El Caso Penta ha calado hondo. En una sociedad cada vez más politizada, los abusos de la casta política y de los empresarios no pasan inadvertidos. El aumento de sueldo de los parlamentarios, la impunidad que goza el hijo de Carlos Larraín, los “raspados de olla”, los “errores involuntarios” y las lujosas cenas en yates generan amplia indignación. Se escucha en la calle y en léxico popular: el nombre Martín Larraín se utiliza para designar a un conductor ebrio y Penta se usa para designar a los corruptos.
Fabián Puelma @fabianpuelma
Lunes 19 de enero de 2015
Así, nuevos conceptos ganan terreno en la conversación cotidiana.
Esta indignación se expresa también en las encuestas. El gobierno de Bachelet asumió abrazada de una agenda de reformas con el objetivo de canalizar el descontento que se activó con las movilizaciones del 2011, retomar la iniciativa política y relegitimar un régimen político cada vez más repudiado. Y pese a que este año la agenda política fue abultada, las últimas encuestas mostraron una desaprobación no sólo a los partidos, al congreso, a los tribunales y a los partidos, sino que también un rechazo a la figura de Bachelet.
La deslegitimación del régimen político es estructural. El Caso Penta no hace más que profundizarla. Sin embargo, en lo inmediato el descontento no se traduce en grandes acciones ni en movilizaciones comparables a las del 2011. Este año mostró con claridad que pese a los “Penta”, pese a las “cocinas” y los demás escándalos políticos, no habrá un cambio estructural si la indignación no vuelve a llenar las calles. Hasta el momento, la izquierda, los dirigentes sindicales y estudiantiles han desaprovechado la valiosa oportunidad que ha abierto el caso Penta (con la consiguiente crisis de la derecha y la cautela temerosa de la Nueva Mayoría), para irrumpir con una agenda propia. Quien pierde tiempo, se lo otorga a su adversario.
Se prepara un acuerdo político para evitar la metástasis Penta
La casta política sabe aprovechar el tiempo. Y es que todos los partidos son consientes del riesgo que plantea el caso Penta. En lo inmediato el riesgo es que se multipliquen los involucrados. Hoy basta con publicar un correo de algún político solicitando fondos a empresarios para que se viralice a la velocidad de un click. De inmediato esto se transforma en un hecho noticioso que cubre de un manto de cuestionamiento al involucrado. Ilegal o no, es prácticamente seguro que decenas de políticos de la Nueva Mayoría han pedido apoyo empresarial para sus campañas. La “teoría del empate” no nade de la nada.
Por otra parte, como decíamos, el caso Penta viene a profundizar la crisis de legitimidad del régimen político, lo que puede preparar escenarios de mayor inestabilidad política y social. Ambos niveles han convencido a los partidos del régimen de reformar el sistema de partidos y de financiamiento electoral.
El jueves pasado se reunió Ernesto Silva con el ministro Peñailillo. La directiva de RN hizo lo mismo con Ximena Rincón. ¿El objetivo de la cita? Preparar un acuerdo amplio para modificar el financiamiento político, otorgarle mayores facultades al Servel, acordar sanciones políticas a quienes infrinjan las normas de financiamiento a la política y transparentar los aportes a las campañas.
Se prepara un nuevo acuerdo de manos alzadas. Las negociaciones entre los partidos está en curso y cada uno trae sus aliños para ambientar esta nueva cocina. Buscan evitar que el cáncer Penta se expanda hasta hacerse incontrolable. Por ahora, cuentan con el tiempo y la iniciativa política que le otorga una calle aún pasiva. Se trata de re oxigenar un régimen sin tener que pasar por el trauma de una Asamblea Constituyente.
Con una derecha en crisis y a la defensiva, por ahora la palabra la tiene el gobierno y la Nueva Mayoría. ¿Tendrá la calle la última palabra?
Fabián Puelma
Abogado. Director de La Izquierda Diario Chile. Dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios.
