemos recibido denuncias contra nosotros, de golpes, de robos de maquinaria, de robo de celulares, robo de plata, asalto en banda en poblado y portación de armas en situación]”, continúa Lucía Ruiz que este jueves se enfrentará en los tribunales de Tartagal a empresarios y fiscales que tomaron esta acusación falsa, armada por Bernardo Castellanos, quien radicó la denuncia como representante de Doble Z SRL y Vidizzoni. En resumen, a “esta injusticia de atropellos en la zona del chaco salteño a los pequeños productores de ganado mayores y menores ganado mayor”, como ella lo señala

Lucía Ruiz lo demuestra. Junto a Carlos Guerra, Antonio Guerra y Omar Cruz será juzgada por enfrentarse y pararse frente a las topadoras de empresarios usurpadores, jueces, fiscales, intendentes y el poder político. Junto a Pérez Esquivel y organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, hacemos nuestro el reclamo de su absolución y desprocesamiento.

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y desarrollo Sustentable que dirige Juan Cabandié tiene en sus manos frenar el desmonte y hacer cumplir la Ley de Bosques, que por el momento es papel mojado.