Los transportistas buscarán audiencia con la nueva administración municipal. El Ayuntamiento de Torreón declaró que sigue sin considerar viable autorizar algún aumento en las tarifas del transporte público.
Miércoles 19 de enero de 2022
Hasta el momento, los acuerdos entre las autoridades competentes y los concesionarios transportistas respecto a las tarifas se mantienen. Lo que se debe no a una preocupación especial por la economía de los usuarios, sino a que el proceso de renovación del parque vehicular con el que se brinda el servicio aún no se ha concretado. No obstante, se comenta que el costo de un pasaje podría alcanzar hasta 17 pesos.
Muchos estudiantes y trabajadores no están de acuerdo en que la tarifa suba tanto y en tan poco tiempo; hay que recordar que en marzo del 2019 fue la última vez en que se autorizó un incremento en el pasaje de las rutas urbanas, dejando el costo por pasaje en 13 pesos en la tarifa general, 11 para los usuarios con tarjeta de prepago, 9 para personas de la tercera edad y discapacitados.
Por su parte, José Ángel Cuéllar González, representante del Comité Técnico del Transporte en Torreón señala que el principal problema que afecta a los usuarios del trasporte es que los sueldos no suben en la proporción de lo que aumentan los productos y servicios.
También se observa que a la autoridad no le interesa apoyar con algún subsidio a los usuarios, además de que los concesionarios están presionando con la excusa de que los precios en casi todos los productos y servicios, siguen aumentando, lo que es cierto, pero no mencionan que hay una serie de violaciones al reglamento de concesiones que les han permitido.
Municipalización del sistema de transporte público
Los concesionarios del transporte llevan años sin invertir ni un solo peso en la mejora del transporte, jamás han aplicado mejoras en el servicio, de hecho, toman ventaja de su puesto al hacer negocios con la máxima empresarial, aminorando los costos para elevar las ganancias, lo que ha provocado serios accidentes y sigue poniendo en riesgo día a día a los trabajadores y estudiantes que viajan en pésimas condiciones, con unidades descompuestas, viejas, sucias y de mala calidad.
Cínicamente, los concesionarios justifican el aumento alegando que es para mejorar el transporte. Discurso que utilizan cada que buscan aumentar las tarifas. Las unidades empeoran año con año, hacen sus recorridos sin manteamiento adecuado o bien en unidades que rebasan los 10 años de uso, contrariando lo que estipula el reglamento de concesiones. Lamentablemente parte de la responsabilidad se les atribuye a los conductores, quienes laboran hasta 15 horas diarias, cuando en realidad la responsabilidad central es de los concesionarios y de los gobiernos locales que actúan como sus aliados.
Mientras que empresarios, alcaldes y regidores posen autos de lujo, la gran mayoría de la clase trabajadora y estudiantes no tienen más que el colectivo. Claramente, a las autoridades no les importa que nuestros derechos a un trasporte eficiente y seguro nos sean negados, solo buscan preservar esta rueda de precarización y deterioro del sistema de transporte público, utilizando un derecho público como si fuese un negocio particular.
Si algo podemos concluir de esta situación es que en las últimas 3 décadas se ha visibilizado que los servicios públicos en manos privadas sólo pueden ofrecernos servicios de muy alto costo y de pésima calidad. Condiciones similares se dieron en mar de plata en Argentina por lo que se planteó la apertura en los libros de contabilidad de las empresas, algo que bien podría aplicarse en esta situación en la Laguna y mostrar realmente a donde va dar el presupuesto del transporte urbano.
Por lo tanto, es necesario buscar la municipalización del transporte público, bajo gestión de sus trabajadores y con la participación de los usuarios. Hay que establecer una verdadera planificación del sistema de transporte; reducir las tarifas de los estudiantes, personas con discapacidad, de la tercera edad y de la población trabajadora; además de establecer nuevas líneas de trasporte público, puestas a circular según las necesidades de cada sector.
El transporte público necesita estar gestionado por los mismos trabajadores y los usuarios. Si se pretende asegurar la calidad del transporte es necesario que todos se involucren en ello, es la clase trabajadora la más interesada en mejorar las condiciones de su funcionamiento. Por lo tanto, la lucha por la expropiación y municipalización del sistema de transporte público concesionado, para ponerlo en manos del pueblo trabajador, puede garantizar a los trabajadores del transporte mejores condiciones de trabajo, salariales y jornadas reducidas, lo que evitaría que los choferes manejen de forma tan insegura, al tener jornadas extenuantes y salarios miserables.
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